¡Vaya contraste!
A propósito de Nicolás Casto, enviado a la cárcel La Picota por un severo juez que ordenó esa medida porque creó o participó en una página de Facebook en la que amenazaba de muerte al hijo menor del Presidente, todo el mundo expresó —como es apenas lógico— su rechazo a la violencia verbal del estudiante.
Lo raro es que unos columnistas uribistas y unos críticos hayan coincidido en afirmar que son exagerados la detención inmediata del universitario y el sitio de reclusión que se le impuso. Tuvieron en cuenta un contexto que el juez no se molestó en mirar: el alumno de la Tadeo no tiene antecedentes judiciales; llevaba una vida absolutamente corriente, incluyendo las consultas que hizo por internet de varios temas que un ligero jefe de Policía se apresuró a calificar como “terroristas”; no había indicios de que Castro hubiera pasado de la incitación al acto y La Picota es un antro para criminales de la peor laya y no para jóvenes irresponsables, provocadores y necios.
Se sabe que muchas personas, públicas o no, y entre ellas políticos y periodistas, vienen siendo objeto de persecución informática, sin que a nadie le importe. Se ha mencionado el odio obsesivo que despiertan entre los cibernautas Piedad, Petro, Carlos Gaviria o el propio Uribe. Sin embargo, en ningún proceso, diferente al que le da tranquilidad al hijo del Presidente, ha habido acción eficaz de la Dijín, de los fiscales o de los jueces y, claro, tampoco del grupo élite del FBI, el que, al parecer, ejecuta tantas tareas en Colombia como en su país de origen. El más simbólico de los casos sin investigación seria es el del columnista Daniel Coronell, quien tuvo que exiliarse en 2005 para conservar su vida, la de su esposa y la de su hija de seis años. Los tres fueron amenazados con coronas fúnebres que enviaban con sus nombres, llamadas telefónicas en las que se describía el centro donde estudiaba la pequeña y el color de la ropa que llevaba, y mensajes a los correos electrónicos del periodista y su abogado.
Como las quejas de Coronell no tuvieron eco, él se dedicó a desentrañar la identidad de sus enemigos hasta cuando encontró el computador desde donde se habían mandado varios de los mensajes. Pertenecía a un gran amigo del Presidente y protector de sus dos hijos: Carlos Náder. Éste admitió que los correos se habían originado en su ordenador, pero no reconoció ser su autor. La Fiscalía no pudo evitar abrirle investigación, pero no se le ocurrió relacionar el tipo penal “instigación al delito de homicidio o terrorismo” que le endilgaron al universitario Castro. Cuando tuvo que presentarse a declarar, Náder entró a la Fiscalía por el ascensor privado del Fiscal General, privilegio reservado para los grandes personajes, y fue perdonado, como correspondía, dadas sus circunstancias. Su compañero de pilatunas diabólicas, Luis Fernando Uribe, quien se autoinculpó en un video grabado en la oficina de Náder por el envío de las coronas y las llamadas, fue condenado pero nunca pisó una cárcel. Mereció beneficios. En el video que salvó al amigo del Presidente, se ve a Náder sirviéndole generosos tragos de whisky al hombre que asumió la responsabilidad de los ataques. Esta parodia de justicia no inquietó a ningún funcionario de entonces. Todos guardaron silencio, empezando por la Dijín y la Fiscalía, excepto el Primer Mandatario, quien sabiendo lo que había pasado, aseguró en una entrevista radial que Náder era “una persona simpática y divertida”. Lo de siempre: justicia para los de ruana.
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Cecilia Orozco Tascón