Vida y libertad a los 5 defensores de derechos humanos de Justicia y Paz
Las organizaciones sindicales, sociales y no gubernamentales de derechos
humanos manifestamos a los medios de información que:
Hoy sábado 2 de abril a las 9.30 de la mañana una Comisión de Verificación
con representación de la comunidad de derechos humanos se dirigió hacia
las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó,
a fin de verificar la retención y/o desaparición de 5 defensores de Derechos
Humanos integrantes de la Comisión Justicia y Paz: JOHANA LOPEZ, MONICA
SUAREZ, ENRIQUE CHIMONJA, FABIO ARIZA Y EDWIN MOSQUERA. Ellas y ellos realizan un acompañamiento permanente a estas comunidades afrodescendientes, en la promoción, protección y defensa de sus derechos.
La Comisión de Verificación está conformada por el Proyecto Justicia y Vida,
el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz, y con delegados de la Iglesia diocesana de Quibdo, Brigadas
Internacionales de Paz, PBI. La comisión cuenta con el concurso de la Vice Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo del Urabá.
En la última semana, la Comisión de Justicia y Paz, recibió una amenaza
de muerte, por correo postal, 15 días después de la realización de una audiencia
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias de Curvaradó.
Las comunidades afrodescendientes han sido víctimas de actuaciones de
tipo paramilitar y sus integrantes han sido amenazados debido a las denuncias
entabladas contra empresas palmicultoras por la ocupación ilegal de sus
tierras tituladas colectivamente, situación que constata el Informe del
INCODER del 14 de marzo de 2005. No obstante el reconocimiento hecho en
este informe oficial, las empresas palmicultoras continúan arrasando con
los recursos naturales y ampliando las siembras de palma de aceite en los
territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, mediante Resolución del 15 de marzo de 2005, que las Zonas Humanitarias de Pueblo Nuevo, Bella Flor Remacho y Nueva Esperanza son el ejercicio legítimo de los principios del Derecho Internacional que permiten la prevención y la protección de
los derechos de la población que se encuentra en medio de la confrontación
armada, y ordenó al Estado colombiano otorgar especial protección a dichas
zonas humanitarias establecidas por los miembros del Consejo Comunitario
del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó.
Estas zonas humanitarias son propiedades familiares, con signos claros de
identificación y de diferenciación, donde sus pobladores han concertado
normas de convivencia no violenta, con el objetivo de no ser involucrados
en la guerra. En el último mes, los medios de comunicación e informes oficiales,
han presentado estas experiencias como comunidad de paz.
El 2 de abril el Vice Presidente de la República ha declarado falsamente
ante los medios de comunicación que estos hechos han ocurrido debido a la
falta de presencia del Estado en la zona, cuando desde 1996 el Ejército
de Colombia hace presencia en la cuenca del Jiguamiandó, incrementándose
su presencia con el aumento de la siembra de palma aceitera. Esta afirmación
podría justificar la militarización ilegal e ilegítima de las zonas humanitarias,
situación que aumentaría la grave crisis humanitaria que se está viviendo.
Debido a la grave situación de violación de derechos humanos en el Bajo
Atrato y el Urabá Antioqueño en que se encuentran las pocas comunidades
que afirman integralmente sus derechos de modo no violento, y la obstrucción,
de hecho, al acompañamiento que realizan organismos humanitarios y de derechos humanos, las organizaciones abajo firmantes solicitan:
Al Presidente de la República, que se pronuncie públicamente exigiendo
el respeto del trabajo de los defensores de derechos humanos, especialmente
de quienes prestan acompañamiento humanitario a las comunidades que se encuentran en medio del conflicto, y de manera inmediata exija que se ponga en libertad a los 5 defensores ilegalmente retenidos y/o desaparecidas.
Al Presidente de la República, la realización de una reunión el próximo
lunes 4 de abril a fin de definir de manera concertada una serie de actuaciones
URGENTES e INMEDIATAS que puede y deben realizar el Estado y el gobierno
colombiano en la región para la pronta liberación de los 5 defensores de
derechos humanos.
A los responsables de la retención y desaparición de los 5 defensores
de derechos humanos, les exigimos respetar sus vidas y dejarlos inmediatamente
en libertad. Así mismo expresamos nuestra indignación y rechazo ante este
grave atentado contra el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.
Al Gobierno Nacional, que en sus actuaciones tengan presentes las obligaciones
tanto constitucionales como internacionales y del Derecho Internacional
Humanitario, de preservar y de proteger la vida de los civiles arbitrariamente
privados de su libertad.
Bogotá, 2 de abril de 2005
Firmantes:
Agencia de Prensa Rural
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Asociación de Educadores de Cundinamarca – ADEC
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos – ASFADDES
Asociación Colombiana de Abogados Eduardo Umaña Mendoza
Asociación MINGA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República – ANEBRE
Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial – ASONAL Judicial
Asociación para el Desarrollo Social Integral – ECATE
Central Unitaria de Trabajadores – CUT – Departamento de Derechos Humanos
Central Unitaria de Trabajadores – CUT – Seccional Cundinamarca
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Colectivo de Comunicaciones Somos Sudacas
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de Derechos Humanos Semillas de Libertad – CODHESEL
Comité Permanente Héctor Abad Gómez
Comité Permanente por la Defensa de los DDHH
Corporación Jurídica Yira Castro
Corporación Regional para la Defensa de los DDHH – CREDHOS
Corporación Reiniciar
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja
Federación Colombiana de Educadores – FECODE
Federación Nacional Sindical de Trabajadores Bancarios – FENASIBANCOL
Foro Social de Barrancabermeja
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
Fundación Manuel Cepeda Vargas –
Colectivo Para Recordar YUYANAPAQ
Organización Femenina Popular – OFP
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Proyecto Aurora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia
Proyecto Justicia y Vida
Red Ecuménica de Colombia
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía Eléctrica – SINTRAELECOL
Sindicato Nacional de la Trabajadores de la Industria Metalúrgica – SINTRAIME
Sindicato de Trabajadores Mineros de Colombia – SINTRAMINERCOL
Unión Sindical Obrera -USO-
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz.
Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB – Secretaria de Derechos Humanos