Votar sí al mejor acuerdo posible
Privilegiar la continuación del conflicto armado, a pesar de las numerosas futuras víctimas que este conllevaría, para no renunciar a una idea personal de la “justicia” y un deseo pasional de ver a los guerrilleros castigados, no sólo representaría una falta política sino también una actitud en contravía de la ética.
No cabe la menor duda de que el Acuerdo general logrado entre el gobierno y las FARC “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” constituye un evento histórico y trascendental. Este representa la posibilidad de dar por terminado un conflicto armado oficialmente viejo de 52 años, que ha generado millones de víctimas y ha dejado profundas secuelas para el país. No es casualidad que el proceso de paz y la noticia del Acuerdo hayan generado un consenso a nivel internacional de apoyo y de celebración, pues representan una especie de oasis en medio de una coyuntura planetaria convulsionada y conflictiva. En este marco, el hecho de que este importantísimo acuerdo pase por una etapa de “refrendación popular”, antes de poder ser implementado, debería representar una “formalidad” y un momento para que el pueblo colombiano pueda expresar su entusiasmo por la paz.
Sin embargo, la campaña electoral del plebiscito ha demostrado que no existe un tal consenso dentro de la población y que el país se encuentra sumergido en una profunda polarización que toca incluso la idea misma de la paz. Es más, la discusión central sobre el contenido general del Acuerdo y la significación del fin del conflicto armado ha sido en gran medida obstaculizada y la campaña en torno al plebiscito marcada por una serie de mentiras, contrainformaciones, verdades a medias o temáticas ajenas al contenido del Acuerdo. Esta “desviación” del debate sobre la paz es en gran parte la consecuencia de la campaña llevada a cabo por las fuerzas de extrema derecha, que se han empeñado en hacer creer que el contenido del Acuerdo representa una amenaza para los “valores” tradicionales nacionales. Siguiendo esta lógica, se han agitado los espantapájaros de la “ideología de género”, del “castrochavismo” o del ateísmo para generar un ambiente de conservatismo en contra del contenido “subversivo” del Acuerdo de La Habana. Frente a este panorama, es preciso volver a enfocarse sobre el contenido del Acuerdo y su significación global.
El estatuto político de las FARC
Un punto esencial para entender el Acuerdo de paz en su plena dimensión, y que no ha estado muy presente durante la campaña del plebiscito, es la reflexión sobre la razón de ser de las FARC. Lo que conlleva a interrogarse sobre la significación misma del conflicto armado interno. Si uno concibe a las FARC como una mera organización terrorista y criminal, cuyo propósito siempre ha sido el de hacerle daño al país y enriquecerse, resulta imposible entender el alcance del momento que atraviesa Colombia y muy difícil considerar el Acuerdo de otra manera que como una entrega del país a la subversión. Sin embargo, tanto el origen de las FARC como el contenido mismo del acuerdo de La Habana apuntan a una comprensión totalmente distinta y ponen de relieve el estatuto político de esta organización.
Las FARC, como las demás guerrillas nacionales, nacieron en un contexto marcado por unas profundas carencias democráticas y una fuerte represión a las ideas de izquierda. El carácter político de las FARC está presente desde su fundación y, si bien ha tenido variaciones a lo largo y ancho del conflicto, nunca ha estado ausente de esta organización. Una muestra de esto es el hecho de que el Estado haya entablado negociaciones con ellas en repetidas ocasiones, a través de distintos gobiernos.
Es evidente que durante sus 52 años de existencia las FARC han cometido numerosos actos reprensibles y ajenos a los ideales que defienden, tanto a nivel ético como con respecto al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, estos actos son lamentablemente la consecuencia lógica de la prolongación y la degradación de un conflicto que parecía no tener fin, y no pueden tomarse como argumentos para determinar que las FARC abandonaron su esencia política para convertirse en una organización meramente criminal. Si ese fuera el caso, su interés sería el de seguir en la guerra para mantener sus “negocios” y no desmovilizar su estructura armada en vista de una participación política “legal”. En este sentido, el acuerdo de La Habana reconoce el estatuto político de las FARC, la legitimidad de sus ideas políticas y, tal vez de manera implícita, el hecho de que, hasta ahora, no habían podido defenderlas democráticamente.
El mejor acuerdo posible
Las negociaciones de paz de La Habana, tal vez en contraste con intentos anteriores, se caracterizaron desde el principio por su seriedad, su rigor y su complejidad. Fueron cuatro años intensos de trabajo, con algunos momentos de profunda dificultad, pero donde las dos partes nunca desistieron de su objetivo y de su firme voluntad de llegar a un acuerdo general. El resultado, sobre el cual los ciudadanos son ahora invitados a pronunciarse, representa un auténtico compromiso y de ninguna manera la victoria de una parte sobre la otra. En este sentido, afirmar que el acuerdo de paz es un regalo hecho a las FARC carece de sentido. Ahora bien, la única pregunta que debería hacerse el ciudadano de cara al voto es si el Acuerdo entre el gobierno y las FARC constituye un buen acuerdo y si este va a beneficiar al conjunto del país.
No hay necesidad de leer el Acuerdo final por completo para resaltar que cada uno de sus puntos contiene una serie de medidas que, lejos de beneficiar solamente a las FARC, representan avances democráticos para la sociedad entera. El punto agrario apunta a mejorar sustancialmente las condiciones de vida en el campo, al entregar tierras a pequeños campesinos, al formalizar la tenencia de la tierra y al desarrollar la infraestructura. El punto sobre participación política plantea dar garantías democráticas y de seguridad para la oposición política y permitir involucrar sectores tradicionalmente marginados. El punto sobre drogas debería permitir enfrentar este problema de manera novedosa, con un enfoque integral y pensando en las condiciones de vida de los pequeños cultivadores. El punto sobre justicia transicional, que no cobija únicamente a las FARC sino a todos los actores del conflicto, posibilita el esclarecimiento del conflicto armado y una forma de reparación para las víctimas. Sin olvidar los beneficios humanitarios evidentes e inestimables del final de la confrontación armada.
Algunos puntos del Acuerdo de La Habana han sido descritos de manera repetida como “sapos” que tragarse a cambio de la paz. En otros términos, elementos negativos que habría que aceptar para conseguir un bien superior. Sin embargo, este tipo de argumentación, empleado por un sector favorable a las negociaciones más bien afín al gobierno, se queda corto en su análisis pues se enfoca en una visión instrumental de la “desmovilización” de la guerrilla sin tener en cuenta su carácter político y la significación profunda del conflicto colombiano. En este sentido, no puede considerarse un “sapo” el hecho de que los guerrilleros que colaboran con la justicia no vayan a la cárcel puesto que no va a haber amnistía, que la impunidad es generada ante todo por las fallas del sistema actual de justicia ordinaria, y sobre todo porque las propias víctimas dan prioridad, en su mayoría, a la verdad y no al castigo. Igualmente, el hecho de que los guerrilleros puedan ser elegidos no constituye un “sapo” sino la consecuencia lógica del origen y de la vocación política de las FARC, así como el símbolo de una apertura democrática. Tampoco se trata de un “sapo” el hecho de que el narcotráfico sea considerado como un delito conexo al de rebelión, puesto que este es la traducción jurídica del hecho de que el involucramiento de las FARC en esta actividad correspondió a una manera de financiar su actuar militar y político.
Priorizar la esperanza de un país mejor
Existe indudablemente un sentimiento fuerte de rechazo a las FARC entre una parte importante de la población colombiana, que ha sido alimentado por los propios “errores” de la guerrilla pero también, y de manera decisiva, por los grandes medios de comunicación. Independientemente del fundamento de este sentimiento, sería necesario que los ciudadanos que sienten rechazo hacia las FARC logren una sintonía con el momento histórico y trascendental que vive el país y prioricen los beneficios generales del Acuerdo para la sociedad sobre su propio afecto personal. Porque privilegiar la continuación del conflicto armado, a pesar de las numerosas futuras víctimas que este conllevaría, para no renunciar a una idea personal de la “justicia” y un deseo pasional de ver a los guerrilleros castigados, no sólo representaría una falta política sino también una actitud en contravía de la ética.
Si bien el contenido del Acuerdo final de La Habana es voluminoso y complejo, no se necesita leer por completo las casi trecientas páginas que lo componen para entender su esencia y apropiárselo. Uno puede verlo según dos dimensiones complementarias. Por un lado, sentir el entusiasmo por la terminación de un conflicto armado viejo de más de medio siglo, que no provocará más muertes, y por otro lado, comprobar la calidad de las negociaciones al analizar su contenido. El acuerdo general no constituye un acuerdo perfecto, esto es imposible, pero en tanto que fruto de verdaderas negociaciones escrupulosas y prolongadas, este representa, sin duda, el mejor acuerdo posible y no puede ser objeto de una hipotética “renegociación”. Para los más escépticos, tal vez valdría la pena pensar que la victoria del “No” significaría que la situación del país no cambie o que empeore, mientras que la victoria del “Sí” representaría una posibilidad concreta de que muchas cosas mejoren. Es evidente que todo dependerá de la implementación del acuerdo general y de la reacción de la sociedad, pero de cara al plebiscito la incertidumbre no puede justificar la indiferencia.
Fuente: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/votar-si-al-mejor-acuerdo-posible-y-con-la-esperanza-de-una-colombia-mejor