Uribe domesticó a la Defensoría
Pregunté en mi cuenta de twitter qué opinaban de la gestión de Vólmar Pérez en la Defensoría del Pueblo y dediqué un tiempo a escuchar comentarios o a leer artículos de prensa sobre el tema, no encontré una sola valoración abiertamente positiva y en cambio vi y oí toda clase de críticas al desempeño de Pérez. No puede volver a ocurrir semejante descalabro.
El gobierno y la Cámara de Representantes deben garantizar que el defensor o defensora tenga la estatura ética, los conocimientos necesarios y la más diáfana independencia para ejercer la magistratura.
En algunos casos es francamente vergonzosa la actitud del defensor saliente. Una discreción o un silencio que rayaban en la complicidad en hechos muy dolorosos para el país. En los vistosos errores, trampas y atropellos en que se incurrió en la negociación con los paramilitares y en el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz. En la infame trama donde políticos y fuerzas ilegales se robaron la salud y llevaron a la muerte o a penosas situaciones a millones de personas.
En el espionaje, las presiones y las amenazas a magistrados, periodistas y líderes de oposición fraguadas en el Palacio de Nariño. En el infame fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. En las trascendentales discusiones sobre el fuero militar. En la aguda crisis que sacude al sistema penitenciario colombiano. En la grave vulneración de los derechos que han padecido los indígenas y otras minorías. En el repudiable crimen del reclutamiento de menores para la guerra. En la tramitación de la Ley de Reparación a las Víctimas y la Restitución de Tierras.
No quiso pisar callos. No quiso incomodar nunca al gobierno de Uribe y a sus aliados políticos. Desempeñó también una lánguida función en los dos años del gobierno de Santos. Es decir, no quiso cumplir la principal función de un defensor del Pueblo que es señalar uno por uno los atropellos que el Estado o las fuerzas ilegales cometen contra la población, atender los reclamos de la ciudadanía para ponerlos a consideración de las instancias gubernamentales y del país y acompañar a las víctimas en la restitución de sus derechos. Declinó la crítica, la rebeldía, la independencia, que son los atributos fundamentales de esta instancia del Estado.
Tenía una falla de origen. Uribe y el Partido Conservador acordaron la elección de un funcionario que se limitara a realizar la gris labor de atender casos puntuales y producir informes anodinos. En desarrollo de ese pacto la Cámara de Representantes eligió una y otra vez a Vólmar Pérez que cumplió cabalmente las expectativas de quienes fraguaron su elección. La Defensoría ha quedado en un lamentable estado de postración.
Al parecer la terna seleccionada por Santos no está atada a este tipo de pacto político. Además, las hojas de vida de los ternados dan una muy buena impresión. Olga Lucía Gaitán, Beatriz Linares y Armando Otálora, no han tenido una gran figuración pública, pero tienen trayectorias profesionales respetables y conocen el oficio para el que están postulados.
En los pasillos del Congreso se dice que la persona más cercana al presidente es Linares, se dice igualmente que tiene mayores posibilidades Otálora, a quien apoyan las bancadas de La U y del Partido Liberal. Pero podría ocurrir el milagro de que los congresistas, en un momento donde abundan los cuestionamientos a la labor parlamentaria y al papel de la Defensoría, quisieran dar un voto mayoritario a Gaitán, la persona más independiente de la terna, como quiera que fue promovida por organizaciones de derechos humanos y sectores académicos.
En todo caso el nuevo defensor o defensora tendrá un papel decisivo para la historia del país. Están en curso situaciones y procesos que obligan a una transformación radical de la Defensoría. Para sacar adelante la Ley de Reparación a las Víctimas y la Restitución de Tierras es clave la vigilancia y el acompañamiento de la Defensoría; también para culminar con éxito un eventual proceso de paz, reformar el sistema de salud, impulsar los cambios en la Justicia, atender el colapso de las cárceles y obligar a las empresas petroleras y mineras a respetar los derechos ambientales y comunitarios.
http://www.semana.com/opinion/uribe-domestico-defensoria/182890-3.aspx