Vil asesinato y violaciones a los derechos humanos en Turbo y Apartadó (Antioquia)

El Comité de y Para los Derechos Humanos de San José de Apartadó denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, ante las autoridades locales, nacionales y organizaciones responsables para la protección de los derechos humanos que:

San José de Apartadó, 27 de mayo de 2014

Son continuas las violaciones de los derechos humanos en el corregimiento de San José de Apartadó y preocupan claramente las formas de impunidad ejercidas por los operadores de justicia. Podemos entonces concluir que nos encontramos sin las garantías básicas que la democracia reza a fin de proteger y darle relevancia a la Carta Magna de nuestra Constitución y otros acuerdos internacionales firmados por el Estado colombiano.

Muestra de ello es el desconocimiento total de parte de las instituciones del Estado de los balances e informes que dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y de crisis humanitaria que pueden estallar en lamentables hechos que signifiquen el recrudecimiento de acciones violentas que pudieran ser prevenidas o minimizadas si la institucionalidad respondiera eficazmente a nuestro llamado de alerta.

Hechos:

1. El pasado 15 de mayo fue asesinada a machetazos la señora María de la Cruz Guerra de 68 años de edad, madre de familia y, según cuentan algunos vecinos, militante de la Iglesia Pentecostal. Los lamentables y reprochables hechos se desatan en el corregimiento Nueva Antioquia, una zona en la que hemos denunciado la presencia de los paramilitares, mal llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o “Clan Usuga”, grupo que desde hace más de dos años comete a cielo abierto toda clase de atrocidades contra la población.

2. 26 de mayo. Un grupo de aproximadamente 20 militares se trasladó por el sector conocido como El Cuchillo hacia el casco poblado de San José de Apartadó. En compañía de este grupo se encontraba un hombre sin identificar que traía su rostro cubierto con un trapo de color rojo. Este hecho causó gran temor y confusión en la población. Desconocemos las razones por las cuales el ejército deambula por nuestro territorio con personas en estas condiciones y exigimos una explicación.

3. 26 de mayo, soldados del batallón de infantería número 46 Voltígeros Brigada XVII, nuevamente señalaron de guerrilleros a un grupo de personas que pasaba por el sector. Es necesario mencionar que estos soldados siempre cubren las insignias de identificación con otras prendas para que no puedan ser identificados. Se sabe que uno de los soldados que estaba en el evidente continuo atropello contra la población era de apellido Usuga.

4. 26 de mayo. Soldados de la Brigada XVII, batallón Voltígeros se ubican por alrededor de una hora dentro de los locales comerciales, cafeterías y algunas casas del centro poblado de San José de Apartadó. Ese mismo día, otro grupo de uniformados del mismo batallón son vistos a las siete de la noche en el sector conocido como Caracolí. Allí se asentaron en propiedades privadas, dentro de las casas y dentro de locales comerciales. La comunidad y el Comité acuden a las instituciones garantes de los derechos humanos para que rechacen este tipo de acciones que ponen en peligro a la población y violan claramente principios como el principio de distinción consagrado en los derechos humanos del derecho internacional humanitario.

Exigencias:

—Investigaciones serias que permitan dar con los culpables de este atroz asesinato que enluta a más familias campesinas.

—Que los operadores de justicia se acerquen a la región para verificar la situación de presión, malos tratos y claras violaciones a los derechos humanos a los que ha estado sometida la población civil, tales como intimidación y tratos degradantes, y que esto conlleve tomar las medidas necesarias.

—Se exige al Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República Juan Manuel Santos, al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gonzalo Giraldo y la institucionalidad en sí, a que rechacen todos los hechos que ponen en peligro a la población, pero también a que presten el apoyo y las garantías para con la población.

—Que desde esta organización para la defensa de los DDHH se ha elaborado un monitoreo permanente de la situación de los DDHH en el término municipal de San José de Apartadó. Y así mismo, el resultado de este seguimiento se ha puesto a consideración de las autoridades estatales, en el ámbito local y nacional (Presidencia, Ministerio de Defensa, Defensoría, Personería, Gobernación, Alcaldía, Fiscalía, Procuraduría, entre otras). Se desconocen acciones concretas para investigar, judicializar y sancionar a los responsables, cuestión que da paso a formas de impunidad que deterioran nuestra democracia.

—Insistimos por último, solicitud hecha el pasado 28 de noviembre a las autoridades municipales de Apartadó, en especial a la Personería Municipal, para que en su condición de Ministerio Público y de garante de los DDHH, y en lo más breve posible, haga público un informe de la situación real de los DDHH y de DIH en el municipio. Y que a su vez, convoque a los organismos nacionales e internacionales a que hagan presencia sostenida en el municipio. Todo ello, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la vida, entre otros.

Y desde ahora anuncia que una vez expedida esta comunicación se entenderá que todo agravamiento de la situación de las víctimas –posteriores violaciones como retaliación por la denuncia- corre bajo la responsabilidad de órganos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Apartadó y la Fiscalía.

Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó