Vulneración de derechos a 25 colombianos retenidos en Cabo Pantoja, Perú, por COVID19
Desesperados se encuentran 25 colombianos ante falta de una respuesta del gobierno para traslado humanitario desde Perú. Este grupo de nacionales están siendo presionados para cruzar la frontera de forma ilegal, siendo posibles víctimas de trata de personas.
Desde el martes 28 de mayo un grupo de 25 colombianos se encuentran retenidos en Cabo Pantoja, Perú, por soldados del Batallón de Infantería de Selva N°27 de esta localidad peruana, en donde, se les ha vulnerado sus derechos de alimentación, salud y vivienda.
El grupo está conformado por 21 adultos, 1 adulto mayor, y 3 niños de 16 meses, 6 a y 12 años, oriundos de los departamentos de Cesar, Caquetá, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, Colombia.
El grupo fue retenido por Enrique Coquinche, alcalde de la provincia Torres, luego de que los colombianos intentaran regresar desde el martes 19 de mayo desde la ciudad de Iquitos, Perú, lugar en el que se encontraban trabajando.
Desde el 28 de mayo, luego de un mes, han estado bajo el cuidado de soldados del Batallón de Infantería de Selva N° 27 de Cabo Pantoja, quienes debían vigilar y llevar al grupo a una Isla sobre el Río Napo, donde estuvieron cinco días abandonados sin ninguna asistencia humanitaria.
Luego de esto, el grupo fue llevado al polideportivo del colegio de Cabo Pantoja, donde los militares del ejército peruano de manera obligada a través de un médico les hicieron firmar un documento en el que acceden a estar en cuarentena.
A los 13 días de permanecer en las instalaciones del colegio, les practican la prueba de COVID19 cuyo resultado fue negativo. Pese al resultado, estas personas se encuentran vigiladas por el Ejército, la Policía y el alcalde quienes no han suministrado atención humanitaria.
Sin embargo, el grupo inicio trámites para la repatriación ante el consulado y la cancillera de Colombia en Perú, quienes autorizaron su retorno, sin embargo, para hacer efectivo el regreso se debe diligenciar su paso por Ecuador, donde la oficina migratoria no ha brindado ayuda, indicando que deben tomar rió abajo para salir a Leticia pasando por cuatro provincias.
El alcalde ha ofrecido cuatro opciones, las cuales exponen la vida y salud de los colombianos, ninguna de ellas sin oportunidad de retorno, según el hombre pueden: 1) devolverse a Iquitos, ciudad de donde salieron por el desempleo que originó la pandemia, 2) tomar una trocha que los llevará a Leticia sin ninguna garantía o 3) arrendar una vivienda en Cabo Pantoja y pagarla, desconociendo que no tienen recursos y que el tiempo de retención bajo sus ordenes deterioro y agudizo sus condiciones.
Hasta el momento no ha habido respuesta, ni solución a la situación que viven estos 25 colombianos quienes se encuentran en una grave crisis humanitaria, sin alimentos, con problemas de diarrea, durmiendo en la calle y al aire libre.
El miércoles 17 de junio, el Ejército de a zona hostigó a los colombianos indicando que no podían recolectar alimentos, pues estaban invadiendo territorio del batallón. Además indicaron que en caso que transitaran sin autorización, tenían la orden de disparar.
Luego de casi un mes de retención ni la Alcaldía, ni la fuerza militar y policiva han mostrado el mínimo gesto de cuidado y protección, ni siquiera por los niños y el adulto mayor, personas de condiciones físicas más vulnerables. A su vez, la respuesta del Estado colombiano es nula, quedando completamente desprotegidos.
Ante la vulneración de sus derechos, estas familias han acudido a la CIDH solicitando adoptar medidas cautelares para que se realice un viaje humanitario.
Urge que las autoridades correspondientes en materia migratoria agilicen la repatriación y atención humanitaria para evitar daños irreparables a las vidas de estos colombianos.
Bogotá D.C., 25 de junio de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Imagen: Archivo. Campamento de colombianos en Cabo Pantoja.