Verdades ante las calumnias en el Wall Street Journal

Nuestra Comisión es un organismo humanitario que acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos y víctimas de la guerra desde el marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Humanitario. Es decir, que nuestro actuar y nuestro razón de ser se basa en los principios que la conciencia de la humanidad ha ido construyendo a lo largo de los siglos para diferenciar el Estado de Derecho del Estado de barbarie.

Bogotá, noviembre 18 de 2003

Señor Director
Wall Street Journal

Reciba un respetuoso saludo.

Hemos leído con atención el artículo titulado In Colombia, Are They ‘Safe Havens’ or FARC Havens? By Mary Anastasia O’Grady, en el que se hace una alusión directa a nuestra Comisión de Justicia y Paz, y a organismos internacionales de reconocida autoridad ética y moral como Amnistía Internacional y Peace Brigades Internacional, PBI.

Sentimos profundamente que uno de los valores fundamentales como el de la libertad de expresión, haya sido erosionado con la divulgación de una nota periodística que carece de todo piso de realidad, que pretende hacer verosímil la mentira, sin siquiera haber confrontado fuentes, contextualizado o sustentado las falsas afirmaciones. A pesar que se
pretenda excusar tamaña ausencia de rigor periodístico, indicando que no fue posible consultar fuentes independientes o justificar lo dicho con la expresión, “dice el testimonio”, se ha lesionado nuestro buen nombre y el de organismos humanitarios internacionales o de derechos humanos, deslegitimando la labor que ejercemos, y se ha dejando en riesgo las vidas de los afrodescendientes y de todos los que apoyan esta iniciativa en una zona de evidente control militar-paramilitar, pues en Colombia, no pasan por alto tales afirmaciones.

Ejerciendo nuestro derecho como lectores de sus páginas y como afectados por la información noticiosa, solicitamos se rectifique en las mismas condiciones.

Nuestra Comisión es un organismo humanitario que acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos y víctimas de la guerra desde el marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Humanitario. Es decir, que nuestro actuar y nuestro razón de ser se basa en los principios que la conciencia de la humanidad ha ido construyendo a lo largo de los siglos para diferenciar el Estado de Derecho del Estado de barbarie. Esa misma conciencia que por los diversos tipos de conflicto armado de la humanidad ha ido afirmando la crueldad de la guerra, construyendo normas y principios para limitar los efectos, evitar daños inútiles e innecesarios, condenar los atentados a la dignidad humana, nos referimos al Derecho Humanitario.

Desde 1.997 las comunidades afrodescendientes del Cacarica sufrieron los horrores de una operación militar de la Brigada XVII, llamada “Génesis”, que contó con la participación de grupos de paramilitares en un supuesto ataque dirigido desde el 24 al 27 de febrero contra las FARC EP. Desde esos días , experimentaron la ruptura de los principios del Estado de Derecho, como hoy lo están viviendo desde el 13 de mayo de este año con otra operación armada contra los pobladores de uno de los lugares humanitarios.

Durante, ya casi 7 años, en medio de bloqueos económicos, de amenazas de muerte, de incursiones paramilitares, de asesinatos y desapariciones forzosas que suman 85 víctimas, de un proceso de negociación con el Gobierno Nacional acordaron un retorno en que el Estado se ha hecho presente de modo permanente a través de la Defensoría del Pueblo Nacional, de Comisiones Gubernamentales que han ido a los asentamientos de las comunidades, desarrollaron una propuesta humanitaria para mantenerse al margen del conflicto armado, para no participar directa ni indirectamente de las estrategias militares ni del Estado ni de la Guerrilla.

Esa decisión por la no violencia y por la afirmación del principio de distinción que contempla el Derecho Internacional no significó la renuncia al ejercicio de la verdad, de la justicia, de la reparación integral y de los derechos territoriales reconocidos por la ley 70.

Afirmar que no más de 60 hectáreas de tierra, en los que habita población censada por el gobierno desde hace más de seis años, dos lugares humanitarios perfectamente identificables con signos visibles y una Malla Simbólica, para que los actores armados no los involucren en la guerra, es un “campo de concentración”, remembranza de los crematorios nazis o son lugares de abastecimiento de la guerrilla o donde los líderes entrenados por las FARC dirigen a la comunidad o se amenaza, se mata y se desaparece, y se impide la atención del Estado, es absolutamente falso y perverso. Lo mismo que tomar fuera de contexto una expresión de nuestra Comisión de Justicia y Paz, en comunicación pública para señalar que cuando tanto la comunidad como la Comisión se han visto abocadas a defender esta propuesta, como población civil, ante los actores armados somos señalados como relacionados con las FARC.

Por eso, para sugerir la confrontación de tan falsas afirmaciones, le planteamos, a su periodista se tome la molestia de leer o de acercarse a otras fuentes:

¿Conoce que en su última visita a Colombia, el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en las Zonas Humanitarias del Cacarica?

¿Conoció el comunicado del Defensor Nacional del Pueblo, Dr EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, de agosto pasado, en las que hace un llamado para que cesen los señalamientos contra la comunidad del Cacarica?

¿Conoce que en los lugares humanitarios está la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo. Cómo podría ser esta entonces cómplice o guardar silencio ante tantas arbitrariedades?.

Conoce que en los lugares humanitarios han estado no por horas, ni por días, sino por semanas y meses, de modo permanente religiosas y religiosos de la iglesia católica colombiana, Obispos, pastores de iglesias cristianas de Europa y Estados Unidos, son entonces todos ellos cómplices de la actuación militar de las guerrillas?

Conoció el artículo divulgado por el diario El Tiempo, el pasado, 26 de agosto, en el que un periodista estuvo allí verificando, si las afirmaciones realizadas en una rueda de prensa, tenían sustento?

Conoció que este mismo periodista fue luego presionado o intimidado, por quién, seguramente es la fuente de su información?

Conoció el artículo del Washington Post, del pasado 20 de septiembre, acerca de las actuaciones paramilitares en la región dentro de su proceso de desmovilización y de control territorial?

Conoció los fallos de la Procuraduría General de la Nación en los que se sancionó a funcionarios de entidades ambientales por permitir aprovechamientos forestales de modo ilegal de la empresa maderas del Darién?

Conoció la Resolución Defensorial y el Amicus Curie de Octubre del 2002 en los que se hacen una serie de recomendaciones para la protección y la defensa del territorio de las comunidades afrodescendientes?

Desconoce la periodista que desde junio del 2001, los paramilitares han pretendido que estas comunidades siembren Palma Aceitera y Coca, propósitos a los que esta comunidad se ha opuesto?

Desconoce que como lo afirma el diario El Tiempo, en información del 17 de julio de este año, que los paramilitares desmovilizados se vincularían al proyecto agroindustrial de Palma Aceitera?

Desconoce que se han opuesto a la deforestación maquinizada e industrial de empresas como Maderas del Darién que ha usado de mecanismo perversos para explotar los recursos forestales?

Desconoce que esta y otras comunidades han exigido al Estado Verdad, Justicia y Reparación integral por más de 208 crímenes, muchos de ellos tipificados como de Lesa Humanidad y de Guerra, en los que existiría la responsabilidad estatal por ACCION, por OMSION y COMISION POR OMISION en los que estarían comprometidos altas esferas del Estado?

Los invitamos a acercarse a esas fuentes, a confrontar lo ustedes han escrito, a preservar el criterio de la veracidad, pues queda claro que si se duda de nuestra palabra y de nosotros como fuente de información, las pruebas anteriormente referidas podrían parecerles mas objetivas.

Detrás de lo que ha dicho su fuente del artículo, detrás de lo que ha interpretado su periodista, se ocultan las perversas intenciones no solo de desligitimar las propuestas de la población civil sino de las organizaciones de derechos humanos y de los organismos humanitarios de observación. Se oculta las presiones de corporaciones privadas ligadas a
aparatos armado para que las comunidades entreguen sus tierras, vendan sus territorios para explotaciones industriales, para que a través de la siembra de la palma aceitera se de pasó al “progreso” y a la reconciliación propuesta con la desmovilización paramilitar, es eso propio de la sociedades civilizadas.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

CARTA DEL P. JAVIER GIRALDO S.J

Bogotá, noviembre 19 de 2003

Sr. Director
The Wall Street Journal

Reciba un atento saludo.

Con gran asombro he leído en la edición del viernes 14 de noviembre de su diario, pag. A 13, el artículo titulado “In Colombia, Are They ‘Safe Havens’ or FARC Havens?.

Es difícil acumular tantas infamias en tan pocas palabras.

La Comisión de Justicia y Paz ha acompañado durante 7 años a las comunidades de San José de Apartadó y del Cacarica y ha vivido en directo el sufrimiento de varios centenares de asesinatos de sus miembros y líderes, torturas, bombardeos, desplazamientos y muchos otros actos de terror. Pero al parecer, su periódico, a muchos miles de kilómetros de distancia conoce mucho mejor que nosotros lo que allí ocurre.

Las acusaciones que ese artículo difunde contra dichas comunidades y contra la Comisión de Justicia y Paz, son las mismas falsas acusaciones que han esgrimido los que han asesinado a varios centenares de sus integrantes campesinos. Lo invito a que venga a Bogotá y vaya a todas las dependencias de la justicia y examine todas los cientos de acusaciones que hemos documentado, sin obtener ninguna justicia. Pero su periódico parece simpatizar con quienes asesinan de esa manera y blindan todos sus crímenes con impunidad.

Que Dios y la historia los juzguen a ustedes por tanta ignominia. Para eso usan su poder de difusión, poder que no tienen sus víctimas.

Ojalá tuviera siquiera la honestidad de publicar esta justa protesta.

Con gran dolor e indignación.

Javier Giraldo, S. J.