¿Y los civiles no son responsables?

No se puede pasar por alto que los gobiernos civiles, más que trazar políticas, han buscado sacar provecho político de las acciones militares.

Todavía están frescas las órdenes presidenciales: “General, acábeeeeenlos que yo respondoooo”. Ha pasado el tiempo y ha quedado claro que, en los momentos difíciles, ningún Presidente ha salido a asumir la responsabilidad por lo que han hecho sus militares. Porque esa ha sido la historia reciente de nuestros gobernantes. Salir con los brazos en alto cuando hay que acaparar las ovaciones en la hora de los triunfos. Pero también mostrarse implacable al esgrimir su dedo acusador en la hora de las derrotas. Ahí sí desconfían de todos. Ahí sí exigen saber quiénes son los responsables.
Hay que aceptar que muchas de las acusaciones contra los militares por violaciones de los derechos y de los señalamientos por ilegalidades o actos de corrupción son la consecuencia de la manera como los civiles gobiernan a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
Los hechos han demostrado que en Colombia los militares actúan al ritmo y con la intensidad que les impongan los gobiernos civiles. Incluso en las épocas más aciagas, de las intentonas en los años 40 o en el periodo del Estatuto de Seguridad, las actuaciones militares han sido conducidas de la mano o estado al servicio de los civiles.
No se puede pasar por alto que los gobiernos civiles, más que trazar políticas, han buscado sacar provecho político de las acciones militares. No importa si, como ha sucedido, con ello se confunden los objetivos políticos con los militares, se altera el orden institucional o se quiebran las líneas de mando. Por eso, ya no resulta extraño ver a los que gobiernan trepados en las tarimas vociferando la necesidad de entregar resultados, o reclamando la urgencia de depurar las Fuerzas Militares, cuando un medio de comunicación visibiliza un delito o una violación de los derechos de los ciudadanos.
Por eso ahora los hechos denunciados por la revista Semana no pueden ser atribuidos exclusivamente a los militares. Los civiles también tienen una gran responsabilidad en lo ocurrido. Bien porque han forzado resultados, sin reparar en los medios que se utilicen (“tráigamelos de la pretina, General”, como decía Uribe), o bien porque han sido incapaces de ejercer un correcto control sobre el funcionamiento del aparato militar.
Más que destrozar al estamento militar, hay que evaluar en conjunto y sopesar bien los elementos que se dejan ver en el informe de Semana. A primera vista, los casos de corrupción pueden ser los que concentran toda la atención (más cuando involucran a un exdirector de la DEA en el país). Hay que considerar la existencia de un carrusel de intermediarios que tratan de sacar provecho de los contratos, como en todas las entidades de la administración pública colombiana. Aquí ya no puede haber concesiones ni investigaciones a medias.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción en las compras militares no puede ocultar la necesidad más fundamental de esclarecer los hechos relacionados tanto con la posible existencia de sistemas de pagos o compensaciones a los oficiales y suboficiales involucrados en la comisión de delitos muy graves (que incluso transgreden el DIH) como con la interferencia de intereses particulares que impiden el funcionamiento de los sistemas de investigación y castigo de la justicia penal militar. Por eso es que a todos, civiles y militares, conviene que las acciones judiciales se lleven hasta donde deban llegar, y que los responsables asuman los costos que les competena

Y una reflexión final. Estos hechos les deben dejar de lección a los políticos que no se debe gobernar desde las tarimas. Y a los altos mandos que, incluso en condiciones de injusticia, no pueden invocar la organización de mafias para denunciar a jueces o fiscales. Aquí perdemos todos.

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