Urge protección a la población civil de los municipios de Suarez y Buenos Aires
Cinco indígenas muertos en el corregimiento de Robles vereda Agua Bonita y enfrentamientos en el Consejo Comunitario de Bella Vista
Las organizaciones abajo firmantes ante el estado de cosas que vienen sucediendo en el departamento del Cauca y reafirmando la exigencia que se ha hecho desde hace varios años a los actores armados por parte de las comunidades indigenas, negras, campesinas, sectores urbanos, organizaciones sociales, sindicales, y defensoras de derechos humanos de cese bilateral del fuego, hacemos un llamado urgente a los representantes del Gobierno y de las FARC en la mesa de negociación de la Habana, para que se pronuncien de manera franca, abierta y rápida ante las comunidades que sufren las consecuencias de estas nuevas confrontaciones y se comprometan a acatar las normas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional Humanitario.
Exigimos respeto a los protocolos I y II de Ginebra TÍTULO IV – POBLACIÓN CIVIL, artículos 13, 14,15, 16, 17 y 18, en especial el articulo 13 “ 1.- La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. “2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.” “3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.”
Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos exigir a las partes respeto a la población civil y compromiso inmediato de cese bilateral del fuego, relatamos a continuación los últimos hechos.
Al momento de terminar la presente denuncia nos informan que las comunidades negras e indígenas están confinadas, no cuentan con energía, ni agua potable, mientras el gobierno nacional anuncia bombardeos en la zona sin tener en cuenta la situación de las comunidades que habitan estos territorios.
Las vidas Afrodescendientes e Indígenas no son de segundo plano
Violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el Norte del Cauca
A partir del 12 de abril, la confrontación entre el Ejercito Nacional y la Guerrilla de las FARC, se intensificaron en los municipios vecinos de Buenos Aires y Suarez. Además de los once soldados asesinados en el Municipio Buenos Aires el 14 de abril, varias comunidades Negras e Indígenas están confinadas en medio del fuego cruzado por los intensos combates. Cinco civiles fallecieron como resultado del combate en la vereda de Agua Bonita en el corregimiento de Los Robles en el municipio de Suarez, Cauca. El combate actualmente tiene confinadas a las comunidades del Consejo Comunitario de Bella Vista.
El gobierno colombiano y las FARC tienen que sacar las comunidades civiles del conflicto armado. Los actores armados deben respetar la vida, los territorios, y las formas de organización propias de las comunidades.
En el 10 de abril de 2015, Fiderson Guillermo Pavi Ramos – un líder Nasa de dieciocho años – recibió disparos a pocos metros de una trinchera del ejercito y el ESMAD en el municipio de Caloto sector de la Hacienda Emperatriz. El ESMAD bloqueo la vía cuando varias personas intentaron llevarlo al hospital más cercano impidiendo que fuese atendido oportunamente. El 13 de abril, Medicina Legal confirmo que él fue asesinado después de haber sido impactado tres veces. A lo largo de los últimos cinco meses, la Fuerza Publica ha usado fuerza para reprimir a las comunidades indígenas del Norte del Cauca que están reclamando las tierras usurpadas por las compañías cañeras a las comunidades negras e indígenas que han habitado históricamente este territorio.
Estas violaciones ocurren en un contexto de amenazas y ataques en contra de movimientos, líderes y lideresas Afrodescendientes e Indígenas por los grupos paramilitar los Rastrojos comandos Urbanos y las Águilas Negras del Valle del Cauca. Los paramilitares explícitamente dicen que amenazan a las comunidades porque éstas están resistiendo la minería del oro por foráneos en la región. Solamente en febrero de 2015 amenazaron a veintidós líderes y lideresas Afrodescendientes e Indígenas.
Muchos de los conflictos en el Norte del Cauca se han generado y se mantienen porque el estado colombiano no da las garantías para que se respeten los derechos colectivos de Afrodescendientes e Indígenas a la autonomía y la autodeterminación. Por más de veinte años, el gobierno ha agravado el conflicto porque sistemáticamente ignora acuerdos y leyes que traerían paz y justicia a la región.
Recomendamos que la comunidad internacional debe exigir al gobierno colombiano:
· Respetar el Derecho Internacional Humanitario y proteger las vidas de los civiles.
· Implementar las siguientes leyes, derechos y acuerdos oficiales: Decreto 92 de 1999, Sentencia 21630 del Consejo de Estado, los autos 004, 005 y 092 de 2009, la Sentencia T1045-A de 2010 de la Corte Constitucional.
· Cumplir los acuerdos con las comunidades Negras del 9 de noviembre del 2013 en Popayán, los Acuerdos del 7 de Mayo del 2014 en Santander de Quilichao y los Acuerdos del 11 de Diciembre del 2014 en Bogotá.
· Investigar y enjuiciar los autores intelectuales y materiales de amenazas, ataques y asesinatos en contra de lideres Afrodescendientes e Indígenas en el Norte del Cauca
· Garantizar supervisión, monitoreo y veeduría realizada por la población civil, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sobre las acciones de la Fuerza Publica del Cauca la cual debe ser transparente y efectiva.
· Proveer ayuda humanitaria para las comunidades amenazadas, confinadas y desplazadas y establecer un registro apropiado para el apoyo.
· Garantizar las condiciones para una misión de verificación internacional que de cuenta de la situación en que se encuentran las comunidades confinadas.
Proceso de Comunidades Negras (PCN)
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)
Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC)
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado – Capitulo Valle
Sintraemcali
Sintraunicol
Resguardo Indígena de Honduras
Cabildo Cerro Tijeras
Congreso de los Pueblos – Valle del Cauca
Alexander López Maya – Senador de la Republica
Corporación Justicia y Dignidad
Organizaciones Internacionales
Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Colombia Land Rights Monitor
Latin Amerd
ica Working Group
War on Want
Washington Office on Latin America (WOLA)
UNISON
Colombia Solidarity Campaing
Movimiento Jaguar Despierto