Video de reunión con gobierno nacional en poder de paramilitares
Los contenidos de una reunión sostenida el pasado viernes 5 de noviembre con integrantes del gobierno nacional en Bogotá y delegados de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó se encuentran en poder de los grupos paramilitares que operan en esta región del país.
El pasado jueves, Raúl Palacio Salas, uno de los líderes de la comunidad negra se vio obligado a salir presurosamente de la región, debido a que los paramilitares conocieron los contenidos de las operaciones que denunció ante funcionarios de Min Interior y Min de Defensa.
El líder afrodescendiente manifestó ante el gobierno nacional que las operaciones paramilitares se están desarrollando con la anuencia de la brigada 17. Raúl reiteró, además, lo que es de público conocimiento, que las siembras de coca y la instalación de campamentos para el procesamiento de cocaína, el ingreso y el transporte de insumos como la salida de cocaína, ocurre en medio de puestos de control policial y militar.
Los paramilitares le enviaron a Raúl en la tarde del miércoles el mensaje que debía reunirse con ellos al día siguiente para dar cuenta de las afirmaciones que realizó en la ciudad de Bogotá. Sostuvieron que no podría desmentirse pues en su poder se encontraba un video.
La filtración del diálogo sostenido entre el gobierno nacional con los líderes generó una preocupación mayor a varios de los integrantes de los consejos comunitarios. “Es evidente que no hay garantías, la fuerza pública actúa con sectores de la ilegalidad”, para uno de ellos.
“Ya no sabemos, qué hacer”, para las comunidades es evidente que es inexistente un plan de protección y de enfrentamiento a las estructuras paramilitares. Hoy estas desarrollan el control social político y económico entre Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Mutatá.
Desde abril a la fecha los paramilitares han asesinado y desaparecido forzosamente a cuatro integrantes de los consejos comunitarios que exigen la devolución de la propiedad colectiva, en la actualidad 37 de las voceras y voceros de las comunidades se encuentran amenazados y varias familias han sido obligadas a desplazarse.
Más muestras del descaro de las operaciones paramilitares se han constatado.
Durante varias horas, el pasado 6 de noviembre, sobre el río Curbaradó, entre los poblados de El Guamo y Caño Claro, al mando del reconocido José de La Cruz Moya, conocido como “El Cucho” se instaló un retén que imposibilitó el transporte de bienes y de personas.
Ese mismo día un grupo de 50 paramilitares fueron observados movilizándose en dirección a la Zona Humanitaria “El Tesoro” donde habitan familias de los consejos comunitarios de Curbaradó.
El pasado 10 de noviembre un grupo de paramilitares en el punto conocido como Zapayal abordó a varios habitantes de los consejos comunitarios de Jiguamiandó que habitan en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, estos asumieron el riesgo de huir entre la frondosa selva.
Ayer un grupo de paramilitares con armas largas cruzó al lado de la Zona Humanitaria El Tesoro en Curbaradó. Hoy se conoció que este grupo levantó su campamento muy cerca del lugar de refugio humanitario.
Hoy se ha escuchado el sobrevuelo de helicópteros sobre el caserío de Santa Rosa de El Limón, donde desde abril pasado, los paramilitares han sembrado más de 70 hectáreas de coca e instalado por lo menos dos laboratorios de cocaína.
Las operaciones armadas y agresiones se realizan incluso por los grupos armados que protegen a empresarios ocupantes de mala fe. José Builtrago Alzate, trabajador de la familia Argote, propietaria de la empresa ganadera La Tukeka, ocupantes de mala fe de predios en Caracolí, territorio de Curbaradó, amenazó nuevamente a la lideresa Liria Rosa García. A Liria además de la amenaza el trabajador de los ocupantes de mala fe le tomó una fotografía.
Los efectivos de la brigada 17 se negaron a actuar a pesar de la evidente amenaza, uno de ellos, registró en su cámara a Liria Rosa.
A pesar de las reuniones al más alto nivel de gobierno, del conocimiento permanente de la situación de riesgo por la que atraviesan las y los integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó, el gobierno no ha adoptado medidas eficaces de enfrentamiento del paramilitarismo, la complicidad de la brigada 17 es evidente.
Tampoco el gobierno ha adoptado medidas pertinentes para proteger los derechos a la tierra de las comunidades negras, como lo contempla el auto de la Corte Constitucional de mayo y de diciembre de 2010. Las siembras de banano por invasores que indican que están protegidos por empresarios de Banacol y por paramilitares; los semilleros de palma de aceite, y la continuidad de operaciones ganaderas en contra de derecho son la manifestación de tal desconocimiento.
Bogotá, D.C. noviembre 14 de 2011
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz