Verdades con Medias
No hay destape completo, simplemente hay insinuaciones. El desnudo está completo pero se tapa con medias. Todo el mundo lo observa pero nadie lo cree. En medio del oportunismo preelectoral, de los intereses en los juegos de poder dentro del Establecimiento, todo el mundo ve el desnudo. Se habla de lo que todo el mundo percibe, aunque no cree lo que constata, la paramilitarización del país, o mejor, la Nueva Constitución, el Estado de hecho, el paraestado.
Expresidentes, excandidatos presidenciales, exministros hablaron de lo que ya muchos han hablado, la paramilitarización del país en el Gobierno de URIBE. A las afirmaciones, las ya conocidas reacciones, del que se conoce como candidato-presidente, ALVARO URIBE VELEZ, no se hicieron esperar. Pretendió salir al paso a las evidencias. La intención de tapar el sol, nuevamente la realizó a través de la sustentación en cifras de resultados de combates a los paramilitares, de la negación de la existencia de un conflicto armado y la pretensión de sepultar la categoría de delito político del código penal.
La sustentación cuantitativa del Presidente colocó en aprietos a los matemáticos y se convirtió en un problema geométrico. El Presidente URIBE en su defensa contabilizó que en su gobierno se han capturado 10 000 miembros de los grupos de Autodefensa, 2000 han sido dados de baja, y si a eso le sumamos, los más de 4000 desmovilizados, si no sumamos mal, nos da la cifra de 16.000, lo que correspondería a más del 90 % de los paramilitares controlados o neutralizados por efecto de la política de seguridad. De este modo, en la práctica la ley de impunidad, falsamente llamada de “justicia y paz” se aplicaría a escasamente el 10 % de una estrategia militar del Estado que habría sido derrotada, por que por fin, un gobierno, luego de tanta ceguera percibió que el paramilitarismo nació del Estado, que su enquistamiento era real en las esferas de lo público y que por tanto, las recomendaciones de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, de Relatores Temáticos, y las denuncias de comunidades, de organizaciones y de ONG eran una verdad frente a la cual se puso freno.
Pero a más de la capacidad númerica para tapar el desnudo, nuevos paradigmas explicativos de la realidad sostienen mediáticamente al Presidente. En coherencia con los “resultados” exitosos con el paramilitarismo, a punto de ser desterrado del país, son de una importancia inusitada para la filosofía política, el Derecho Internacional las nuevas tesis oficiales. Hoy se plantea que en Colombia, después de muchas frustraciones, hay una DEMOCRACIA, existen garantías para la oposición, el número de sindicalistas asesinados ha disminuido, hay libertad de expresión y de opinión y que por tanto, no existe razones para justificar la existencia del delito político. Por supuesto, que esa democracia soñada es existente porque los colombianos no están sometidos al terror del Estado, No hay que olvidar que desde el 2002, los proyectos de “desarrollo” se han construido con una participación activa de las comunidades como se muestra en el Putumayo, el Cauca, Magdalena Medio, Nor Orientes, Bajo Atrato.
Igualmente, los 5 millones de hectáreas apropiadas a través de la estrategia paramilitar han sido devueltas a sus verdaderos propietarios. En fin estamos en el paraíso. Por otra parte, existe una reforma urbana que posibilita acceder a techo a más de 4 millones de colombianos, al empleo. Del mismo modo, los 3 millones de desplazados han empezado a retornar, los más de 3000 judicializados o procesados injustamente han recobrado la libertad. El 60% de los colombianos ha empezado a pasar de la miseria a condiciones de vida digna.
La decisión del Candidato Presidente de exigir que de todos los documentos públicos debe desaparecer la palabra conflicto armado o que se debe iniciar en el congreso la discusión para abortar la existencia del delito político de los códigos penales, por supuesto, después de que se apruebe el artículo 64 de ley de “justicia y paz”, que blinde a los paramilitares para legalizar sus narcocapitales y narcotierras, asegurando la impunidad por los Crímenes cometidos por salvaguardar la democracia, es el colofón de ese pensamiento.
El error de lo que han empezado a destaparse nuevamente, es encubrir las verdades completas del que ha sido desnudado desde antes de la aplicación de las CONVIVIR en el Urabá. Eso es poner medias a la verdad, cuando la desnudez es completa. Con las afirmaciones de la paramilitarización en el gobierno de URIBE, se ha dicho una verdad, pero también existe el encubrimiento de una estrategia que hunde sus profundas raíces a comienzos de los 50 y que cuarenta años después se encuentra en una etapa integral de desarrollo en lo político, lo jurídico, lo económico. Sin verdad histórica, sin verdad integral no hay democracia ni posibilidad de reparación integral. Los ejercicios geométricos y epistemológicos de URIBE son retórica y cortina de humo, discurso de sirena para embobar a incautos. Pero los destapes de los partidos tradicionales, son táctica prelectoral, una cortina de humo que oculta la realidad plena. El uso de palabras, el uso de clisé no cambian la realidad ni para los que hoy gobiernan ni para los que pretende gobernar, todos comprometidos por ACCION, por OMISION, COMISION POR OMISION con el desarrollo de la estrategia criminal paramilitar. La verdad, la desnudez es de todos.
La verdad debe ser afirmada plenamente. Las preguntas formuladas por el hoy exiliado periodista, FERNANDO GARAVITO, antes de ser desterrado del diario El Espectador, y de ser URIBE Presidente de algunos colombianos, los de poderes mafiosos y no mafiosos, deben ser respondidas. Qué ha sucedido en la finca La Mundial?, por ejemplo o cuáles han sido las relaciones estrechas entre el candidato presidente y Alberto Santofimio; o cuáles las responsabilidades de la Inteligencia Militar en el asesinato de LUIS CARLOS GALAN. Los vínculos y las estrategias son la estrategias, la desnudez está, hay que interpretarla. Un periodista a escondidas de su director para conservar el puesto, hablando de la desnudez con medias: “. Cómo entender que la Finca del Presidente Uribe se encuentre a pocos metros de una de las Haciendas de Mancuso? Este país está ciego, está preso del olvido”, yo mismo vi, lo que vi pero debo callar.
Pero más allá de estas preguntas circunstanciales, que solo brindan otros elementos de afinidades para comprender el estado actual de la parainstitucionalidad, en una mirada diacrónica las preguntas se amplían y la cruda realidad se impone frente a las responsabilidades.
Acaso la paramilitarización de la política es nueva o más bien se encuentra en una nueva fase.
Qué hicieron, los expresidente GAVIRIA, PASTRANA, LOPEZ y los excandidatos como SERPA con los centenares de denuncias, de quejas que llegaron a sus despachos sobre la estrategia militar del Estado a través del paramilitarismo?
Acaso son solo políticos renombrados como SANTOFIMIO o los GARCIA, los involucrados en la narcopara política. Y que de los demás?
Y qué pasa con los empresarios que disfrutaron y disfrutan de la seguridad de la estrategia paramilitar en todo el país? De las propiedades usurpadas a sangre y a fuego convertidas e hoy emporios empresariales?
Y por qué no hablan los militares de alto, de medio y de bajo rango que han participado en el diseño de la estrategia criminal del paramilitarismo? Y cuál la de millares y de centenares de creyentes y cristianos ?
Y cuál es la responsabilidad de la comunidad internacionales, de gobiernos o de empresas privadas que cohonestaron con la criminalidad?
El paramilitarismo no ha sido solo una estrategia militar. El paramilitarismo ha sido una estrategia militar de defensa, de afimación, de imposición de un modelo de Estado, de sociedad y de organización territorial y política. Hoy asistimos a la cualificación de ese modelo, a su enquistamiento legal e institucional, a sus sustentaciones ideológicas –falsas- a sus espejismos filosóficos, jurídicos, teológicos.
Hoy aparece alguien desnudado con medias, en absoluto cinismo y sin verguenza. Las medias pretenden concentrar la mirada de la sociedad. Con el tiempo, las medias se empezaran a descoser. Los desnudados deben ser muchos más y las dimensiones de la desnudez transversales. Hasta ahora solo son unos pequeños atisbos. Las trampas de la verdad con medias son una traición a la verdad integral. La mirada a la desnudez permitirá pasar de la barbarie a lo bello, a lo sublime, al Derecho a la Verdad de la sociedad y al Derecho a la memoria de más de 40 mil Crímenes, muchos de ellos de Lesa Humanidad. A la verdad histórica urgente, útil, necesaria.
ADJUNTO
Caricatura de Vladdo, en la Revista Semana; Osuna, Betto, Garzón en el semanario El Espectador. Y los artículos de Alfredo Molano y Daniel García Peña, sobre el Delito Político y el de Felipe Zuleta
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Por Alfredo Molano
Las guerras civiles en Colombia, desde la de Independencia hasta la civil no declarada del 50, que aún continúa, no han sido sólo el “crisol donde se formó la nacionalidad”, sino también el origen de tradiciones jurídicas hasta hoy muy relevantes, como el delito político. Resulta que todas esas guerras las mandaban generales que solían ser grandes hacendados, y sus peones, como soldados, ponían los muertos. También los comerciantes y los usureros le metían el hombro, con más cálculo, por supuesto. Todas, sin excepción, eran azuzadas por políticos y frailes. El partido que ganaba la contienda redactaba una nueva constitución que regía hasta la siguiente guerra. Todos los jefes eran amnistiados, así les hubieran mochado la cabeza a los peones del otro bando, “requisado” regiones enteras, decretado impuestos obligatorios a sus contrarios, fusilado sin fórmula de juicio, secuestrado, o robado iglesias, y sus delitos, considerados conexos con la causa superior que era la rebelión política.
El delito político era pues una especie de cláusula de garantía para las élites guerreantes. El asesinato de Gaitán cambió las reglas de las guerras civiles. La plebe alzada en armas —apoyada de corazón por los prohombres del liberalismo y combatida a muerte por los conservadores— fue pronto abandonada a su suerte. La guerra civil irregular, llamada La Violencia, encontró un nuevo campo de discordia: las reivindicaciones sociales. Desde ese momento, el concepto de delito político comienza a bambolearse. La frontera entre los bandos ya no era vertical, sino horizontal. En los años 90, la Corte Constitucional abrió un boquete determinante al declarar —a instancias del general Bedoya y sus generales— que el homicidio en combate no era conexo con la rebelión. Se modificó así el artículo 127 del Código Penal redactado un siglo antes.
En 1998 —50 años del asesinato de Gaitán—, Luis Carlos Restrepo, un intelectual con éxito editorial —un poco florido para muchos—, disparó su trabuco: el origen de la violencia contemporánea en Colombia era la memoria de la sangre derramada. Hay que enterrar a los muertos —afirmó— para que no continúen gobernando, y montarlos en “cometas para contagiarlos de la liviandad del viento”. La propuesta concreta era borrar a víctimas y victimarios de la memoria colectiva, sin darse cuenta de que esa elusión era precisamente una de la causas de la mecánica bélica. Él mismo lo escribe como si estuviera hablando de los paracos de hoy: “la violencia que vivimos es el producto de la acumulación y la sedimentación de muchas guerras inconclusas y prolongadas, que terminaron legitimando el asesinato como forma de dirimir conflictos vecinales, políticos, económicos y hasta amorosos”. Pero no se enteró de su contradicción.
Hoy, siendo Comisionado de Paz con los paramilitares, ofrece la misma fórmula que criticó: legitimar las masacres y convertir el narcotráfico en delito conexo de la sedición. No es pues improvisada la receta; tiene una larga trayectoria y, asimismo, un término: el delito político será abolido de la Constitución una vez se haya firmado la paz con los paramilitares. En otras palabras, y tal como van las cosas, los guerrilleros serán considerados a partir de ese instante delincuentes comunes y no los cobijaría el proyecto que el Congreso está a punto de convertir en ley. ¿Borró ya el señor Comisionado de sus obras completas la frase en que calificó a las Farc como “ejércitos populares”?
La intención de abolir el delito político fue formulada esta semana a media lengua por el Presidente, porque supone otra nueva reforma constitucional, que podría servir de mascarón de proa de una nueva mutilación de las libertades públicas. El escenario ha sido preparado por intelectuales de alto vuelo: monsieur Daniel Pécaut —el investigador itinerante— viene afirmando que en Colombia no hay guerra civil, sino guerra contra los civiles; el señor Savater califica de legítimos sólo los crímenes de Eta durante la dictadura de Franco. Estas reflexiones inspiraron sin duda a José Obdulio Gaviria a soplarle al Presidente la tesis de que los delitos políticos no tienen cabida en una “democracia profunda” como la que será decretada en el país una vez los jefes paramilitares de Ralito se vayan para sus haciendas a disfrutar de sus narcofortunas. La impunidad cantada que merodea la ley llamada de justicia y paz no puede ser explicada sino sobre la hipótesis de que altos miembros del Gobierno, muchos congresistas, muchos más hacendados y muchísimos militares están secuestrados por los paramilitares, que amenazan con prender un ventilador gigantesco. Es mejor borrar, borrar y borrar.
alfrelano@yahoo.es
Preguntas al presidente-candidato
Felipe Zuleta
Es fundamental, con miras a las elecciones de 2006, que el presidente-candidato Álvaro Uribe responda sobre “los chismes y calumnias” que lo relacionan con los paramilitares —que hoy son, con las Farc, los otrora narcotraficantes.
Puesto que Uribe en su momento se negó a contestarles a periodistas extranjeros, acusándolos de dañar su reputación, ahora es un periodista colombiano el que hace esas preguntas, y otras adicionales, aun corriendo el riesgo de que me acuse de “reciclar basura”.
En democracia los periodistas tenemos derecho a preguntar, sin que por ello podamos ser acusados de enlodar el buen nombre del entrevistado, como suelen afirmar los dictadores. Por eso y con todo respeto por la figura del primer mandatario, pregunto:
1- ¿Es cierto que usted, siendo alcalde de Medellín, inauguró con Pablo Escobar algunas de las viviendas que éste construyó en esa ciudad dentro del plan Medellín sin Tugurios y que usted lanzó en Bogotá?
2- ¿Por qué trabaja en Palacio como su consejero José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar y quien, según Roberto Escobar, El Osito, los visitaba en la cárcel con exigencias monetarias?
3- ¿Por qué usted no ha pedido que se investiguen las conductas de William Vélez y Alberto Santofimio, a pesar de que se sabe de sus vínculos con Escobar?
4- ¿Habló usted con Alberto Santofimio después de haber sido detenido por el caso de Galán? ¿Acaso lo llamó el ex senador?
5- ¿Por qué su nombre aparece en informes de inteligencia de los Estados Unidos vinculándolo con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín?
6- ¿Por qué usted designó en el servicio exterior a personas que han sido acusadas de tener vínculos con los paramilitares?
7- ¿Recibió usted alguna vez apoyo de los congresistas Ortega, Lucena y Orlando Vásquez?
8- ¿Está usted seguro de que siendo director de la Aeronáutica Civil nunca se les expidió una licencia a empresas vinculadas con los narcotraficantes?
9- ¿Cuál fue su relación con César Villegas?
10- ¿Por qué habiendo usted extraditado tanta gente no hay sino un solo paramilitar, a pesar de haber varios pedidos por E.U.?
11- ¿Sabe usted por qué su nombre y el de su padre aparecen mencionados más de 100 veces y con fotografías en los dos tomos del libro Mi vida en el mundo de los caballos, editado por Fabio Ochoa y dedicado a Gonzalo Rodríguez Gacha?
Y por último:
12- ¿Por qué cada vez que un periodista extranjero le hace a usted estas preguntas, reacciona de manera violenta y agresiva como lo hizo con Joseph Contreras de Newsweek y Simon Strong?
Los funcionarios deben responder a las preguntas de quienes a través del voto les hemos delegado el privilegio de gobernar. El presidente no puede ser la excepción, pues así sostenga que “casi 10 mil paramilitares están presos y 1.200 paramilitares han sido dados de baja”, esto no responde a las preguntas anteriores.
Los incomprendidos
Ramiro Bejarano Guzmán
Uribe le escuchó a Fernando Savater, filósofo español derechista, el cuento de que en las democracias desarrolladas se abolió el delito político porque el ciudadano tiene garantías para ejercer sus derechos, y, por lo tanto, no puede usar las armas para protestar contra el Estado. Valido de esa tesis, el presidente quiere que hagamos lo mismo, pero no sin antes graduar de delincuentes políticos a los amigos paramilitares del Gobierno, de manera que no sólo puedan votar por él, sino, además, que no sean extraditados.
Aunque académicamente es discutible la teoría de suprimir los delitos políticos, lo cierto es que las razones que consideraron en el viejo mundo, no son comparables con lo que sucede en Colombia. Aquí no tenemos una democracia garantista, y menos bajo el régimen presidido por quien cambió la carta política en su beneficio personal para quedarse en el poder.
Algo similar puede decirse de los partidos políticos que entre nosotros andan manga por hombro, mientras que en la Europa próspera son agrupaciones sólidas y perdurables. En la República del Sagrado Corazón, por el contrario, el tema de las organizaciones políticas es tan frágil, que por poco nace un nuevo partido personalista, no para abrir espacios a los críticos, sino para reelegir por otro período al presidente y a sus congresistas aliados.
A lo anterior, agréguese que mientras en las democracias europeas las condiciones sociales no han trastocado a los ciudadanos al extremo de alzarse contra sus autoridades, aquí crecen la desigualdad y la injusticia, pues cada día los ricos son más poderosos y los pobres más miserables, como lo dijo de dientes para afuera el banquero Luis Carlos Sarmiento, cuya propuesta de un pacto contra la pobreza quedó en puro bla bla bla.
El Gobierno pretende suprimir los delitos políticos, pero después de que estén amnistiados los “paracos”, además para justificar el artificio de que no hay conflicto armado sino amenaza terrorista, que es el otro dogma falaz con el que está casado el sanedrín uribista.
Si en nada se parece la democracia criolla a las modernas europeas, ¿a título de qué tenemos que suprimir los delitos políticos? Mientras subsistan las condiciones sociales y políticas donde germinan la rebelión, la asonada y la sedición, subsistirá también la necesidad de seguir tratando a los delincuentes políticos de manera diferente que a los asesinos, ladrones y secuestradores. De lo contrario, lo que nos propone Uribe de la mano de Savater, es que copiemos de la prosperidad europea sólo la abolición del delito político, pero no las condiciones favorables que a esas naciones les permitió adoptar tan cuestionable decisión.
Nadie entiende la insuperable contradicción de pedirnos que discutamos la abolición del delito político, mientras la bancada oficial revive el proyecto para darles estatus político a los narcoparamilitares, los únicos que no deben ser tratados como delincuentes políticos. Lo mismo sucede con la alucinante revelación del presidente, según la cual, la captura de Santofimio, su amigo y aliado, se produjo porque “gracias a la Seguridad Democrática, hoy hay una justicia en Colombia que puede actuar”. ¿Qué tal? Ahora resulta que el costoso programa de seguridad democrática es un instrumento idóneo para encarcelar a los contertulios del Gobierno. De razón Tirofijo sigue tan campante. Eso, sin olvidar que los obsecuentes aplaudidores del régimen, contra toda evidencia se empeñan en sostener el cuentazo de que no fue Uribe el candidato victorioso del paramilitarismo en las últimas elecciones.
Definitivamente, comprender al Gobierno es un imposible, así se enfurezca el mesías, llamando calumniadores en nombre de la democracia que él encarna, a todos los que piensan diferente o le critican las audacias de su cuatrienio en favor de los paramilitares.
Addenda.- Si el tono de Uribe es ahora airado, intolerante y retador, ¿se imaginan lo que sería en un segundo mandato? De presidente al “Yo Supremo” de Roa Bastos.
notasdebuhardilla@hotmail.com
Disparates peligrosos
Daniel García-Peña Jaramillo
Primero fue el cuento de que no existe conflicto armado en Colombia. Luego, que no hay ni izquierda ni derecha. Y ahora nos sale con que el delito político tampoco existe. Si no fuera por tratarse del Presidente de la República, estos disparates no merecerían ni aguantarían un debate serio. Pero temo que más que unas simples lucubraciones que salen de las tertulias con José Obdulio, reflejan asuntos de fondo.
El delito político es una de las tradiciones fundacionales de la democracia liberal: no hay para mí una defensa más lúcida y hermosa del derecho a la rebelión, que la que hace Tomás Jefferson en la Declaración de Independencia de USA de 1776.
Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial en las democracias consolidadas, como las de Europa, legitimadas por amplios pactos sociales, el delito político fue desapareciendo. Las respuestas a las acciones terroristas de las Brigadas Rojas y el Baader-Meinhoff en los sesenta y setenta cerraron aún más el espacio para los delitos relacionados con la rebelión. Y el 11 de septiembre de 2001 fortaleció como nunca en el mundo la lucha contra el terrorismo.
Pero, con todo respeto, la colombiana aún no es una democracia consolidada. Si lo fuera, periodistas independientes, como Hollman Morris y Carlos Lozano, y defensoras de derechos humanos, como Soraya Gutiérrez, no estarían recibiendo las amenazas de las que fueron víctimas esta semana por el simple hecho de cumplir con sus deberes. Tampoco estarían en la cárcel veinte indígenas paeces en el Cauca ni habría órdenes de captura contra doscientos más, acusados injustamente de pertenecer a las Farc.
Por supuesto, hoy nuestra democracia es más sólida que ayer y luego de la Constitución de 1991 ha habido un proceso de construcción y ampliación de su legitimidad. Pero pensar que ya estamos en Suiza y desconocer las profundas desigualdades y exclusiones de un profundo conflicto social, es intentar tapar el sol con un dedito.
De hecho, aun en democracias consolidadas del Viejo Continente, con legislaciones muy estrictas contra el terrorismo, subsisten los espacios para las salidas políticas, como el caso del Reino Unido en relación con el Ira y como ahora vuelve a plantear Rodríguez Zapatero con Eta.
Pero quizá lo más desconcertante y contradictorio es que mientras el presidente Uribe dice por un lado querer acabar con el delito político, por otro impulsa su ampliación. Al intentar revivir el polémico artículo 64 del proyecto de justicia y paz, el Gobierno está extendiendo, mediante la redefinición de la sedición, los alcances del delito político, históricamente reservado para los rebeldes, para cubrir las acciones del paramilitarismo. También está intentando ensanchar el ámbito de la conexidad para incluir el narcotráfico, algo insólito y en completa contravía de la tendencia en el mundo y en Colombia a su reducción. Más que eliminar el delito político lo que se está haciendo es deformándolo, quitándole al rebelde el carácter centenario de delincuente político y dándoselo al narcotraficante.
Además, sería bueno que los ideólogos y analistas del Palacio de Nariño revisaran la historia para no seguir repitiendo la falsedad de que en las paces del pasado imperó la total impunidad.
Todo lo contrario: la amnistía de 1954, en plena Violencia y mucho antes de que se pensara en la Corte Penal Internacional, excluyó los “delitos atroces que revelaban una extrema insensibilidad moral” y de hecho la Corte Suprema en 1960 les negó beneficios a miembros del Ejército porque “era evidente la perversidad moral y la consecuente atrocidad de los homicidios cometidos”. La amnistía de 1982 dejó por fuera la ferocidad, la barbarie y el terrorismo. Las amnistías de finales de los ochenta y comienzos de los noventa no cobijaban delitos atroces, homicidio en estado de indefensión y barbarie. La Ley Antisecuestros de 1993, promovida por Pacho Santos, taxativamente excluye al secuestro como delito conexo.
La insensatez de insistir en lo contraevidente no sólo deja perplejos a los historiadores y a los abogados. También emberraca a las Farc, que a pesar de proclamarse bolivarianas, a veces parecen más bien santanderistas por el gran apego que les tienen a las calificaciones presidenciales.
Por ello, quizá lo más grave de la iniciativa de abolir el delito político en Colombia es que le echa un candado más a la ya muy cerrada puerta de la salida negociada al conflicto armado.
danielgarciapena@hotmail.com
Bogotá, D.C Mayo 23 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ