Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre.

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”. Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171). Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”. Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”. En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado 28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”. Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Imagen: CINEP.

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