Urgente denuncia bajo Ariari
Ametrallamientos, abusos de la Fuerza Pública y nuevas detenciones se han producido en el Bajo Ariari, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Algunas de las actuaciones han contado con la presencia de agentes de los Estados Unidos.
De acuerdo con la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL SECTOR DEL RIO GUEJAR, el pasado 26 de noviembre se produjo en el caserío Santa Lucía, una nueva detención colectiva.
La Comisión del Río Quejar llama a la solidaridad nacional e internacional para exigir al Estado colombiano, las garantías para la defensa y el debido proceso, llama a una actuación en sana crítica ante los eventuales montajes judiciales, al Procurador General de la Nación se asigne un Procurador Especial para que vigile el desarrollo del proceso.
Adjunto la ACCION URGENTE de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL SECTOR DEL RIO GUEJAR Calle 17 N° 10 – 16 Oficina 104 Teléfono 282 8871
comunidadesbajoariari@yahoo.es.
La acción URGENTE comprende una reseña de situaciones de Mayo, Septiembre y la más reciente de noviembre de este año
NUEVA DETENCION MASIVA EN LA REGIÓN DEL BAJO ARIARI EN CONTRA DE CAMPESINOS, COMERCIANTES Y HABITANTES DE LA VEREDA SANTA LUCIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO (META), POR UNIDADES DEL EJÉRCITO Y EFECTIVOS DE LA FISCALIA CON PERSONAL ENCAPUCHADO
La Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari (Meta), tuvo conocimiento que el día 26 de noviembre de 2006 en la vereda Santa Lucía jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta) siendo aproximadamente las 5:00 a.m., unidades del ejército nacional, al parecer con efectivos de la fiscalía No. 21 de Villavicencio realizaron un operativo y detuvieron a 10 personas. Entre ellas se encuentran reconocidos comerciantes de la región y gentes del común.
La Comisión de Derechos Humanos expresa su preocupación y a la vez exige al Fiscal General de la Nación asigne un fiscal especial con sede en Bogotá para que asuma la investigación y a su vez solicitamos al Procurador General de la Nación se comisione un procurador especial para que vigile el desarrollo del proceso. La presente solicitud la hacemos basada entre otros, por los siguientes hechos:
El día 13 de septiembre de 2003 unidades de antinarcóticos de la policía nacional siendo aproximadamente las 8:00 a.m. irrumpieron en el mismo caserío de Santa Lucía ametrallando a su alrededor con tres aviones kafir, cuatro helicópteros Black how, tres helicópteros arpías, un avión inteligente y el avión fantasma. Este despliegue causó graves daños sicológicos en la población civil especialmente en niños, ancianos de la tercera edad y mujeres en embarazo.
Además destrozó el techo de la escuela de la localidad, averió el tanque de almacenamiento de agua para el acueducto, fueron impactadas varias viviendas y además hubo saqueos de joyas y dinero en efectivo como lo denunció oportunamente las juntas de acción comunal de la región. Este operativo fue realizado con personal norte americano y se detuvo de forma arbitraria a 32 personas, campesinas, comerciantes, jornaleros, educadores y se allanó de manera ilegal el SAI de Telecom, sustrayendo dinero y deteniendo a la operadora. Los detenidos fueron tratados con palabras soeces, amarrados y esposados y trasladados a San José del Guaviare donde fueron acusados como milicianos y auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Entre los capturados por lo menos existen dos personas a las cuales el día 26 de noviembre de 2006 nuevamente se les priva de la libertad (Anexamos copia de la denuncia de los hechos del 13 de septiembre/2003).
Las 32 personas fueron mostradas a la prensa como delincuentes de alta peligrosidad y posteriormente trasladadas a la cabecera municipal de Puerto Rico y puestos en libertad.
Causa especial preocupación la forma como se realiza este nuevo operativo, máxime cuando la junta de acción comunal de esta vereda informa que dentro del personal que realizó esta operación había personal encapuchado adquiriendo con anterioridad el viceministro de defensa y el comandante de la cuarta división el compromiso de no realizar más operaciones con personal que ocultara su rostro, en reunión realizada el 3 de junio de 2006 en la localidad de Puerto Toledo (Meta).
El día 31 de mayo de 2006 Unidades de la policía antinarcóticos que hicieron presencia en la vereda Santa Lucia jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta), detuvieron a los señores: MARIA ISABEL CAÑON ALAPE, MARCELA ROMERO, JOSE VICTOR VAQUERO, JOSE ALONSO RODRIGUEZ OSPINA, LEONIDAS BELTRAN DIAZ, LUIS ALEXANDER SALAZAR, JOSE NORVEY LOAISA, posteriormente fueron trasladados a la granja agrícola “La Margarita”, embarcados en un helicóptero de la fuerza aérea, indagados por la fiscalía y puestos en libertad el 8 de junio de 2006.
La vereda Santa lucía del municipio de Puerto Rico se ha caracterizado por la organización y el emprendimiento de la población campesina en el desarrollo social y comunitario al punto que en esta misma funciona la sede de la granja agrícola “La Margarita” y la sede de la Asociación de Agricultores del río Güejar “AGROGÜEJAR”, sede que ha sido ocupada de manera ilegal por unidades militares, causando graves daños a sus instalaciones como lo hizo conocer oportunamente la asociación campesina.
Además como Comisión de Derechos Humanos hemos dado a conocer presuntos hechos graves de violación a los derechos humanos que acontecen a diario en nuestra región, casos que van desde el hurto de pertenencias de los campesinos, violación o acceso carnal violento, y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública.
Masacres, desapariciones, chantajes, boleteos y asesinatos cometidos por grupos al margen de la ley especialmente paramilitares.
Llamamos entonces la atención a usted señor fiscal y procurador para que de manera urgente se de curso positivo a nuestra petición y se garantice la vida, la honra y además se de efectivo cumplimiento a las garantías constitucionales de el debido proceso en contra de estas personas que fueron privadas de su libertad y a su vez se garantice que la comunidad de Santa Lucía (Meta) no podrá interpretar estos hechos como una persecución abierta a su actividad social y comunitaria.
La Comisión de Derechos Humanos no quiere interferir en la actividad constitucional de la fuerza pública y de los organismos encargados de administrar justicia pero recuerda:
“Que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulo de los tratados y convenios internacionales sobre el Estado Colombiano”.
Las personas víctimas de esta detención masiva son:
JOSE FRANCISCO VEGA PEREZ
JOSE ALIRIO RUBIO CALEÑO
ALIRIO RUBIO PALOMINO
ELKIN GIOVANNY RIAÑO PARRADO
JOSE DONATO DIAZ ACOSTA
LUIS GELACIO VALENCIA GIRALDO
AIDA MARLENY PARRA GONZALEZ
LUIS ALBEN ORTIZ VARGAS
MIRYAM VERA
JOSE EUCLIDES VIRGÜEZ
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos a elevar pronunciamientos de solidaridad con las personas detenidas y a rechazar de manera urgente este nuevo hecho de persecución en contra de las comunidades campesinas víctimas de la presión desarrollada con motivo de las operaciones militares del Plan Patriota.
Cordialmente
Bogotá, 29 de Noviembre 2006
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL SECTOR DEL RIO GUEJAR