Victimas de genocidio de la Unión Patriótica – U.P., en indignación
No conocen límites, no diferencian entre la nobleza y la fealdad. No hay distinción de medios. No era de esperarse pero tampoco de extrañar. El uso de mensajes radiales de la campaña de URIBE hace gala de la capacidad perversa para imponer desinformando, tergiversando y seduciendo. Para ganar votos todo vale, desde la presión armada, desde el fraude hasta la manipulación mediática.
La serie de cuñas radiales menosprecian el valor civil de una apuesta política que en menos de 10 año fue exterminada a través de la guerra militar-paramilitar, se coloca en tela de juicio a la Unión Patriótica, se deja en la picota pública a aquellos que participaron activamente en una posibilidad de oposición y de construcción de alternativas políticas, se ofende a la memoria de las victimas que justo por pensar lo que pensaron fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Pretende la campaña de URIBE deslegitimar la oposición actual con los mismos parámetros con los que actúa las Fuerzas Militares, la Doctrina de la Seguridad Nacional, la campaña publicitaria, traduce en sus técnicas los mecanismos de la guerra sucia de los 70 pero modernizada. Qué horror!, qué vergüenza! La democracia es justificación del Crimen de Estado.
Los familiares de las víctimas de la Unión Patriótica han hecho pública su posición ante esta estrategia, también criminal, por los justificatoria del crimen, adjuntamos su indignación
ADJUNTO
• Derecho de petición sobre la existencia de las Autodefensas Campesinas Nueva Generación, presentado por Iván Cepeda al Alto Comisionado para la Paz
• Los familiares de las víctimas de la UP se pronuncian ante la campaña de agravios del Presidente de la República.
Derecho de petición sobre la existencia de las Autodefensas Campesinas Nueva Generación, presentado por Iván Cepeda al Alto Comisionado para la Paz
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2006.
Doctor
Luis Carlos Restrepo
Alto Comisionado para la Paz
Ref.: Derecho de petición sobre la existencia de las Autodefensas Campesinas Nueva Generación.
Señor Alto Comisionado:
El día 30 de abril de 2006, recibí en mi correo personal, y en el foro del lector de mi columna en el semanario El Espectador, el siguiente mensaje de quienes se identifican como Autodefensas Campesinas Nueva Generación:
“Nuestra razón de ser hoy esta mas (sic.) vigente que nunca, la defensa de la libertad y la democracia Colombiana (sic.) y hasta que no cese el ultimo (sic.) fusil guerrillero opresor del pueblo Colombiano (sic.) seguiremos en armas combatiendo la guerrilla utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Por una Colombia libre, digna, justa y en paz. Autodefensas somos todos. Estado Mayor Autodefensas Campesinas Nueva Generación, ACNG”.
En días pasados, usted dijo que el Gobierno Nacional puede hoy afirmar que “las autodefensas y el paramilitarismo son cosa del pasado”. Sin embargo, el sexto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente de la OEA sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia señala que, con nuevas denominaciones, más de 20 estructuras paramilitares mantienen su actividad en 13 departamentos del país. De igual forma, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró en su último informe anual sobre Colombia que persisten múltiples vínculos entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, y que estos últimos mantienen su poder económico y militar (1).
Tanto estos informes de organismos internacionales, como los escándalos de corrupción e infiltración paramilitar en altas esferas del Estado desmienten su entusiasta declaración.
Como usted sabe, hago parte de una amplia coalición de organizaciones de víctimas de la violencia estatal -el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- y ejerzo el periodismo de opinión en las páginas del semanario El Espectador. Desde estas instancias he mantenido una posición crítica al llamado proceso de desmovilización que ha conducido usted. Tengo la más firme convicción de que lejos de haber sido desmantelados o debilitados, los grupos paramilitares se han ido transformando en poderosas estructuras mafiosas.
Mucho me temo que esta situación no se modificará sustancialmente con la aplicación de la ley 975/05 y sus decretos complementarios, pues dichos instrumentos jurídicos no poseen mecanismos ni procedimientos adecuados para alterar la base económica ni para afectar el aparato coercitivo de estas temibles redes. Por el contrario, algunas de las disposiciones contenidas en estas normas refuerzan la posibilidad de que el control territorial paramilitar se mantenga bajo la forma de programas de reinserción rural o de “reparación comunitaria”.
En uso de mi derecho constitucional de petición ante las autoridades, le solicito
respetuosamente responda a las siguientes preguntas:
¿Qué información tiene su oficina sobre la existencia del grupo Autodefensas Campesinas Nueva Generación, y su Estado Mayor? ¿En qué zona opera y cuántos son sus integrantes?
¿Se trata, acaso, de un grupo que se haya desmovilizado previamente y que se encubre ahora con un nuevo nombre?
De comprobarse su existencia ¿qué medidas tomará usted ante este claro intento de intimidación contra quien ejerce el derecho a la libertad de expresión a través de la prensa por parte de un grupo armado supuestamente desmovilizado?
Quedo a la espera de sus respuestas a estos interrogantes.
Atentamente,
Iván Cepeda Castro
Director de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”
Colaborador del semanario El Espectador
(1)Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, documento E/CN.4/2006/9, párrafos 8, 23, 29,30, 77 y 78.
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Los familiares de las víctimas de la UP se pronuncian ante la campaña de agravios del Presidente de la República.
Señor Presidente: ¿qué busca usted con esta nueva campaña de agravios contra las víctimas de la UP?
El genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano durante los últimos 20 años en Colombia ha dejado, entre sus devastadoras secuelas, miles de viudas y huérfanos.
Nuestros familiares, los líderes y miembros de la UP, eran personas coherentes y honestas que murieron indefensas en atentados realizados muchas veces en nuestros propios hogares y ante nuestra mirada impotente. Además de padecer el sufrimiento de perder a los seres queridos, hemos visto cómo las responsabilidades por los homicidios y las “desapariciones” forzadas, han quedado en la impunidad. Las autoridades no han llevado a cabo su trabajo. Los asesinos gozan de libertad y, frecuentemente, de reconocimiento social. Cuando hemos exigido verdad y justicia, se nos ha perseguido implacablemente. Se ha llegado a desaparecer a familiares de los desaparecidos, o a asesinar a familiares de los asesinados
Como si esto fuera poco, afrontamos la indolencia social provocada por la justificación pública que hacen de sus actuaciones los autores de los crímenes. Durante las últimas dos décadas, hemos tenido que soportar campañas difamatorias o declaraciones públicas que legitiman abiertamente la violencia contra los militantes de la UP. En ellas se trata a los asesinados como facinerosos que merecían el cruel destino que tuvieron. Esas acusaciones se han hecho, y se continúan haciendo, por altos funcionarios estatales y por los presidentes de la República de los seis gobiernos bajo los cuales ha transcurrido el genocidio.
La propaganda que nos culpabiliza, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola de crímenes se haya convertido en un hecho normal de la vida del país.
El resultado de presentar a los miembros de la UP como una amenaza para la sociedad es que se ha configurado una situación de vulnerabilidad constante y alto riesgo que valida cualquier nueva agresión. En ocasiones, se nos obliga a dejar el trabajo o el sitio de vivienda por temor a los atentados que puedan sobrevenir; se nos niega el crédito bancario o el cupo en los colegios para nuestros hijos. En tales circunstancias, nos hemos visto forzados al desplazamiento y al exilio. El ostracismo social hace que muchos familiares de las víctimas tengan que llevar una vida anónima en un ambiente hostil. No son pocos los casos en que ellos caen en una depresión profunda que los ha llevado al suicidio.
Durante la última semana, hemos visto, con dolor e indignación, una cuña radial en la que la campaña “Uribe, Presidente” presenta a nuestros familiares como asesinos y justifica perseguirlos y exterminarlos. Al ser reclamadas explicaciones por la publicidad calumniosa, Fabio Echeverri Correa, jefe de esta campaña, respondió con insolencia a través de los medios de comunicación que se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.
No es la primera vez que el presidente Uribe busca votos a costa de nuestra tragedia. Ya en la anterior campaña para las elecciones presidenciales, afirmó que el “error” cometido con la UP era comprensible, pues no es posible querer “combinar la política con los fusiles” .
Este grave atentado contra nuestra dignidad no es solo un intento de justificar lo ocurrido. Su difusión pública es una clara incitación a la violencia que pone en riesgo nuestras vidas.
Consideramos que es inmoral pretender ganar el favor popular en las urnas denigrando a los sobrevivientes de un genocidio, incitando a que continúe la violencia contra ellos y burlándose cruelmente de su prolongado sufrimiento. No se puede legitimar el haber asesinado a nuestros familiares. Después de todos los ultrajes sufridos, y de someternos a vivir en la impunidad, ahora se quiere negarnos incluso el derecho a ser reconocidos como víctimas de un exterminio.
Señor Presidente: ¿qué es lo que busca usted con esta nueva arremetida contra nuestra dignidad, nuestro dolor y la memoria de nuestros familiares? ¿Es que acaso tampoco tenemos derecho a que se nos reconozca como víctimas?
Iván Cepeda Castro
Claudia Victoria Girón Ortiz
Familiares de Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994
María Eugenia Guzmán de Antequera
Viuda de José Antequera, asesinado el 3 de marzo de 1989
María Josefa Serna de Gaviria
Viuda de Francisco Gaviria, víctima de “desaparición” forzada el 10 de diciembre de 1987
Reina Pedraza de Posada
Julio César Posada Pedraza
Nelson Posada Pedraza
Iván Posada Pedraza
Fabiola Posada Pedraza
Jairo Posada Pedraza
Familiares de Leonardo Posada Pedraza, asesinado el 30 de agosto de 1986
Marien Quintero de Daza
Viuda de Abelardo Daza, asesinado el 2 de agosto de 1989
Tulia Sofía Vargas de Poveda
Ramiro Alfonso Poveda Vargas
Familiares de Julio Alfonso Poveda, asesinado el 17 de febrero de 1999
Hada Luz García Méndez
Tania Marinela García Méndez
Jenny Paola García Méndez
Hijas de María Mercedes Méndez de García, asesinada el 3 de junio de 1992, y de José Rodríguez García, asesinado el 26 de noviembre de 1992
José del Carmen Castro
Carolina Castro Bueno
Eugenia Castro Bueno
Claudia Castro Bueno
Néstor Morales
Fabio Castro Bueno
Deyanira Daza
Familiares de Mario Castro Bueno, asesinado el 1 de noviembre de 2002
Clara Isabel Niño de Caicedo
Madre de Pablo Caicedo Niño, víctima de “desaparición” forzada el 19 de noviembre de 1985
Sandra Guevara de Bernal
Viuda de Carlos Salvador Bernal, asesinado el 1 de abril de 2004
Cosuelo Arveláez de Santamaría
Viuda de Gabriel Jaime Santamaría, asesinado el 26 de octubre de 1989
Patricia Gutiérrez de Durango
Viuda de Heliodoro Durango Hernández
Cecilia Vélez de Gónima
Viuda de Carlos Gónima López, asesinado el 22 de febrero de 1988