Uribe 2010 ¿Se agrieta el teflón?

Pareciera que la declaración de emergencia social decretada el 23 de Diciembre del año pasado (por lo menos por su nombre) fuera una confesión de boca por parte del presidente Uribe, refiriéndose al desastre social que su régimen ha provocado en todos los niveles de la sociedad colombiana en los últimos 8 años. Se esperaría entonces arrepentimiento por los yerros cometidos y un acto de contrición para redimirse, sería lo coherente. Nada más alejado de la realidad, desafortunadamente.

En realidad lo que plantea la emergencia social, lejos de ser el reconocimiento de las penurias reales del pueblo colombiano, azotado por tasas de desigualdad tan grandes como la de los países más pobres del mundo (0,58 es la calificación en el índice de Gini, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad) es una alarma para que los colombianos de a pie salven el negocio en que se convirtió la salud. Gran parte de este presente aciago se lo debemos a la ley 100, impulsada también por el doctor Uribe. Ley que con el pretexto de brindar una cobertura universal en salud, tener mayor eficiencia en el servicio y brindar mejor atención a los pacientes, trasladó el papel del estado como responsable de la salud de los colombianos a las entidades promotoras de salud, erigiendo un modelo privatizador que ha generado sobrecostos enormes en el sistema de salud precisamente por el papel que cumplen estas como intermediarias.

Básicamente lo que se infiere del decreto 4975, con el cual se reglamenta la emergencia, es que los colombianos se están descarando con las EPS. Los pacientes en un acto de desfachatez agudo y de desmesura extrema, están contrayendo enfermedades más complejas y que requieren tratamientos largos, por ende están demandando medicamentos y procedimientos más caros, poniendo así, por culpa de su insalubridad, en peligro al “sistema” y generando un grave problema de “iliquidez” para los intermediarios de la salud, dejando sin ganancias más jugosas a los comerciantes de la enfermedad. Definitivamente hay que tener cara dura para proteger a los grandes negociantes del país en desmedro de los derechos fundamentales de la gran mayoría de la población.

Así se enuncia parte del decreto en cuestión:

“…el crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud comprometen de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento generando un grave deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”… “la prestación de estos medicamentos y servicios se ha venido generalizando, de manera sobreviniente e inusitada lo cual pone en riesgo el equilibrio del Sistema.”

Esta declaración de emergencia claramente busca solo beneficiar a unos pocos, a los de siempre. Es por eso que se entiende que después de haberse pronunciado más de medio país en contra de estas medidas nefastas, incluyendo a los médicos, científicos y estudiantes en las diferentes ciudades del país, las únicas que han guardado silencio han sido las EPS. No hay que patear la lonchera dicen por ahí.

Después de todo no es de sorprender que en nuestro presente hay quienes sigan nombrando a las cosas que no son como si fueran, en un esfuerzo enorme por ocultar la verdad. De hecho esa ha sido una de las mejores y más frecuentes armas utilizadas por este gobierno, que ha tenido una gran habilidad para nombrar eufemísticamente los horrores más grandes que bajo él y con consentimiento de él se han cometido. Desde la llamada ley de justicia y paz hasta agro ingreso seguro, desde familias en acción hasta los falsos positivos o desde la confianza inversionista hasta la seguridad democrática.

También desde la casa de Nariño, se intentan reencauchar políticas de recompensas han sido una constante por muchos años en el país. La última de ellas es llamada “estudiantes informantes” (otro engendro para la lista de eufemismos) donde se les da una “bonificación” de 100 mil pesos mensuales a estudiantes para que denuncien conductas delictuales dentro de sus ámbitos estudiantiles. Políticas de este tipo no escasean en la vida política del Doctor Uribe, en las que contrario a alentar y fomentar la cultura ciudadana de reciprocidad y apoyo, se impulsa la moral mafiosa de denunciar a cambio de alguna retribución económica, restándole importancia a la ética y el valor civil que debe tener una sociedad.

Este es el gobierno que le pagó una recompensa a alias “Rojas” como premio por haber matado y haberle cortado la mano a alias “Iván Ríos” quien fuera su jefe y miembro del secretariado de las Farc. Este es el gobierno que después de la entrega de alias “Karina” líder guerrillera de las Farc, a la que catalogaba como una sanguinaria y cruel terrorista, la nombró gestora de paz con el objetivo de coaccionar a las filas guerrilleras. Este es el gobierno que a través de la directiva ministerial 029 de 2005, le puso precio a los muertos en combate, provocando en muy poco tiempo la perpetración de más de mil crímenes de estado a la fecha y en espera de que finalicen mas investigaciones. El mismo estado que ha salido raudo a defender a sus militares y policías por estos casos, pidiéndole incluso a la defensoría del pueblo que se apodere de estos procesos, dejando por otro lado a las víctimas en total desolación y abandono llorando sus muertos y clamando justicia.

Con esta abrumadora cantidad de hechos que suceden y se suceden en nuestro país y que muestran como desde casi todas las esferas del poder se cometen o se promueven acciones que atentan contra la integridad de los colombianos, resulta de un cinismo aberrante que el presidente Uribe hable y se ufane en foros universitarios, de la autoridad moral de un gobierno que nunca la ha tenido. La autoridad moral se gana con hechos de justicia, trasparencia y equidad, objetivos todos estos que están lejos siquiera de los trazados por él y que van en contravía del proyecto de país que se plantea la cúpula Uribista.

Y es que es usual que en Colombia las cosas operen al revés o por lo menos esa parece ser la vía que nos han impuesto los que manejan los hilos del país. Los corruptos, los ladrones, los mediocres, los criminales, los aduladores, son premiados con cargos diplomáticos y son favorecidos con negocios, siendo además arropados bajo la protección y complicidad del Uribismo.

Mientras que a los que se atreven a decir la verdad y ponen el dedo en la llaga, los persiguen fieramente las agencias del estado, los buscan enjuiciar o simplemente los censuran. Hollman Morris, Alfredo Molano y la revista Cambio son los ejemplos más recientes de esta persecucion.

Morris, reconocido periodista y productor colombiano perseguido por años por las agencias del estado, se atreve incluso a señalar a el jefe de estado como “el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 en contra del periodismo y la libre expresión en el país “, aseveración hecha después de presentar pruebas y testimonios en la fiscalía general de la nación y la corte suprema de justicia y los cuales “señalan la responsabilidad del jefe del Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición” según lo explicó. Alfredo Molano sociólogo y periodista que fue llevado a los tribunales por una poderosa familia de Bolivar sindicado de injuria y calumnia, proceso del cual afortunadamente salió absuelto, pero el cual muestra que la libertad de opinión es privilegio de pocos en el Uribato. Y para cerrar el coctel de hostigamiento y censura, en una decisión que fue todo, menos económica, la casa editorial El Tiempo decide convertir a Cambio, una revista líder en investigación y denuncia, en un magazín de variedades, en una clara decisión política que castiga la libertad y la autonomía de una de las pocas publicaciones críticas que subsisten en el país.

Señalados estos puntos y dadas ciertas condiciones en el pensar y el sentir colectivo, el presidente Uribe pasa uno de sus momentos más complicados en el gobierno. La reelección que tanto anhela y tanto busca solo ha recibido el guiño de su procurador de bolsillo y de los áulicos de siempre, que sin embargo esperan también su oportunidad de gozar y succionar las mieles del poder. Existe un rechazo internacional a muchas de las acciones llevadas a cabo en su política de “seguridad democrática”, el TLC por el cual ha entregado tanto (nuestra soberanía, nuestro porvenir, nuestro desarrollo) se encuentra vagando en el limbo y las bases militares lo único que han provocado en Latinoamérica es un repudio inefable.

Al parecer el “teflón” que lo protegió durante casi 8 años, empieza a desmoronarse. La coraza que construyó a punta de prebendas, demagogia, populismo y corrupción parece estar derruyéndose a pasos agigantados.

¿Será que el tan mentado -y además inventado por él- estado de opinión ahora lo respaldará? ¿Repelerá a las masas? ¿El Mesías, ahora que se le revierte, defenderá de la misma manera el estado de opinión por encima del estado de derecho?

Es hora de transformar sustancialmente la realidad de un país que tiene todas las condiciones para progresar y desarrollarse en beneficio de su población y no solo de unos pocos.

Tenemos que transformar el país de Macondo, este país que nos deleita con el realismo mágico pero que nos desangra con el fatalismo cotidiano.