Víctimas interponen tutela ante la JEP para frenar la extradición de ‘Otoniel’

Juana* cuenta que ha sido víctima de todos los grupos armados, de la guerrilla primero, cuando llegaron a Cacarica a mediados de los noventa; del Ejército luego, pues sufrió los desplazamientos provocados por la Operación Génesis, una ofensiva militar conjunta entre la Fuerza Pública y las Autodefensas entre 1996 y 1997, que buscaba expulsar a las Farc del Bajo Atrato. Y por último, fue víctima de los paramilitares y sus sucesores cuando regresó al río Cacarica después del desarraigo.

Por los crímenes de la Operación Génesis, que incluyeron bombardeos a caseríos y la decapitación del campesino Marino López, fue condenado Rito Alejo del Río, general del Ejército. También hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por estos hechos, sentencia que ordena medidas especiales de protección hacia estas comunidades.

Juana viajó a Bogotá el 8 de abril con una veintena de víctimas y líderes campesinos de distintas regiones del país para interponer una tutela ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) que busca impedir la extradición de Otoniel, máximo jefe de las Agc o ‘Clan del Golfo’, con el argumento de que es competencia de las JEP juzgarlo por su rol en el conflicto armado colombiano. La tutela es interpuesta por el abogado Jhonathan Orozco Tamayo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien funge como apoderado de las víctimas de la Operación Génesis, en el bajo Atrato, el Urabá y el norte del Chocó. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña a más de 150 comunidades y organizaciones en todo el país.

Las víctimas insisten en que el capo, quien tuviera en su historial haber pasado por varios grupos guerrilleros y paramilitares antes de convertirse uno de los principales sucesores del paramilitarismo, tiene una “verdad excepcional” sobre los hechos de la guerra, que debería aportar al país pues “no solo podría esclarecer hechos pasados, sino ayudar a desestructurar el conflicto que se vive en los territorios, posibilitar la transición hacia la paz y garantizar la no repetición de los hechos″, se lee en el documento.

El argumento central de las víctimas es que el proyecto de despojo territorial iniciado con la ‘Operación Génesis’ nunca se detuvo, sino que mutó de formas y actores. Otoniel, que se convirtió en reincidente tras integrar un nuevo grupo armado luego de haber participado del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, es una pieza clave en dicho proyecto de despojo.

El 7 de abril la Corte Suprema dio el aval para la extradición de Otoniel y un par de días más tarde el presidente Iván Duque firmó la orden. Todo esto ocurría luego de que el 25 de marzo la JEP expidiera un comunicado dando a conocer el rechazo a la petición de Otoniel, quien había solicitado someterse a esa jurisdicción, lo que de facto le garantizaría no ser extraditado. Y allí está el argumento principal de los líderes y organizaciones para interponer su tutela: según su apoderado, no pudieron intervenir, ni controvertir la decisión de la JEP, a pesar de que están acreditadas como víctimas en el macrocaso que la JEP lleva sobre el conflicto armado en el Urabá, por eso, sostienen que se violaron sus derechos al no ser consultadas sobre la decisión.

“Lo idea es que la JEP asuma la competencia del caso”, asegura un miembro del equipo jurídico, quien cuestiona que la decisión de excluir a Otoniel se haya dado sin escuchar al menos a sus víctimas, puesto que ni los tribunales de Justicia y Paz, ni la justicia ordinaria fueron capaces de garantizar plenas garantías de reparación, justicia, verdad y no repetición a las comunidades afectadas por las Agc. Para los abogados de las víctimas, encabezados por Jhonathan Orozco Tamayo, la pregunta fundamental es qué debe pesar más: sí los cargos por narcotráfico por los cuáles es requerido Otoniel en los Estados Unidos, o las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el país. La postura de víctimas y abogados es unánime: primero debe responder a las víctimas en Colombia.

“Si se llevan a Otoniel nos atrasan los acuerdos humanitarios que estamos buscando en los territorios”, declara un líder del Urabá antioqueño, señalando que ha habido una voluntad de las Agc o ‘Clan del Golfo’ en buscar acercamientos con el gobierno para lograr la paz, pero los intereses de altos funcionarios y mandos militares que han tenido vínculos con las Agc frenan esa iniciativa, pues le temen a la verdad.

En la solicitud de Otoniel para ser admitido en la JEP puede leerse que el jefe de las Agc admite haber participado en “conductas delictivas de colaboración y complicidad en acciones ilegales de carácter criminal ordenadas, planeadas y ejecutadas (ilegible) altos mandos del ejército nacional como los generales”

“Eso es lo que queremos como víctimas, que él diga con quién trabajaba”, asegura un representante indígena del Chocó, mientras una joven del occidente de Antioquia asegura que además quieren que Otoniel y sus hombres ayuden a esclarecer hechos del conflicto reciente que han sido muy dolorosos para sus comunidades: “¿qué pasó con algunos jóvenes, con algunas víctimas, dónde están enterrados?”, reclama, “que nos digan quiénes están en las fosas comunes”.

No obstante, la respuesta de la JEP fue que no podía “prohibir” ni “impedir” la extradición de Otoniel pues esto supondría “usurpar las competencias de las autoridades judiciales” competentes, agregando que lo único que podría hacer la Jurisdicción sería adoptar “medidas provisionales necesarias para proteger los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados”. Por ello, se trasladó la tutela a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP, para que se pronuncie sobre la solicitud.