¡Vengan y Vean!

El sistema penitenciario en Colombia funciona como una infernal maquinaria colonial de degradación, destrucción y muerte de quienes tienen la desgracia de caer en sus tenebrosos recintos. Al mismo tiempo, una corrupción despiadada que se ceba sobre el sufrimiento de ciento treinta y cinco mil seres humanos mantiene el monstruoso funcionamiento de un sistema que contradice abiertamente, cada día y cada noche, la Constitución Nacional cuando señala que “ Nadie será sometido a …torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”, las Reglas Mínimas de la ONU, emitidas en el Primer Congreso de Defensa Social celebrado en Ginebra en 1955 , y todos los artículos del Código Penal y del Código penitenciario cuando hablan de la función resocializadora de la pena y el respeto a la dignidad y derechos humanos de los reclusos. ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

En 1998, la Corte Constitucional emitió la sentencia T153 en la que declaró un “Estado de cosas inconstitucional” en las cárceles de Colombia, como resultado de un hacinamiento inhumano que condena a los reclusos la vulneración permanente de sus más elementales derechos. Catorce años después, ese estado de cosas inconstitucional, se ha deteriorado aun más, antes de obedecer las medidas que decreto la Corte Constitucional en ese momento y crear condiciones de reclusión que respeten los mínimos de la dignidad humana. En el diario electrónico Rebelión la periodista Azalea Robles ha publicado una serie de arrasadores informes [1] que revelan las condiciones dantescas de los presidios de Colombia, y las maneras como en el país se ejerce la pena de muerte, con tortura previa, al desatender conscientemente a reclusos que precisan atención médica básica o alivio humanitario para su agonía.

Sin embargo, hasta ahora, las más altas Cortes de Colombia guardan silencio. La Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y el Inpec, que tienen la obligación constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos y crear las condiciones para permitir la resocialización de quienes han infringido la ley, guardan silencio. Las facultades de derecho, decanos, maestros, estudiantes, colegios de abogados, que dedican sus vidas al estudio y la práctica del valor sagrado de la justicia, guardan silencio. El Partido Político, que se autodenomina como partido de oposición, consagrado la búsqueda de una candidatura presidencial de su dirección y a controlar el cascarón electoral para otorgar avales , guarda silencio. Los medios masivos de comunicación, salvo valientes y honrosas excepciones , guardan silencio, y no sostienen una campaña que permita esclarecer y remediar lo que acontece con el sistema penitenciario colombiano.

Esta semana, los representantes a la Cámara Iván Cepeda Castro y Gloria Stella Díaz han vuelto a denunciar públicamente – después de un año de clamor no atendido – un estado de cosas tan bestial que amenaza con una explosión social en las cárceles del país y en las murallas que contienen a cientos miles de familiares que sufren en carne propia la brutalidad de un sistema indolente al sufrimiento y la devastación que produce.

La respuesta de la nueva Ministra de Justicia tiene la parsimonia de quien ni siente, ni comprende, ni adivina , el sufrimiento que causa el sistema que dirige y que debería, al menos, garantizar condiciones humanas elementales en las prisiones.”Construiremos seis prisiones, cada una para cinco mil reclusos”, “Revisaremos con el apoyo de 180 estudiantes los casos de prisioneros que deben ser liberados por pena cumplida”, ha dicho esta semana. Sin palabras. ¡¿Y mientras tanto?! ¡ ¿Y la dinámica que rellena las cárceles una y otra vez?! En Bogotá, la cárcel Modelo se ha negado a seguir recibiendo las personas detenidas que se hacinan en las estaciones de policía, por el riesgo de epidemias resultantes del infernal hacinamiento.

Miles de jóvenes, condenados al desempleo y experimentando desde temprana edad la desesperación de un orden social que les niega las condiciones de vida digna, incurren en hurtos, robos, y micro tráficos alentados por un Narco Estado que funciona como instrumento de control colonial en la región, y que, a su vez, los persigue y los arroja a la maquinaria trituradora de las prisiones para decir que combate un narcotráfico que en realidad no persigue a nivel de los grandes traficantes articulados al control social de la organización popular. Madres de quince o veinte años que abandonan en los basureros a sus criaturas hasta la muerte y enfrentan la prisión. Mientras tanto, la criminalidad de cuello blanco o los responsables del exterminio de la oposición política, o campean aún en las oficinas desde las que han usurpado los bienes comunes, o cumplen sus penas en la comodidad de los cuarteles que les sirvieron de base para sus monstruosos ultrajes.

En las veredas y en los barrios populares, la gente de abajo siente que el sistema legal y de justicia, premia o es indulgente con el delito de los grandes saqueadores y los genocidas, mientras persigue despiadadamente a quien se rebusca la vida . La cárcel es contemplada como un espacio criminógeno y de castigo brutal que aniquila la sensibilidad y los sentimientos que humanizan la existencia.

Las cárceles de Colombia están repletas de procesados frente a los condenados que las habitan. Desde la década del cuarenta del siglo pasado, las cárceles de Colombia han funcionado para reprimir a quienes piensan y se expresan en contravía del régimen imperante, a quienes intentan organizar la población maltratada para cambiar el orden imperial que sostiene un modelo que reproduce el sufrimiento social. También los prisioneros de guerra que ha arrojado el conflicto armado entre los hijos de una misma tierra se han convertido en un sector importante de las prisiones.

El personal penitenciario también es víctima de una concepción del crimen y su tratamiento que responde a un modelo de control social que considera al prisionero como un desecho y busca la continuidad de un orden económico que arrasa la naturaleza y la comunidad. Los pueblos que han habitado el territorio de lo que hoy se conoce como Colombia, tenían y tienen otras formas de enfrentar las conductas lesivas de la armonía comunitaria. El personal penitenciario tiene como objetivo principal evitar el motín, la revuelta y la fuga de los prisioneros que vigilan; la creación de condiciones humanas no forma parte de sus objetivos. No son excepcionales las subjetividades psicóticas que se cultivan en condiciones dantescas y que disfrutan infringiendo dolor. Nadie ignora que el sistema penal funciona selectivamente: persigue y castiga con dureza al más débil, al opositor , y deja en la impunidad al poderoso o al que es cómplice del sistema de poder. Nadie ignora que en las cárceles se práctica una corrupción de menor cuantía a cambio de pequeños beneficios y gabelas en las condiciones de reclusión. La gran corrupción funciona en los contratos de construcción de los centros penitenciarios, en los contratos de suministros de alimentos, en donde se mueven las grandes sumas de dinero.

Asistimos en Colombia a un acumulado social explosivo de décadas de funcionamiento de un orden colonial que destruye o convierte a los seres humanos en monstruos de indolencia y crueldad. El sistema penitenciario, como el sistema educativo y comunicacional, como la economía, claman por una revolución. Cesar el absurdo que lucra a unos cuantos, mientras convierte la vida social en un infierno. El anhelo de paz compartido por diversos sectores sociales y políticos pasa por desactivar las fuentes de la destrucción de seres humanos, donde se engendra el odio y la violencia.

El Movimiento Social Carcelario ha recogido el clamor de los prisioneros y sus familiares y ha convocado un proceso de desobediencia pácifica que haga posible variaciones que dignifiquen la vida en las prisiones. Cesar el hacinamiento infernal; transformar colectivamente, y como resultado de un debate, la politica criminal; acercar y facilitar la visita de familiares; garantizar atención en salud; permitir el ingreso a las cárceles de mujeres del mundo por la paz; cesar las extradiciones, son, entre otras, las peticiones que hace el movimiento.

http://rebelion.org/noticia.php?id=154690