YOLANDA CERÓN DELGADO

Asesinada en Tumaco el 19 de Septiembre de 2001

Memoria y Justicia

Hace 6 años, un miércoles 19 de septiembre del 2001, hacia las 12:15 horas frente a la Iglesia la Merced, ubicada en el Parque Nariño de la ciudad de Tumaco, en Nariño, “civiles” armados en desarrollo de una estrategia militar encubierta, asesinaron a YOLANDA CERON DELGADO, cuando salía de la sede de la Pastoral Social, a pocos metros de una estación de la Policía Nacional.

Hoy, seis años después del asesinato de YOLANDA y más de un centenar de Crímenes de Lesa Humanidad de afrocolombianos en el puerto de Tumaco, se sigue negando la justicia, se sigue favoreciendo a un criminal que actuó con la complicidad por acción y omisión de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.

YOLANDA CERON, desde la Pastoral Social de Tumaco acompañó a los afrodescendientes de los Consejos Comunitarios, de la ACAPA, del Alto Mira, Frontera, Rosario, Imbilpi del Carmene, en la comprensión de sus derechos y en el uso de mecanismos como la acción de Tutela y el Derecho de Petición. YOLANDA, a pesar de las amenazas, el 30 de abril de 2001, durante un Consejo Extraordinario de Seguridad en Tumaco presentó varias denuncias de violaciones a los derechos humanos que implicaban responsabilidad por acción y por omisión de militares de la Brigada de Infantería No. 2, en desarrollo de la estrategia paramilitar de la región.

Después de las denuncias, en el acta No. 012/B2 BEIM-2 se observa la constancia del Padre GUILLERMO LEON CORREA “…que escuchó por parte del señor CF MUNERA JUAN DAVID un asistente a la reunión que el documento parecía ser escrito por subversivos”, refiriéndose a las denuncias presentadas por YOLANDA a través de la Pastoral Social de Tumaco.

Las denuncias realizadas por YOLANDA fueron de conocimiento de GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias “PABLO SEVILLANO”, quien según uno de los testigos dentro del proceso, “afirmó, después de leer las denuncias, que a esa mujer había que matarla”.

Han pasado 6 años de impunidad. Los responsables materiales del asesinato de YOLANDA están en libertad. Uno de ellos, SANTOS MARTINEZ CACERES fue dejado en libertad por el Juzgado Segundo Especializado de Pasto, por motivos de “salud grave” y no se conoce de su paradero. El segundo, JORGE ENRIQUE RÍOS CORDOBA se fugó de la cárcel de Palmira mostrando, al parecer, una orden de libertad falsa. El 12 de octubre del 2006 fue recapturado y llevado al centro especial de La Ceja (Antioquia), y luego a la cárcel de Itagui, donde viven varios paramilitares acogidos por la Ley 975 “Ley de Justicia y Paz”.

Tanto SANTOS MARTINEZ como JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA, actuaron dentro de la estrategia paramilitar bajo el nombre de “Bloque Libertadores del Sur”, al mando GUILLERMO PEREZ ALZATE o GUILLERMO NARANJO, conocido como “DON P, El PATRON o PABLO SEVILLANO”, quien el año anterior se encontraba en La Ceja como unos de “los negociadores” de los paramilitares, y en la actualidad se encuentra en la Cárcel de Itagui, donde rindió versión libre entre el 14 y 15 de agosto ante los fiscales de la Ley 975. Esta versión fue transmitida por partes a través de una teleconferencia a las ciudades de Pasto y Tumaco y en ella “PABLO SEVILLANO” y el paramilitar conocido como “SARMIENTO o PALUSTRE”, reconocieron su participación en el asesinato de YOLANDA CERON, al igual que en los de los trabajadores de Postobón y Avianca.

Con este hecho, GUILLERMO PEREZ ALZATE pretende que el proceso que se lleva en la justicia ordinaria por el caso de YOLANDA CERON, el cual se mantiene abierto en la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH con sede en Cali, sea trasladado a los fiscales que aplican la Ley 975 y con ello garantizar la impunidad frente a este crimen. De hecho, el 30 de noviembre del 2006, el Fiscal 38 resolvió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva a GUILLERMO PEREZ ALZATE, por los delitos de Homicidio Agravado y Concierto para Delinquir. A la fecha, dicha medida no se ha hecho efectiva por la solicitud realizada por PÉREZ ALZATE alias “PABLO SEVILLANO” de ser juzgado al amparo del Artículo 20 de la Ley de Impunidad.

GUILLERMO PEREZ ALZATE, a pesar de tener una condena en el 2000 por narcotráfico y estar pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos por este delito, goza de los beneficios de la Ley 975.

El periódico Diario del Sur, de circulación regional en Nariño, publicó el pasado 24 de junio que las estructuras del Bloque Libertadores del Sur (BLS) siguen intactas y que el espectáculo de la desmovilización paramilitar de GUILLERMO PEREZ ALZATE y sus hombres lo que pretende es evitar su extradición por narcotráfico: “El BLS estaba liderado por Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”), un conocido narcotraficante que según se afirma se inició con el Cartel del Norte del Valle (Cndv).
Se dice que él fue uno de los que compraron una “franquicia” a las Auc durante las negociaciones con el gobierno de Uribe, así como el derecho de operar en Nariño.
El 30 de julio de 2005, 689 miembros del BLS se desmovilizaron en el corregimiento de El Remolino, municipio de Taminango, al nororiente de Nariño.
Sus tres frentes entregaron 596 armas. La desmovilización precedió al desmantelamiento del poderoso BCB, liderado por Carlos Mario Jiménez (“Macaco”).
Fuentes locales afirman que el BLS no se desmovilizó del todo y que las redes paramilitares siguen intactas, aunque con menos integrantes y con un perfil mucho más bajo.
Una fuente dijo que por lo menos la mitad de los miembros del BLS sigue activa, entre ellos muchos comandantes. Algunos residentes de Llorente y Tumaco expresan que el comandante paramilitar de rango medio “El Paisa”, que operaba en la población de Llorente bajo el BLS, sigue ejerciendo control en la región”.

Actualmente no existe ningún funcionario público vinculado a la investigación. No obstante, se tiene conocimiento de que a raíz de la información recaudada en desarrollo del proceso por el asesinato de YOLANDA CERÓN DELGADO, se abrió una nueva investigación por estos hechos -bajo el radicado No. 1593- adelantado por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos con sede en Cali, que ordenó la captura de 56 miembros del grupo paramilitar del “Bloque Libertadores del Sur”, entre ellos, la de tres miembros activos de las Fuerzas Militares (un capitán activo de la Policía Nacional, un capitán del Ejército Nacional y un suboficial del Ejército), las cuales se hicieron efectivas el 6 de diciembre de 2004, encontrándose actualmente afectados con medidas de aseguramiento por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR (por el cual se procesa a los paramilitares). El nuevo radicado No. 1593 fue trasladado a la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Bogotá.

De este panorama, difícilmente puede esperarse un verdadero esclarecimiento de los móviles y contexto en el que se produjo el homicidio de YOLANDA CERÓN. Diferentes radicados dispersos entre la Ley 975 y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, en Cali y Bogotá, no posibilitarían una actuación en derecho, con todo y los obstáculos y negligencia que perviven en las investigaciones adelantadas.

El contexto es aún más grave, al establecerse que el paramilitar GUILLERMO PEREZ ALZATE y los hombres bajo su mando del denominado Bloque Libertadores del Sur, a pesar de que son responsables de violaciones a los derechos humanos, eventualmente recibirían los beneficios de la Ley 975, eludiendo su responsabilidad en la justicia ordinaria.

Tales circunstancias, sumadas a la participación impune de varios miembros de la fuerza pública y de agentes estatales envuelven el caso en un grave estado de impunidad, que se perpetúa bajo el amparo mecanismos oficiales y legales que así lo permiten.

Hoy el espíritu de YOLANDA continúa percibiéndose en medio del terror institucional en las calles de Tumaco, en el aleteo del mar, en la resistencia silenciosa de afrodescendientes que se enfrentan al monstruo de la palma aceitera y de la coca dentro de su territorio colectivo, invadido de estructuras criminales y perversas, amparadas por la impunidad que se garantiza con la aplicación de la Ley 975 llamada “Ley de Justicia y Paz”.

YOLANDA… en la MEMORIA…

YOLANDA… SIN OLVIDO

Bogotá D.C. 19 de septiembre de 2007

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz