Veredicto del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia
El tercer día del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, realizado en Bogotá, dio inicio con la presentación de las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo del día 17 de agosto. Posteriormente se expuso el caso de Arauca y se realizaron las denuncias contra la OXY y Ecopetrol. Finalmente, se obtuvo el veredicto emitido por el cuerpo colegiado.
En primera instancia, Milena Ochoa de la Red de Hermandad y Solidadridad -REDHER-, y miembro de la comisión metodológica explicó las conclusiones a las que llegaron las mesas de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas. En éstas se evidenciaron las graves consecuencias de las políticas extractivistas y el consecuente despojo que vienen sufriendo los pueblos desde la época de la conquista, que van acompañadas de violencia, persecución, desplazamiento y explotación de los trabajadores. Todo ello sucede con el beneplácito del gobierno nacional, a quién le interesa ampliamente promover la inversión extranjera, la cual convierte en mercancías los bienes comunes de la naturaleza y del pueblo, añadió Ochoa.
Por lo anterior, la mesa de minería denuncia a las empresas Río Paila Castilla, Mónica Semillas y empresas multinacionales mineras, energéticas y petroleras por cambiar y violar la ley, con el fin de apropiarse de millones de hectáreas; por militarizar los territorios con ayuda de fuerzas militares estatales y paraestatales que desatan lógicas de seguridad privada; por el uso de plataformas ideológicas con el apoyo de medios de comunicación, que se dirigen a poner de acuerdo a la población con las lógicas de las transnacionales; trabas burocráticas para la legalización de los pequeños mineros; extorsión de los pequeños mineros por parte de grupos armados y diferentes servidores públicos al servicio de los capitalistas; iniquidad en las normas ambientales entre los pequeños mineros y las multinacionales; transformación violenta del uso del suelo y la vocación agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria; explotación de uranio y minerales estratégicos y pérdida absoluta de la soberanía del Estado sobre los mismos; creación de empresas de papel para evadir impuestos y obtener subsidios estatales; compra de pequeñas empresas mineras; cambio de razón social de empresas para repercusiones judiciales y testaferrato; destrucción de las fuentes de agua y páramos, como el de Pisba en Boyacá.
Por su parte, la mesa de hidrocarburos denuncia: Caso del poliducto de la provincia de Lengupá en Boyacá y sus impactos sociales, políticos y culturales; caso Acacías en el departamento del Meta, por apropiación de las aguas de los ríos planas y piyabá; caso vereda los Kioskos en Puerto Gaitán, Meta, por secamiento de rios y quebradas, militarización y deterioro del tejido social; caso Puerto López – Meta, por que Ecopetrol se ha puesto al servicio de las transnacionales y no cumple su función económica y social.
En cuanto a las hidroeléctricas, se denuncia que la política energética se enmarca en políticas inversionistas del gobierno y de empresas como la Epsa, Emgesa, Endesa, Epm, Isa e Isagen; pues la producción de energía con centrales hidroeléctricas son un negocio y no un servicio, son creadas para la exportación y no para la necesidades del país. Se plantea necesario cuestionar la responsabilidad social y ambiental de las multinacionales en los territorios donde construyen los proyectos, pues se denuncia una falta de visión social de ellos. Además, NO EXISTE CONSULTA PREVIA O POPULAR; la explotación de recursos se decide y se pone en marcha por el gobierno y luego se socializa, sin tener en cuenta la opinión de los pueblos. Estas implementaciones van acompañadas con presencia militar que pone en riesgo la vida de los habitantes de los territorios. Por ello se hace un llamado a no aceptar la energía de hidroeléctricas como energía limpia o alternativa, a visibilizar la verdadera responsabilidad social y a organizarse para desenmascarar la responsabilidad del gobierno colombiano.
En segundo lugar, se presentó Luis Alfredo Cedeño, indígena Sikuani, quien denuncia el caso de la Oxy y su afectación en la Laguna de Lipa, en Caño Limón, departamento de Arauca. Se hacen acusaciones contra la transnacional Occidental Petroleum Corporation y Ecopetrol por ecocidio: por vulneración de derechos colectivos y del medio ambiente debido a daños ambientales y fallas en tratamiento de agua; intervención irregular de la zona cuando se encontraba bajo la figura de reserva natural; la incidencia en entidades gubernamentales para levantar “figura de reserva” de la laguna de Lipa; vertimiento de aguas contaminadas y altas temperaturas en esteros, caños y lagunas (el agua que se vierte esta de 57° a 61° centígrados -50% superior al permitido- , lo que ha ocasionado muerte de animales); contaminación de fuentes hídricas subterráneas; construcción de infraestructura vial que obstruye flujo natural del agua; envenenamiento y alteración del sistema de lagunas; construcción de infraestructura nueva a partir de contrato Chipirón que afecta 26,738 hectáreas; construcción de plataformas con vías férreas dentro de la laguna de Lipa.
También se les denuncia por etnocidio: por amenazar la supervivencia cultural de los pueblos Sikuani, Makaguani, Hitnu, Betoy, U`wa, Inga y pobladores campesinos; vulneración de derechos, de identidad cultural, de libre determinación y no consulta a los pueblos originarios y campesinos; vulneración del derecho a la vida de pueblos indígenas a través del pago a fuerzas privadas de represión; por ocupación y usurpación de territorios ancestrales y sagrados del cual fueron expulsados los habitantes; por vulneración a la libre circulación; por violación a los derechos humanos; por enfermedades y malformaciones que genera la contaminación en los pobladores. Se acusa al Estado, a la Oxy y su filial por participar en atropellos contra pobladores de Arauca e intervenir en el conflicto armado interno. Se les acusa también por detrimento del patrimonio de la nación, por prorroga injustificada del contrato en el que se otorga licencia y posibilidad de explotación en la zona; y por amenazas directas de la Pacific Rubiales a los pueblos Hitnu, Sikuani, Makaguani, y políticas que afectan también a los pueblos Betoy, U`wa e Inga.
Para dar cierre a este evento ético y político, Susana Deranger, Manuel Vega Vargas y Eduardo León Gómez, integrantes del cuerpo colegiado, y tras unaexposición general de las conclusiones extraídas por, hacen público el siguiente veredicto que, Alberto Castilla, Coordinador Nacional Agrario dice que el juicio debe convertirse en una plataforma de lucha para el pueblo colombiano en la defensa de nuestros territorios, ya que “a partir de mañana (19 de agosto) la tarea de éste juicio continúa”, pues es el fortalecimiento de la consciencia política del movimiento popular.
Veredicto:
En cuerpo colegiado condena a las empresas Anglo Gold Ashanti, Pacific Rubiales y subsidiaria en Meta por la violación de los siguientes derechos humanos:
violaciones graves a los derechos naturales; violación a la libertad de asociación sindical; violación al derecho a la protesta social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades, y por ser instigadores de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y organizadores sociales; violación al derecho a la alimentación, por violación de los derechos colectivos a la tierra, los recursos naturales, los derechos de participación, especialmente de la consulta previa; violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como , al desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios; violación a la legislación ambiental vigente; cercamiento de ríos y caños, daños irreversible en los ecosistemas que afectan, flora y fauna. Los condena por crímenes financieros, como evasión sistemática de impuestos, desfalco al estado en materia de regalías; por injerencia en transformación de políticas públicas para su beneficio. Condena al gobierno colombiano por entregar amplios territorio a transnacionales para explotar bienes de la naturaleza, comprometiendo la seguridad y soberanía del país; por violar derechos a los derechos humanos a la vida, la salud, la alimentación, organización, protesta social, trabajo, libre movilidad y permanencia en los territorios;, por violar derechos de pueblos indígenas y campesinos; por violar derecho al agua, a la salud, ambiente sano y derechos sexuales; por organización y fortalecimiento de grupos paramilitares para implementación de políticas extractivistas, la explotación de recursos naturales; por el empobrecimiento generalizado de amplias capas de la población; por violación de convenios internacionales de derechos humanos y los derechos de los pueblos.
Se recomienda al movimiento social popular mantener el proceso de denuncia y resistencia contra la actividad económica depredadora de las transnacionales.