Y en el Catatumbo…
Las organizaciones campesinas piden en general tres cosas básicas: crear una zona de reserva campesina, buscar alternativas a la exigencia de erradicar manualmente los cultivos ilícitos y promover un proyecto de desarrollo rural que vaya más allá de la consolidación militar en la región.
Tan sólo alcanzar por carretera su principal cabecera urbana, la histórica ciudad de Ocaña, tarda tiempo. Quizás el mismo que demoraba un ciudadano corriente para llegar a ella hace 40 años, cuando la guerra actual comenzó.
Ese, digamos, defecto de infraestructura, esa falta de carreteras bien hechas, sólo por hablar de este asunto, ese atraso es la muestra representativa de todo lo demás: de Ocaña a Tibú, la región ha permanecido dejada y a la suerte de la codicia de quienes han perseguido de forma angurrienta su petróleo, su coca o su posición estratégica como corredor de la guerra. Y ha sido a bala como se ha decidido buena parte del destino de su gente. Desde hoy hacia atrás, cuatro décadas sin presencia consistente del Estado.
Primero fue el Eln, después el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ahora hace presencia la guerrilla de las Farc y se mantiene el narcotráfico. Sin suficiente Estado y una población campesina sujeta a estas arbitrariedades, ¿será que no hay razones para decir algo?
Hoy sus habitantes protestan y bloquean carreteras, pidiendo que el Gobierno aparezca, que actúe, que conjure la crisis, que restablezca la institucionalidad perdida. “Es una zona con atraso sistemático”, le dijo a este diario Ómar Alberto Sánchez, obispo de Tibú. Con los mismos reclamos que el ahora negociador del Gobierno, Luis Eduardo Garzón, planteó cuando era sindicalista de la USO.
Las organizaciones campesinas piden en general tres cosas básicas: crear una zona de reserva campesina, buscar alternativas a la exigencia de erradicar manualmente los cultivos ilícitos y promover un proyecto de desarrollo rural que vaya más allá de la consolidación militar en la región.
Las mismas propuestas que hacían los líderes campesinos hace dos décadas: apoyo para el desarrollo de proyectos productivos y fortalecimiento comunitario para poner fin a la ola de violencia. En fin. A pesar de esta verdad histórica, no pasa nada. En el fondo es eso: el Catatumbo sigue inmerso en su estado de guerra y de desprotección, con un Estado que se asoma de la misma manera, a través de la fuerza. Las autoridades defienden esa postura con el argumento de que son marchas penetradas por la guerrilla. Lo único claro es que ya van cuatro campesinos muertos y, después de casi tres semanas de confrontación, ya debería primar el respeto a la vida.
Pero, al contrario, lo que impera es el debate de siempre: el general de la Policía, Yesid Vásquez, sostiene que la guerrilla está financiando la protesta y obligando a los altercados. El dirigente campesino Pablo Téllez responde que eso no es cierto y que “siempre que el pueblo sale a reclamar sus derechos lo estigmatizan y lo persiguen”.
Un dilema que debería ser superado por debates más serios. Sin duda se trata de una zona de influencia guerrillera, pero también se trata de una región donde los campesinos piden soluciones que no son descabelladas. Por eso, en vez de la perogrullada de siempre, lo que urge es presencia estatal, que llegue y entienda, de una vez por todas, quiénes viven en el Catatumbo, qué tienen por decir, qué quieren, qué tipo de país es el que les toca vivir.
Si hoy en La Habana Gobierno y guerrilla moldean una posible paz para Colombia, en Catatumbo apremia al menos una conversación razonable. ¿O tocará esperar otro medio siglo para hacerlo?