Zona Humanitaria del Curvaradó
Nuestra Constancia y Censura Moral ante las advertencias, intimidaciones, presiones de unidades militares de la Brigada 17, de empresarios y de “civiles” armados y con radios de comunicación contra los habitantes de la Zona Humanitaria que se han hecho frecuentes desde mediados de abril cuando los campesinos mestizos y afrocolombianos iniciaron su regresó al Curvaradó, después de 10 años de desplazamiento forzado. Los militares han invitado a que los pobladores negocien con los empresarios, han advertido que los afrocolombianos y mestizos son los responsables de la violencia, “cuando se vayan los acompañantes y los gringos se van a producir las masacres”, Agregaron que deberían dejar de cortar la palma, que eso era muy peligroso, que negociaran con los empresarios, y que cesaran de hablar y de quejarse con los Estados Unidos.
Bogotá, D.C. Junio 28 de 2006
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Doctor
SABAS PRETEL DE LA VEGA
Ministro de Justicia y Derecho
Doctora
CAROLINA BARCO
Ministra de Relaciones Exteriores
Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Zona Humanitaria del Curvaradó
“El malo cambiando el bien por el mal está al acecho, y a las cosas más limpias pone mancha, con una chispa se enciende un brasero, así el malo, tiende lazos en busca de sangre” Eclesiástico 11, 31 – 32
Nuestra Constancia y Censura Moral ante las advertencias, intimidaciones, presiones de unidades militares de la Brigada 17, de empresarios y de “civiles” armados y con radios de comunicación contra los habitantes de la Zona Humanitaria que se han hecho frecuentes desde mediados de abril cuando los campesinos mestizos y afrocolombianos iniciaron su regresó al Curvaradó, después de 10 años de desplazamiento forzado. Los militares han invitado a que los pobladores negocien con los empresarios, han advertido que los afrocolombianos y mestizos son los responsables de la violencia, “cuando se vayan los acompañantes y los gringos se van a producir las masacres”, Agregaron que deberían dejar de cortar la palma, que eso era muy peligroso, que negociaran con los empresarios, y que cesaran de hablar y de quejarse con los Estados Unidos.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante los siguientes hechos:
* Lunes 3 de abril en horas de la mañana un trabajador de la empresa “Palmas S.A.” ingresó a la parcela sembrada en plátano por el campesino JOSE YESID CUESTA ubicada en el caserío de Caracolí, rivera del río de este mismo nombre. El trabajador dependiente del administrador de una empresa palmera JAVIER MESA, expresó a JOSE YESID que no podía continuar la siembra de plátano porque esos territorios eran propiedad de la empresa, aseverando “si usted continua trabajando en el lugar, otros campesinos entrarán a la zona y nos va a ser muy difícil controlar la situación”¨.
El campesino JOSE YESID, aclaró al trabajador, que la parcela nunca ha sido vendida ni arrendada ni cedida a sector empresarial o a algún otro campesino y que ella es propiedad de sus legítimos dueños, “por esa razón yo no me voy del lugar”
* Lunes 10 de Abril, en horas de la mañana efectivos de la Brigada 17 instalaron una pancarta en la torre de vigilancia empresarial ubicada en inmediaciones de la parcela del señor ENRIQUE PETRO, caserío de Caño Claro, cerca de la Zona Humanitaria del Curvaradó en la que se lee: “El ejército acompaña a la Población Civil”.
* Martes 11 de abril en horas de la tarde la pancarta fue retirada del lugar por efectivos regulares de la Brigada 17.
* Miércoles 12 de abril en la primera fase de desmovilización de integrantes de la estrategia paramilitar del Bloque “Elmer Cárdenas”, en el caserío El Mello, municipio de Necoclí, FREDY RENDON o LUIS ALFREDO BERRIO más conocido como “El Alemán”, expresó públicamente que con los recursos del Estado que recibirán los desmovilizados, se constituiría un fondo de ahorro de $ 7.000.000.000 ( U.S. $ 280.000 ) para la implementación de proyectos productivos de Cacao, Caucho, la palma de aceite y los forestales, banano contemplados dentro del Proyecto de Alternatividad Social, PASO, iniciativa de reconversión empresarial hecha pública desde hace más de 2 años por esta estructura paraestatal como iniciativa de “progreso empresarial” en el bajo Atrato.
* Lunes 17 de abril nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció relatos de campesinos, de afrocolombianos y mestizos del bajo Atrato afiliados al Programa Familias Guardabosques de la Presidencia de la República, según los cuales el Banco Agrario del municipio de Riosucio entregó como primer pago bimensual la suma de $ 360.000 ( U.S. $ 144) de un total de $ 600.000 ( U.S. $ 240).
De acuerdo con los campesinos inconformes, la entidad bancaria hizo firmar a los participes del programa un comprobante de recibido por un valor total de $ 600.000
(U.S. $ 240). Cuando los pobladores reclamaron la totalidad del desembolso, la entidad bancaria los remitió a los encargados del programa institucional en el municipio de Riosucio NEMECIO CUESTA, AMADOR CAICEDO ex alcalde de Chigorodó y JANEH BLANCO. Ante los reclamos de los campesinos estos expresaron que ese es el “acuerdo”, dejar el 40% como ahorro obligatorio o quedan desvinculados del programa.
Agregaron los denunciantes, que el 40% de los dineros que le son sustraídos ingresan obligatoriamente a la cuenta de la asociación con el nombre de CORDESVIDA, en las que parece se encuentran afiliadas personas de las cuencas de La Larga, La Grande del Curvaradó, El Truandó, Cacarica, Salaquí, Jiguamiandó, y en la que se incluyen también “desmovilizados”.
* Martes 18 de abril en el caserío Llano Rico, cuenca del río Curvaradó, un reconocido integrante de la estrategia paramilitar reunió a pobladores del lugar ofreciéndoles carné de identificación como trabajadores de Urapalma S.A. para posibilitar su movilización con “libertad y seguridad” y beneficiarse del uso del planchón para cruzar el río Curvaradó.
Los campesinos, la mayoría mestizos que habitan en Llano Rico, se negaron a aceptar el carné de palmeros ofrecido por los paramilitares afirmando que esto es un involucramiento directo en el conflicto, agregando, que estaban en contra de las actuaciones ilegales e injustas que vienen cometiendo palmicultores y paramilitares en tierras y territorios que no les pertenecen.
Desde el 8 de abril y hasta finales del mismo mes, las empresas palmicultoras prohibieron el uso del planchón para los campesinos que decidieron regresar a la región, a la Zona Humanitaria del Curvaradó, luego de 10 años de desplazamiento forzado y de que sus tierras fueron sembradas ilegalmente con Palma.
Ese mismo martes a las 10:00 p.m. dos hombres de la estrategia paramilitar llegaron un barrio de Belén de Bajirá en donde habitan familias desplazadas que desean regresar al Curvaradó advirtiéndoles: “nosotros sabemos que andan con esa ONG que reclama lo de las tierras, estamos esperando que se vayan los gringos para acabar con eso”. Luego se retiraron del lugar.
* Sábado 22 de abril, de acuerdo con una versión de campesinos recibida en horas de la tarde, al parecer, una de las administradoras de la empresas palmicultoras en Curvaradó, ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO sostuvo diálogo con un reconocido paramilitar apodado “80” sobre el tema de la prohibición del uso del planchón por parte de los habitantes de la Zona Humanitaria. De acuerdo con los testigos, el paramilitar es promotor del programa de “Familias Guardabosques”.
A finales del mes de abril la prohibición en el uso del planchón fue levantada e informada por ANGELA MARIA OSORIO a don ENRIQUE PETRO, manifestando que se habían equivocado.
* Martes 9 de mayo hacia las 10:30 a.m. cerca de 10 policías, entre ellos el teniente SANCHEZ, ingresaron a la casa del campesino ENRIQUE PETRO, ubicada en la Zona Humanitaria, sin mediar palabra tomaron registros fotográficos a las personas que allí se encontraban. Al ser abordados por los acompañantes, quienes le solicitaron explicación por la forma de ingreso al sitio humanitario, los efectivos policiales manifestaron que era: “para elaborar un informe”, agregando que, “después podrán pedir copia a cualquiera de nosotros”.
Este mismo día, a las 4:00 p.m. a 3 k.m. de Belén de Bajirá, el funcionario de las empresas palmicultoras JAVIER MESA inquirió a MARIO DE JESUS LOPEZ, campesino de una Asociación de Pequeños Palmicultores, por las denuncias que ha realizado a organismos de control e internacionales, acerca de los mecanismos fraudulentos y de engaño en la solicitud de cuantiosos créditos de Finagro a favor de las empresas y en los que quedan como deudores los campesinos.
El señor MESA intimidó al campesino LOPEZ: “yo sé que usted es uno de los que está hablando. Cuando las cosas que estamos cuadrando resulten, los dos no podemos estar en la misma zona”. Luego de la advertencia el campesino prosiguió su camino a la casa.
* Miércoles 10 de mayo aproximadamente a las 4:00 p.m., habitantes de las Zona Humanitaria del Curvaradó, acompañados de organizaciones internacionales y nacionales de protección, de derechos humanos y de sectores de la iglesia presbiteriana y católica, que se dirigían hasta el antiguo caserío de Andalucía a visitar el cementerio que fue arrasado por maquinaria de las empresas palmicultoras, fueron abordados por un grupo de 4 personas vestidas de civil en inmediaciones del puente de Caño Claro, en donde permanecieron efectivos militares de la Brigada 17.
Uno de los civiles intentado hablando en inglés, luego de preguntar por los nombres de las ONG acompañantes, afirmó que estaban realizando un informe de derechos humanos, pues “se le está quitando las tierras a los campesinos y se está dejando sin empleo a más de 5.000 trabajadores”.
Minutos después, cuando avanzaban hacia Andalucía, dos de las cuatro personas les alcanzaron en una motocicleta y de nuevo, hablando en inglés se les presentó como “GUSTAVO PETRO”, periodista del periódico El Mundo de España. El hombre expresó su extrañeza por el transitar tranquilo en la zona sabiendo todas las cosas que han pasado allí y de modo directo les expresó a los internacionales: “¿no les da miedo andar por allí? Cuando los acompañantes respondieron que las autoridades conocen de la presencia este expresó: “yo no confiaría mucho en las autoridades”.
El hombre que se identificó como GUSTAVO PETRO, de manera insistente intentó conocer los nombres de los acompañantes, cuando uno de ellos expresó que era sacerdote de la iglesia católica y que se dirigía junto con los campesinos a una celebración por la memoria de los muertos, este afirmó: “JAIME SIERRA, -empresario de Urapalma- vino con el capellán y se reunió como con 60 personas, por eso puedo afirmar que no es un delincuente y por eso trabajo con él (…) estos territorios son de propiedad privada y están siendo violados por los campesinos”.
* Domingo 14 de mayo a las 7:00 a.m. aproximadamente, 4 habitantes de la Zona Humanitaria del Curvaradó fueron abordados por cerca de 22 militares de la Brigada 17, a unos 5 minutos del lugar humanitario, cuando buscaban leña.
Los efectivos militares obligaron a los campesinos del Consejo Comunitario hablar con el “primero”, quién les expresó: “los campesinos son unos brutos, cómo se ponen a tumbar palma si lo que tumban vale mas de $1.000.000.000 al año ( U.S. $ 40.000 ) , alambren el terreno que les pertenece, júntense como comunidad, arrienden el terreno para la palma. El gobierno les dará $3.000.000 (US $ 1.200) para construir casas en la palma, en su finca, en donde quieran. Ustedes arriendan y viven de la renta. Los palmeros no se van a ir hasta dentro de 30 años, hasta que recojan toda la palma y va a haber muchos muertos. De esa palma vive mucha gente y al mocharla esa gente se viene contra los campesinos, en cambio si arriendan con los palmeros no tienen peligro. Vendan o arrienden así podrán tener dinero sin necesidad de estar aquí, o es que aquí les están pagando?”.
Cuando los campesinos propietarios e integrantes de los Consejos Comunitarios expresaron que no querían dinero sino las tierras para comer y cuidar la naturaleza, el militar expresó: “es un peligro lo que están haciendo. Se van los gringos y vienen las masacres y los palmeros no se van hasta que no recojan los cultivos. Es lo mismo que está pasando en la zona de los indígenas ellos también tenían pancartas y cuando los dejaron solos vinieron las masacres. Díganle a don a don PETRO que no deje arrancar una fruta más, ni siquiera a los palmeros hasta no llegar a un acuerdo, ¿Por qué en lugar de hablar y de dar quejas a los Estados Unidos no hablan con las ONG para que sean intermediarias con el gobierno y les ayude a recuperar las tierras. Las ONG que hablen con el Gobierno para recibir ayuda, ha ustedes cómo se les ocurre tumbar palma sin recibir sueldo?.
A las 8:30 a.m., aproximadamente, unidades militares de la Brigada 17 bordearon el río Caño Claro para ingresar a la Zona Humanitaria del Curvaradó. Cuando integrantes del Consejo Comunitario y acompañantes solicitaron la identificación del mando, se negaron a dar el nombre y manifestaron que era “Dardo 2”. Luego de pasar por el sitio en donde está la pancarta de organizaciones solidarias de los Estados Unidos en la que se le “Zona Humanitaria”, “Dardo 2” afirmó que ya sabía que era prohibido pero estaba perdido, se hizo tomar una fotografía afirmando: “esto es un recuerdo que me llevo”. Luego se retiraron del lugar.
Durante la semana del miércoles 10 al lunes 15 de mayo, de acuerdo con testigos TERESA CASTAÑO ofreció en Belén de Bajirá la suma de $1.000.000 (U.S $ 350) por hectárea de tierra a los propietarios que quieran vender bajo la condición de no hablar con nadie del negocio, “ni volver a esas historias del pasado”, en las que ofrecían a los campesinos $ 200.000 (U.S. $ 80) por hectárea y si no aceptaban “negociaban con la viuda”.
* Domingo 21 de mayo, en el lugar conocido como el casino o campamento a la altura del puente sobre el río Caño Claro a menos de 5 minutos de la Zona Humanitaria, hizo su ingreso un camión en el que se trasportaba un grupo de militares del batallón Voltígeros de la Brigada 17 y empresarios de la palma.
En el lugar, sostuvieron una reunión con un grupo de trabajadores, a quienes los empresarios solicitaron hablar con las ONG y plantearles que por su responsabilidad empezó el desempleo, agregando, “nosotros entregamos la tierra, si las ONG asumen los 5.000 trabajadores”. Algunos de los trabajadores manifestaron que el desempleo es por incumplimiento empresarial, agregando, que el problema de la palma no es de las ONG ni de los verdaderos propietarios de la tierra.
* Sábado 3 de junio a las 11:00 a.m. y por espacio de cuatro horas aproximadamente, en el casino o campamento ubicado frente al puente de Caño Claro, en la cuenca del río Curvaradó, el empresario JAIME SIERRA, gerente de la empresa Palmas de Curvaradó se reunió con un grupo de personas transportadas desde Belén de Bajirá.
En la reunión, de acuerdo con algunos de los asistentes, estuvieron algunos, “civiles” armados de la estrategia paramilitar con radio y armas cortas, el empresario invitó a los campesinos a conformar una asociación para la inversión agroindustrial y siembras de pan coger, así como, para iniciar la construcción de un caserío, al lado del antiguo poblado de Andalucía. El sector empresarial asumió el compromiso de apoyar con algunas tejas la construcción de las viviendas.
El caserío de Andalucía fue arrasado, incluyendo el cementerio, sembrado con palma aceitera sin la autorización de sus propietarios que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
* Lunes 5 de junio a las 12:30 p.m. se inició la constitución de la ZONA DE RESERVA de Cetino en la propiedad de la familias RENTERIA, apropiada ilegalmente por Agropalma y Agropalmura.
Las Zonas de Reserva, se sustentan como un práctica propia de las comunidades ante las circunstancias excepcionales en términos de ecosistemas, biodiversidad, endemismo, recursos naturales. Las comunidades iniciaron la constitución de zonas delimitadas dentro de los territorios colectivos o los títulos individuales, con el animo de constituir zonas de biodiversidad y de reserva natural bajo la categoría de bien civil protegido por los Convenios de Ginebra y de Zonas de Reserva de la Sociedad Civil dentro del Estatuto Ambiental Colombiano (Art. 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1996 de 1999), las cuales les permitirán la consolidación de los proyectos de soberanía alimentaría a través del aprovechamiento forestal comunitario y el aprovechamiento sostenible de recursos no maderables y la conservación, preservación, regeneración y restauración de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la revegetalización o enriquecimiento con especies nativas, la recuperación gradual y la preservación del entorno natural a través de acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de poblaciones de la fauna nativa. Ya existen tres Zonas de Reserva en la cuenca del Cacarica, también, en el bajo Atrato.
A las 6:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió testimonios de pobladores del Curvaradó, desplazados desde hace 10 años, en todo el eje bananero, de las amenazas de muerte bajo las cuales fueron obligados a entregar la tierra a través del paramilitar apodado “Palillo” de nombre ARMANDO. En algunas ocasiones, los paramilitares citaron a los campesinos en las fincas del kilometro 10, El Kongo, Los Cedros en donde recibían una nueva advertencia y les entregaban algún dinero y sino lo recibía “le comprarían a la viuda” y en otras ocasiones, antes de amenazar decían: “El patrón necesita las tierras, o las vende o le compramos a la viuda o se va” Y luego las propiedades fueron sembradas en palma.
Los campesinos manifestaron que, el mismo paramilitar ARMANDO o “Palillo” se encargaba en las notarías de Chigorodó de registrar los papeles de propiedad.
* Martes 6 de junio, hacia las 10:30 a.m. en el caserío de Cetino mientras se señalizaba la Zona de Reserva trabajadores de Agropalma desde un campamento, distante a 100 metros de la propiedad de la familia RENTERÏA gritaron:. “! Quiten esa mierda!”
Hacia las 11:30 a.m. en Cetino aparecieron dos motos sin placas, en una de ellas se encontraba un ex guerrillero de las FARC, y que por sus actuaciones se le conoce como paramilitar de las “convivir”, quien se mostró agresivo con periodistas internacionales porque estos hicieron registros fotográficos.
A eso de las 4: 50 p.m. delegados internacionales y nacionales de derechos humanos llegaron al cementerio de Andalucía, el que estaba totalmente destruido por el paso de maquinaria pesada, entre las destruidas lápidas se observaron restos de seres humanos.
Durante el día, trabajadores de las empresas palmicultoras manifestaron que la ampliación de la siembra de palma continuaba por el caserío de Playa Roja.
* Martes 13 de junio hacia las 11:00 a.m. aproximadamente, convocados por el empresario JAIME SIERRA, se reunieron en el casino ubicado en el puente junto al río Caño Claro, 40 personas, transportadas desde Belén de Bajirá con el fin de acordar la construcción de un pueblo en cercanía de las plantaciones de palma en Andalucía.
A la reunión asistieron 12 campesinos de la Zona Humanitaria del Curvaradó, entre ellos los fundadores y propietarios del lote de tierra de Andalucía – arrasado y sembrado con palma de modo ilegal, luego del desplazamiento forzado- y don MANUEL ENRIQUE PETRO, que fueron invitados por desplazados provenientes de Belén de Bajirá.
Al llegar al lugar, los campesinos de la Zona Humanitaria observaron la presencia de unidades de la Brigada 17 en el casino, campesinos que no han habitado en el Curvaradó, comisionistas de la empresa que adelantaron negocios ilegales de tierras, la administradora de Palmas de Curvaradó ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO, JUAN PABLO SIERRA, hijo del gerente de palmas de Curvaradó, JAIME SIERRA y 4 hombres vestidos de civil con radios de comunicación, a quiénes se les ha conocido por sus actuaciones de tipo paramilitar .
Al constatar la presencia paramilitar el campesino MANUEL ENRIQUE PETRO, manifestó a la administradora de “Palmas de Curvaradó”, ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO que él había ido a reunirse con campesinos y no con paramilitares. La administradora de la empresa dio entonces la orden que se retiraran del lugar los cuatro “civiles” de la estrategia de seguridad que se encontraban con radio, que operan permanentemente en acciones de control en el caserío de Belén de Bajirá.
Durante toda la reunión permanecieron en el lugar, “civiles” armados de estrategias de seguridad privada, que han actuado en operaciones de tipo paramilitar RAFAEL MONTALVO, GUSTAVO MARTINEZ, NELSON HERNANDEZ, BENITO HERMANDEZ y al comisionista MANUEL DENIS.
En la reunión, el patriarca afrocolombiano JOSE ANTONIO LOPEZ, fundador y propietario del terreno en donde se levantó el caserío de Andalucía, manifestó a los empresarios que nunca había vendido esos terrenos, y qué no entiende las razones por las cuales sin su autorización luego del arrasamiento militar, vino la siembra de palma destruyendo las calles, las casas, los templos, la casa comunal, el cementerio levantadas durante más de 50 años de trabajo. A esta intervención JUAN PABLO SIERRA, hijo del empresario JAIME SIERRA manifestó que él no había robado nada, “todo es legal para mi, quiero saber que van a hacer con migo”, todos los demás guardaron silencio.
Igualmente, el campesino HECTOR DELGADO solicitó a los empresarios explicar las razones por las que habíendo vendido solo 100 hectáreas a los empresarios, de las 300 que poseían diferentes miembros de su familia, y sin la autorización de nadie, sembraron con palma la totalidad de la propiedad.
Ningún empresario ni funcionario palmero dio respuesta alguna a estas y muchas inquietudes legitimas pronunciadas por los verdaderos dueños de la propiedad. Los empresarios insistieron en hacer firmar un Acta de Compromisos en la que los pobladores manifestaban estar de acuerdo en reubicar el caserío de Andalucía, conformar una asociación de campesinos que laboraría 3 días en la palma y el resto del tiempo destinado para trabajar en su autosostenimiento; la empresa por su parte entregaría a los campesinos tejas de zinc y madera aserrada.
ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO dirigiéndose a la acompañante internacional del Proyecto de Acompañamiento Solidario de Canadá, PASC manifestó que los campesinos podrían llegar a acuerdos con los empresarios sin la intermediación de las ONG internacionales.
Los miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó, que habitan en la Zona Humanitaria del Curvaradó, pertenecientes a la comunidad de Andalucía, manifestaron que no estaban de acuerdo con la reubicación, que deberían restituir la propiedad a sus dueños, que no todos los miembros estaban presentes y las decisiones las estaban tomando unos pobladores que no han habitado en la región. ANGELA OSORIO manifestó que allí se encontraba “una mayoría relativa”.
Los campesinos de la Zona Humanitaria reiteraron su desacuerdo, lo manifestaron públicamente y se retiraron del lugar.
Pocos minutos después otros 40 asistentes a la reunión volvieron a abordar el bus de regreso a Belén de Bajirá.
Ese mismo día en horas de la tarde, varios trabajadores y campesinos transportados por los empresarios, entre ellos VALENTIN CAUSIL, circularon en Belén de Bajirá una carta recolectando firmas, exigiendo el retiro y o la expulsión de las ONG y organismos internacionales de la región del Curvaradó.
* Jueves 22 de junio, entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m. horas después de la visita de WALTER KALIN, Representante del Secretario General de Naciones Unidas para los Desplazados a la Zona Humanitaria del Curvaradó, en Belén de Bajirá ALBERTO OSORIO, conocido como miembro de las “Convivir” en la región de Urabá, reunió un grupo de pobladores, en el parque principal del corregimiento, muchos de ellos trabajadores de la palma aceitera, y les manifestó que deberían adelantar acciones en contra de las ONG y organismos internacionales que hacen presencia en el Curvaradó, para conseguir su retiro de la zona.
De acuerdo con los testigos, OSORIO manifestó que las actuaciones de estas organizaciones acompañando a pobladores a la recuperación de las tierras, “iba a traer más guerra”, agregando que, “las tierras sembradas con palma ya habían sido vendidas por sus propietarios y ya no era hora de estarlas reclamando”.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante las técnicas para encubrir lo evidente, para desviar la atención y transferir las responsabilidades de la destrucción ambiental, de la apropiación ilegal de tierras y del desempleo en la región –POBREZA- a las comunidades que afirman sus derechos o a quiénes les acompañan en ejercicio de sus derechos.
Las intimidaciones, las advertencias proferidas en distintos momentos por parte de efectivos de la Brigada 17, el sector palmicultor empresarial y las estructuras militares encubiertas de tipo paramilitar se combinan con las propuestas de Asociaciones campesinas y la fundación de nuevos pueblos a los desplazados y a repobladores a quienes ofrecen participar como trabajadores en la siembra de palma y a quienes incentivan iniciar acciones contra los acompañantes nacionales e internacionales que son los responsables del desempleo.
Ante la evidencia de los hechos y la fundamentación en DERECHO de la apropiación ilegal de las propiedades por empresas palmicultoras y la coincidencia de esta apropiación con el desarrollo de estrategias criminales de tipo paramilitar con la OMISION, AQUIESCENCIA de la Brigada 17, ahora se desarrollan diversos mecanismos para intentar ocultar la verdad en los que se combinan las presiones, y los ofrecimientos a las víctimas del despojo.
Nuestra Censura Moral pues las presiones pretenden negar el derecho de las víctimas a la Verdad y a la solidaridad con el cese en las denuncias y las acciones de presión en particular en los Estados Unidos para condicionar una única salida la negociación con los empresarios llegando a acuerdos que eviten grandes costos económicos y legales a los empresarios.
Las expresiones de efectivos militares de la Brigada 17, según las cuales, cuando se vayan los acompañantes nacionales e internacionales ocurrirá “una masacre” son absolutamente graves, porque ellas anuncian la comisión de crímenes, de los cuales desde ya serían responsables, por que los mismos agentes estatales la anuncian, sin que se conozca las razones de estas afirmaciones, de dónde las toman, y qué hacen frente a ellas. Nuestra Censura ante el desconocimiento que efectivos de la Brigada 17 realizan del Derecho Internacional y los Derechos ambientales como patrimonio de la humanidad, responsabilizando a las víctimas o sus acompañantes de las posibles nuevas “masacres” y de la miseria en que quedarán empleados
El Curvaradó y, en particular la Zona Humanitaria, está ubicada a menos de 5 minutos de una base permanente del ejército, y su circulación es constante en la Zona de Reserva, lo que no se explicaría el por qué ocurriría una masacre, en una región de absoluto control militar. Si algo llegará a ocurrir son evidentes las limitaciones de la seguridad institucional – incapaz de romper los vínculos con estrategias encubiertas- y de actuar conforme al DERECHO posibilitando la RESTITUCION de la propiedad.
Nuestra Censura Moral ante los signos de resonancia y de consonancia en las actuaciones militares, las empresariales y las de la “seguridad” privada, pues mientras militares, y “civiles” armados de la estrategia paramilitar anuncian nuevas fases de violencia culpabilizando a las víctimas, los sectores empresariales promueven la promoción de asociaciones campesinas, la entrega de tejas y madera para la construcción de vivienda y la participación como trabajadores en la siembra de palma, lo que tal vez se conoce como Alianzas Estratégicas o Actuaciones éticas empresariales. Se niega de esta manera la ilegalidad en la usurpación de las propiedades y se niega el Derecho a la RESTITUCION. Se combina la amenaza con la seducción, negando el DERECHO y los principios éticos de las relaciones entre los ciudadanos en cualquier Estado de Derecho.
Nuestra Censura Moral ante la posible desviación de fondos del programa de Familias Guardabosques, recursos públicos y de la cooperación internacional que se estarían usando en actividades desconocidas por los beneficiarios.
Nada resulta ser extraño, las víctimas de crímenes de Estado, las víctimas del conflicto armado, los despojados de las propiedades Colectivas e individuales son culpabilizados por estructuras institucionales, empresariales y los de las estrategias de tipo paramilitar, de la pobreza, del desempleo, de la ausencia del progreso y de la violencia. No hay que extrañarse, pareciera que en este caso se ha ido instaurando el ESTADO DE HECHO no el DEL DERECHO.
Con urgencia solicitamos respetuosamente al Señor Vicepresidente FRANCISCO SANTOS, dar integral cumplimiento a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nunca han negado el deber del uso de la Fuerza del Estado, respetando los derechos de la población civil y sus derechos, la propiedad privada, y el derecho de asociación; GARANTIZAR la presencia de organismos humanitarios internacionales, de derechos humanos y de la iglesia presbiteriana y católica colombiana en la ZONA HUMANITARIA DEL CURVARADO y la ZONA DE RESERVA – Biodiversidad y de Pan Coger –como lo comprenden los Principios Rectores del desplazamiento forzado; informar que tipo de estructuras paramilitares continúan operando en la región, qué acciones se han venido desplegando para enfrentarlas; actuar administrativamente a fin de sancionar a los militares que han anunciado la posible realización de una masacre; adoptar las medidas necesarias de tipo ADMINISTRATIVO para propiciar la RESTITUCION de las propiedades ilegalmente sembradas con palma y arrebatadas por presión y con violaciones de derechos humanos; desplegar las acciones de control interno sobre el programa familias guardabosques verificando el destino de los mismos, si es esto o no conforme a la ley, y explicando las razones del porque el 40% de los recursos son retenidos a los beneficiarios del programa
Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN ARANA, solicitamos respetuosamente dar a conocer el estado de las investigaciones adelantadas frente a las empresas palmicultoras, los delitos penales que se están investigando, los responsables posiblemente individualizados; las razones por las cuales no se han efectuado las órdenes de captura en la caso de la familia CABEZA; el estado de las investigaciones por los 15 desplazamiento forzado y los más de 113 crímenes cometidos desde 1996 hasta hoy
Al Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON, solicitamos con carácter urgente el despliegue de una Comisión Especial de Procuradores de Bogotá para decepcionar con urgencia las declaraciones sobre la apropiación ilegal de tierras en el Curvaradó y la siembra ilegal de palma.
Esperamos que nuestra Constancia y Censura Moral abrigue la esperanza de que no se producirá la “masacre” anunciada por estructuras de tipo paramilitar y reiteradas por la Brigada 17; que el conocimiento de esta afirmación e intimidación por parte de agentes estatales logre ser investigado, se ahondé en las razones por las que agentes estatales conocen de la posibilidad de la comisión de un crimen y se sancione a las mismas.
Los apelamos a que antes de que sea demasiado tarde, antes de que se generen daños irreparables a la vida e integridad personal y comunitaria de estas comunidades, se logre actuar frente a las intimidaciones y amenazas, se propicie la RESTITUCION y DEVOLUCION de los bienes apropiados ilegalmente, se INVESTIGUE y SANCIONE prontamente, de modo, que el Estado de Derecho y el respeto a los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación como caminos a la paz verdadera sean satisfechos.
Con profunda preocupación,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ