¿Y los terratenientes?

Esa clase terrateniente que se acostumbró a justificar todos sus atropellos fue desarrollando en los últimos 30 años un tremendo poder político.

Si en este país no hubiera un conflicto armado interno, como lo afirma la propaganda uribista, a Ana Fabricia Córdoba no la habrían asesinado a la salida de un bus en Medellín la semana pasada, sino que habría sido una de las miles de desplazadas -o migrantes, como diría el dogma uribista- a las que el Estado les tendría que haber restituido su tierra por cuenta de la Ley de Víctimas; la misma que fue firmada por el presidente Santos el viernes pasado en medio de una ceremonia rimbombante a la que asistió como invitado especial el secretario de la ONU.

Sin embargo, Ana Fabricia no pudo ser resarcida como se lo merecía porque la asesinaron antes, como ha ocurrido ya con un número importante de líderes campesinos, acaso más desconocidos que Ana Fabricia. Estos asesinatos, que poco inmutan a las élites de este país y que escasamente son registrados por la prensa nacional, tienen un claro objetivo: intimidar a todas las víctimas para que desistan de pedir la restitución de sus tierras. De esa forma, quienes se las quitaron podrán seguir usurpándolas como de hecho lo han venido haciendo en la zona de Urabá, Montes de María o el Catatumbo, regiones que se han convertido en grandes latifundios después de que eran tierras de propiedad de pequeños campesinos. Para ellos, la Ley de Víctimas es un adefesio y van a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que se vuelva una realidad.

¿Pero quiénes son esos usurpadores de tierras que están matando a los líderes campesinos? La respuesta más fácil podría ser esta: la de que detrás de estos asesinatos intimidantes están los narcoparamilitares que nunca se desmovilizaron en la Ley de Justicia y Paz propuesta por el entonces presidente Uribe. Sin embargo, esa sería una respuesta incompleta que faltaría a la verdad porque dejaría por fuera a los grandes terratenientes, a los grandes dueños de tierras que en este país han sido una de las fuentes de violencia más sangrientas, al punto de que fueron ellos los que se aliaron con el narcotráfico para crear las autodefensas del Magdalena Medio a comienzos de los ochenta, con el propósito de defender sus tierras del acecho de las Farc y, de paso, generar una guerra de posiciones que les permitió hacerse a miles de hectáreas en todo el país a lo largo de la década de los noventa. Esa clase terrateniente que se acostumbró a justificar todos sus atropellos, fue desarrollando a lo largo de estos últimos treinta años un tremendo poder político, al punto de que el Congreso no solo terminó albergando a una mayoría importante de ellos, sino eligiendo a un presidente-terrateniente como Álvaro Uribe.

No deja de ser una paradoja que el Congreso que acaba de aprobar la Ley de Víctimas esté integrado en gran parte por poderosos terratenientes, como lo era hasta su muerte el senador de Caldas Víctor Renán Barco, un cacique liberal que hizo política en alianza con los narcoparamilitares del Magdalena Medio, autores de las peores masacres acaecidas en esa zona a finales de los ochenta; alianza que ha subsistido hasta hoy, como lo demuestra el hecho de que casi todos los herederos del barquismo están presos por paramilitarismo. Para no hablar de casos como el de César Pérez, político poderoso que acaba de ser vinculado a la masacre de Segovia.

En el informe que reveló la Superintendencia de Notariado y Registro sobre lo que sucedió en los Montes de María se dice que entre las personas naturales que se beneficiaron del conflicto comprando tierras de los campesinos a precios regalados están empresarios prestantes como Álvaro Echeverría, cuñado del senador conservador Roberto Gerlein, y Otto Bula, quien sale nombrado por ‘el Tuso’ en una de sus declaraciones ante la justicia como el testaferro de Mario Uribe para la compra de tierras.

Desconocer esta realidad es llamarse a engaño, así haya dueños de tierras que se ajusten a la ley y estén de acuerdo con la Ley de Víctimas. Hay muchos y muy prestantes que se oponen a esta ley y que andan combatiéndola recurriendo a todo su poder político y económico. Y si el gobierno no destapa las cartas de estos dueños de las tierras, la Ley de Víctimas nacerá muerta.