Yaigoyé Apaporis
En una misma semana se reunió el primer congreso de Áreas Protegidas donde, además de interesantes y muy pertinentes discusiones ambientales, fue declarado el nuevo Parque Nacional del Apaporis, y se rindió un homenaje a Julio Carrizosa, Margarita Marino y Alegría Fonseca. Dos acontecimientos que mostraron a las claras que no todo está perdido.
La gente verde defiende lo que aún es ajeno a la voracidad empresarial y protege del olvido y del silencio a quienes han creado una conciencia ambiental. El Parque Nacional de Yaigoyé Apaporis, con más de un millón de hectáreas de pura Amazonia, es un gran logro de los viejos sabios que habitan la región y del Gobierno Indígena; también de la Fundación Gaya, que la conoce palmo a palmo y que sabe de su importancia natural y humana. Fue el territorio del gran naturalista y botánico Richard Evans Schultes. A Parques Nacionales Naturales, y en especial a Julia Miranda, su directora, hay que reconocerle la decisión de sacarlo adelante pese a que la política ambiental de Uribe ha sido desastrosa.
El profesor Julio Carrizosa, compilador del Código Ambiental, primer gerente del desaparecido Inderena y creador de muchos de los parques nacionales, ha señalado con equilibrio y agudeza: Para el Gobierno, “el ambiente es considerado como un conjunto de recursos naturales, los instrumentos más favorecidos son los de tipo económico y los actores más poderosos son los empresarios; el concepto de ecosistema desaparece y pierden importancia tanto los llamados instrumentos de ‘comando y control’ como las opiniones y las presiones que puedan ejercer los grupos académicos, las comunidades indígenas, las organizaciones ambientalistas y las organizaciones de base”. Los campanazos de alarma los han dado también los ex ministros Manuel Rodríguez y Juan Mayr: el gobierno de Uribe ha dado un frenazo en la defensa del medio ambiente como patrimonio público. Margarita Marino, conocida y querida por su incansable y luminosa labor frente al Colegio Verde de Villa de Leyva, y Alegría Fonseca, con sus debates en el Congreso de la República, participan de esa mirada crítica. Ellas, junto con Julio Carrizosa, dieron su primera batalla grande por el Parque Nacional Tayrona que los grandes señores de Santa Marta —los mismos de Agro Ingreso Seguro— querían convertir en su vividero particular. Ha sido una pelea dura, que ha costado muertos.
Hoy, el Tayrona está de nuevo invadido: las empresas inmobiliarias, los grandes hoteleros y las agencias de turismo y viajes no sólo no han renunciado a la apropiación de ese bien público, sino que extienden sus apetencias sobre todas las playas de nuestro Caribe. A la larga quieren convertir todo el litoral en un vividero para pensionados extranjeros, como ya sucede en Cartagena. La Amazonia no será una excepción: los Bessudo y sus socios están detrás de La Macarena; del Tuparro; de los cayos de Quitasueño, Serranilla, Bolívar, como lugares privilegiados para ecoturismo y, sin duda, del nuevo parque del Apaporis como paraíso de los no menos corruptores proyectos de etnoturismo. Aunque el terreno no pase a manos privadas, la mera administración por particulares de los servicios ambientales elitiza el disfrute. No se trata de que la gente rica no goce una playa, un humedal, un bosque públicos, sino de que ese derecho no impida que, en igualdad de condiciones, todo colombiano tenga la misma garantía y que el Estado se la defienda. La privatización de los parques nacionales será una realidad por la vía de las concesiones si el movimiento verde no se pone las pilas y defiende lo que en medio siglo se ha hecho en beneficio público. Cuánta razón le asiste a Julio Carrizosa al advertir: “La visión integral y compleja de nuestro territorio como un buen sitio para vivir y recrearse desaparece ante la obsesión por lograr promover grandes negocios”.
Alfredo Molano Bravo