“Uribe está paramilitarizando sutilmente a Colombia”
Nosotras y nosotros también damos fe. Como muchas y muchos. Hoy es peor que ayer. No es el sino del tiempo, es la fase del modelo de guerra estatal que estamos viviendo. Las víctimas, los empobrecidos y los excluidos, los que afirman su dignidad y su derecho a existir en nuestra tierra, en Colombia. Nuevos mecanismos y nuevas técnicas y tácticas. Todas y todos los percibimos, aunque muchas y muchos callan. Aunque muchas y muchos se encuentran embebidos en espejismos.
El pasado 22 de abril, la periodista Lisa Silio, tituló, la entrevista realizada al Padre Javier Giraldo, “Uribe está paramilitarizando sutilmente a Colombia” con motivo del otorgamiento del Premio Juan María Bandrés, que le concedió la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), publicada en el diario El País de España, página 9.
De la declaración total del jesuita Javier Giraldo en la publicación se tomaron dos párrafos referidos a la política del Presidente Uribe: “El Gobierno de Uribe ha trazado una estrategia de paramilitarización muy sutil: la seguridad democrática. Dice que es para los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos, los indígenas… pero en la práctica éstos están desprotegidos”, argumenta. “Se han multiplicado las detenciones arbitrarias, las acusaciones, las capturas y los procesos por delitos supuestamente políticos con métodos que no permiten defenderse”.
“Uribe habló de la posibilidad de tener un millón de informantes y hace pocos días se hablaba de dos millones. Son pagados por el Gobierno y eso rompe con la moral de la información”, reflexiona. “Un desempleado encuentra que si acusa a su vecino de guerrillero se puede ganar algo para comer. Son informaciones que no son evaluadas con seriedad”.
Ante estos dos párrafos de la entrevista NOEMÍ SANIN POSADA, embajadora de Colombia en España, dirigió una carta al diario EL PAIS, que fue publicada el 25 de abril pasado, en la que expresa sus desacuerdos con las afirmaciones.
Estas afirmaciones sustentadas en el acompañamiento concreto a la tragedia de centenares de víctimas de violaciones de derechos humanos, de ser testigo, de haber actuado ante estrados judiciales, de alimentar su razón de ser desde la misión propia de un defensor de derechos humanos no fueron confrontadas de fondo, se le comparó y se le asoció con la guerrilla por parte de la embajadora.
Escribió la embajadora SANIN “Con respecto a las declaraciones del jesuita colombiano Javier Giraldo, recogidas por EL PAÍS el pasado jueves, una pregunta parece de rigor: ¿tiene razón el mencionado sacerdote cuando dice que “el Gobierno de Uribe ha trazado una estrategia de paramilitarización, muy sutil: la seguridad democrática”?
El presidente Uribe fue elegido mayoritaria y democráticamente, con el mandato ciudadano de restablecer con firmeza el imperio de la ley. Fue elegido para recuperar en todo el territorio el derecho a la vida, el ejercicio de las libertades, la justicia y garantizar el derecho a la propiedad dentro de un Estado social de derecho. El cumplimiento de este mandato, tan elemental para cualquier país por ser la esencia misma del Estado, en Colombia resultó renovador y logró el optimismo de los colombianos.
Cuando el presidente Uribe asumió la presidencia, los colombianos teníamos más territorio que Estado, el mundo entero veía con estupor la incapacidad del Estado para enfrentar el terrorismo y garantizar la convivencia. Nuestra democracia estaba amenazada y se había roto nuevamente la esperanza de alcanzar la paz a través del diálogo. Fue precisamente por la incapacidad del Estado de garantizar los mínimos derechos de los colombianos que surgió un grupo armado de extrema derecha que ha pretendido, de manera criminal, llenar ese vacío. Son los llamados paramilitares, financiados por el narcotráfico y el secuestro, al igual que las guerrillas terroristas de extrema izquierda.
Mal puede, entonces, pretenderse que un presidente que está devolviendo, por la vía democrática, la seguridad a los colombianos, sea tachado por algunos de autócrata. Mal puede confundirse el ejercicio de la autoridad legítima con el autoritarismo.
Ahora bien, hay quienes pretenden, a la luz de legítimas diferencias ideológicas, confundir la democracia con su propio pensamiento. El ejercicio de la democracia, en sí mismo, no es patrimonio de ningún partido y, afortunadamente, de ninguna ideología. Tampoco se puede pretender que una ley cuando ha sido aprobada, con mecanismos absolutamente democráticos, sea una expresión de la derecha. La ley es un instrumento de la justicia y es el marco y la frontera con los que debe actuar cualquier gobernante.
Han podido los países civilizados a través de la historia defenderse con la ley, frente a la embestida de la barbarie, de los abusos económicos o de cualquier exceso de los poderosos; ¿por qué, entonces, los colombianos no podemos, dentro del ejercicio de nuestra democracia, defendernos de la embestida de unos terroristas que han venido impidiendo nuestra convivencia y la transformación social de unas realidades inequitativas que imperan desde hace mucho tiempo en nuestro país?
Considero que el padre Giraldo, con afirmaciones de este estilo, está, guardadas proporciones, tan equivocado como el cura Pérez con la fundación del grupo guerrillero ELN”.
Tamaña finalización de la carta, analogía y comparación, no sólo pretende descalificarlo, deslegitimarlo sino que, seguramente, como para nadie es imposible negarlo, lo colocará como blanco de acciones militares de las estructuras armadas, que desde años han sido profundamente cuestionadas por su labor como defensor de derechos humanos o desde escenarios mediáticos. La gravedad no es lo dicho, es lo que se dijo de él, por parte de esta alta funcionaria del gobierno. La gravedad es que la realidad de la tragedia colombiana es así de cruda. La gravedad es que muchos seguimos ciegos.
En respuesta a la embajadora SANIN, el padre Javier Giraldo, dirigió una nueva comunicación al diario El País de España, publicada el pasado 29 de abril. Allí ratificó, sustentó nuevamente sus afirmaciones, sustentadas en centenares de casos, en investigaciones rigurosas, y lo sustancial, la razón de ser, nuestra razón de existir, desde una relación directa con las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y de aquellos y aquellos que afirman su derechos entre las espirales de violencia. De sus afirmaciones, nosotras y nosotros, también damos fe.
“La réplica de la embajadora de Colombia (carta al director del 25 de abril) a mis declaraciones aparecidas en la edición del pasado 22 de abril (página 9), concluye comparándome con un sacerdote español, quien, según la embajadora, habría fundado el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Tal exceso en la réplica refleja precisamente uno de los rasgos del Gobierno que ella representa, que consiste en asumir las acciones legítimas de protesta cívica o de reclamos hechos en los marcos de la ley como si fuesen expresiones de insurgencia armada. Hace apenas unos meses el mismo presidente Uribe calificaba a los defensores de los derechos humanos como “defensores del terrorismo”.
Si he afirmado que el actual Gobierno de Colombia adelanta un proceso de paramilitarización del país, las razones que me asisten para decirlo se distancian mucho de la lectura que hace la embajadora de la realidad y de la historia de Colombia. Ella no toma en cuenta que la estrategia paramilitar en su origen y condiciones de subsistencia ha dependido siempre del Estado, ni entiende que las críticas a la política de “seguridad democrática” del actual Gobierno se levantan desde quienes ven arruinados sus derechos a la vida, a las libertades democráticas y a la justicia, que ciertamente no son las capas acomodadas o sectores dirigentes de la sociedad, sino los sectores más frágiles de la población que son las mayorías.
El presidente Uribe ha defendido y puesto en práctica la tesis según la cual la seguridad ciudadana depende de involucrar a capas cada vez más amplias de población civil en tareas auxiliares de la fuerza armada. En ese principio se basa precisamente el paramilitarismo desde que fue impuesto como estrategia a los gobiernos colombianos, por una misión militar estadounidense en febrero de 1962, incluso antes de que aparecieran las fuerzas guerrilleras que hoy subsisten. El presidente Uribe ha llevado este principio hasta aplicaciones extremas, abriendo amplios espacios para que los paramilitares se vayan acomodando en un estatus legal, tales como los soldados campesinos, las redes de informantes y cooperantes y la articulación de las empresas privadas de seguridad a la estrategia militar. Borrar de esa manera las fronteras entre lo civil y lo militar no puede sino conducir a confundir la controversia civil con la confrontación armada y a que sea la fuerza armada la que dirima las diferencias ideológicas y políticas, continuando e intensificando los baños de sangre que marcan nuestro pasado. La misma ‘justicia’ está hoy día más determinada por actores armados, quienes confeccionan supuestos informes de inteligencia, seleccionan, preparan y remuneran ‘testigos’, recaudan ‘pruebas’, allanan residencias e interceptan comunicaciones, realizan capturas y ejercen todo tipo de presiones desde posiciones donde la imparcialidad, antaño base de toda justicia, es absolutamente imposible. El totalitarismo salta a la vista y es sufrido por quienes no comparten el modelo de una sociedad y economía sometidas a los capitales transnacionales. Si estas realidades no se viven ni se sienten desde las sedes diplomáticas, al menos debería respetarse la denuncia que se levanta desde enormes capas sociales que las sufren trágicamente.
Javier Giraldo Moreno S.J.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C. Mayo 02 de 2004