Víctimas solicitan cese de versión libre ante incumplimientos del Gobierno

Comunidades del Bajo Naya solicitan a la Fiscalía suspensión de audiencia de versión libre ante el incumplimiento de acuerdos y compromisos que habían sido pactados.

EXIGIMOS EL DERECHO A SABER

SOLICITAMOS A FISCALÍA CESE DE VERSIÓN LIBRE

Buenaventura 09 de septiembre 2011

Hace 10 años, cerca de 22.000 personas del pueblo indígena y afrodescendiente de los territorios colectivos del Bajo Naya y Yurumanguí, fuimos víctimas de la peor acción criminal y de vulneración a nuestros derechos fundamentales perpetrada por paramilitares del Bloque Calima, quienes con la complicidad del Estado hicieron de nuestro territorio biodiverso, un escenario de muerte, torturas, despojo y desplazamiento forzado.

Desde entonces no hemos descansado en la afirmación y exigencia de nuestro derecho a la memoria, a la verdad, a saber, de tal manera que se construyan condiciones de no repetición de estos horrendos crímenes.

A 6 años de haberse aprobado y de estarse aplicando la ley 975, mal llamada de Justicia y Paz y en el marco de la recién aprobada ley de víctimas, tenemos que decirle a la comunidad nacional e internacional que con este marco jurídico el Estado Colombiano legitima su aparente lucha contra la impunidad, pero consolida la violación sistemática a nuestros derechos como víctimas de crímenes de Lesa Humanidad, al negarnos las mínimas condiciones para garantizar el acceso a la justicia.

Logramos un acuerdo con el Estado en cabeza de la Fiscalía para garantizar la participación de 630 personas en la audiencia de versión libre programada durante el mes de marzo de 2011 que se realizaría en Puerto Merizalde. Esta se suspendió porque no hubo emisión en directo con antenas sateliteles y conocer en tiempo real la audiencia de 60 paramilitares, como había sido el compromiso, así no pudimos interrogar.

Luego de la suspensión hemos sostenidos 6 reuniones de acuerdos y compromisos entre la fiscalía, la CNRR, con presencia de la defensoría del pueblo, la personería municipal de Buenaventura, la iglesia católica, la Comisión de Justicia y Paz y nosotros como víctimas, buscando garantizar nuestra participación en esta audiencia.

Pero debido a un informe del PNUD, en que que dicen que no hay garantías en nuestro territorio para la realización de la audiencia en Puerto Merizalde ni el pacifico, proponiendo absurdamente, Dagua, Cali y Buenaventura.

Se atreven las instancias gubernamentales y estatales proponer a Buenaventura como el lugar ideal para que las víctimas participen. Desconocen lo evidente, los asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, la muerte a la que está sometida la población civil en este puerto donde abunda la miseria, la exclusión, el despojo, la re victimización, la impunidad.

Expresamos nuestro rechazo a la negativa del PNUD a financiar la realización de las versiones libres en nuestros espacios humanitarios, que afecta nuestro derecho a saber a la memoria, a saber; de la vulneración de nuestro derecho a la justicia, a la reparación integral, a las condiciones de no repetición, y que llevó a la Fiscalía a no realizar la audiencia de versión libre en nuestro territorio.

El concepto de seguridad emitido por este ente de Naciones UNudas, desconoce nuestras propuestas de protección y de paz en medio de la guerra interna, como los espacios de refugio, que hemos hecho respetar a los que se encuentran en armas, y donde propusimos realizar la emisión de las audiencias de versiones libres.

Este informe del PNUD desconoce en dos oportunidades la fiscalía estuvo en nuestro territorio adelantando diligencias judiciales, sin que nada les hubiera pasado. .

En nombre de las miles de víctimas del pueblo afrodescendiente e indígena exigimos la suspensión inmediata de la Audiencia de Versión libre que se está llevando acabo

Exigimos al Estado se adopten medidas prontas que garanticen nuestra participación, los recursos y los medios técnicos para que la trasmisión en tiempo real se haga en uno de los lugares humanitarios, dentro del territorio de Naya, como fue acordado hace muchos meses

Solicitamos a las diversos agentes externos no continuar con los señalamientos a nuestro territorio de vida, calificándolo como lugar inhóspito, santuario de narco guerrilleros, donde no existen las condiciones de seguridad para que las instituciones del estado hagan presencia.

El inicio de confianza con la Fiscalía General de la Nación a pesar de la impunidad casi total que se fue construyendo con la exhumación de los restos de Juana Bautista se ha roto debido a la nefasta intervención del PNUD. La cooperación debe estar al servicio del fortalecimiento del Estado Social y de Derecho que se construye desde la sociedad, desde las víctimas.

Con todo nuestro dolor e indignación.

RESGUARDO INDIGENA EMBERA – EPERARA SIAPIDARA DE JOAQUINCITO

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI