Una relación comercial de varios años
Hace casi dos semanas, en pleno escándalo generado por las evidencias públicas que existen sobre un supuesto cartel de contratación en Bogotá, el recién posesionado director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Néstor Eugenio Ramírez, recibió en su despacho a un empresario. Se trataba ni más ni menos que del ingeniero antioqueño Willíam Vélez Sierra. Un poderoso hombre de negocios, quien a sus 68 años es considerado el zar de las concesiones y grandes contratos de obras públicas.
El hombre de pocas palabras y términos precisos preguntó con vehemencia y agudeza paisa al expectante director del IDU por un asunto que se ha convertido en el dolor de cabeza de los bogotanos: las obras de la calle 26 para adecuar el funcionamiento del sistema de transporte masivo Transmilenio.
Un testigo de la reunión le relató a El Espectador que en esencia lo que Vélez quería saber era su situación y la de la empresa Megaproyectos, de la cual es prácticamente su propietario. Un negocio en donde resultó asociado con las empresas del denominado Grupo Nule, a través de la Unión Temporal Transvial, y obtuvieron un jugoso contrato con el Distrito estimado en $315.000 millones.
No era la primera vez que el propio Vélez acudía al IDU. Días antes ya había estado en la entidad en otra reunión tratando asuntos similares. Al respecto, Néstor Ramírez, director del Instituto, precisó que fueron encuentros en donde él, como funcionario, está en la obligación de recibir a quien lo solicite.
Aunque a la luz de cualquier reflector puede ser visible, no deja de inquietar que los encuentros del empresario Vélez se den precisamente en momentos en que está a punto de resolverse un asunto vital para el Distrito Capital, la devolución o no por incumplimientos del consorcio del que él forma parte a través de su empresa Megaproyectos de $72.796 millones.
Y es que en apariencia, y ante los ojos del mundo empresarial, William Vélez Sierra y su denominado grupo de empresas Ethuss, así como el conocido Grupo Nule, dicen que son como el agua y el aceite. Pero esta vez penden del mismo cordón umbilical en el Distrito: uno de los tramos de la calle 26.
El Espectador consultó a uno de los directivos del Grupo Nule y éste extraoficialmente comentó que esta es una relación de vieja data, específicamente con la empresa Megaproyectos. Fue hacia 2005 y a través de un profesional llamado Ómar Ferreira, quien los invitó para que formaran parte del proyecto. “Buscábamos a esa empresa reconocida que nos acompañara y junto con otras cinco hicimos la Unión Temporal Transvial”, comentó el dirigente.
Una alianza que integraron las empresas Megaproyectos S. A., Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A. Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda. y Translogistic S. A. y que se selló el 21 de diciembre de 2007 cuando resultaron ganadoras de una parte de la millonaria licitación de la calle 26.
Megaproyectos S. A. es una compañía de Cali que presta el servicio de alumbrado público y navideño en Cali, y que recientemente fue galardonada por su gestión en salud ocupacional.
Así las cosas, y en menos que cantara un gallo, la empresa de Transporte del Tercer Milenio-Transmilenio consignó a la cuenta conjunta de Transvial en el Banco de Crédito un anticipo de $81.246 millones. De esta manera la alianza empresarial entre William Vélez y los Nule quedó sellada, además de los documentos y la propuesta para desarrollar la obra, por una fuerte suma de dinero público.
Mientras tenían los bolsillos llenos, en la obra asustaban. Ni maquinaria ni obreros se veían por la calle 26. Empezaron entonces múltiples requerimientos del Consorcio Intercol, encargado de la interventoría para conocer del buen manejo y correcta inversión del dinero sin obtener respuesta. Aparentemente se iniciaron las obras el 17 de junio de 2009 y, luego de al menos 15 requerimientos al IDU, quedó claro que la unión de la empresa de William Vélez con los primos Nule no resultó efectiva.
“No cumplió cabalmente en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo en la etapa de construcción; no adelantó las obras de construcción dentro de los tiempos de ejecución pactados; no adelantó las obras de ejecución de desvío necesarias; no mantuvo los equipos, materiales y personal necesario para la ejecución de obras; no cumplió con la aplicación del manual de interventoría del IDU; no hizo entrega oportuna de la actualización de los diseños e incumplió sus obligaciones con los subcontratistas”, sentenció la compañía interventora.
Como si fuera poco, las acciones de las autoridades implicaron que a comienzos de este año se ordenara el embargo de 11 cuentas corrientes de la Unión Temporal Transvial, que fueron abiertas luego de que recibieron el millonario anticipo.
Con el agua hasta el cuello, el 28 de enero de 2010 el IDU inició el procedimiento de caducidad del contrato e informó del asunto a la aseguradora Segurexpo de Colombia, con el fin de hacer efectiva la póliza de garantía del proceso. No obstante, para evitar un litigio y la parálisis de las obras que hasta ese momento poco avanzaban, la empresa decidió ceder el contrato a la firma Promesa de Sociedad Futura Grupo Empresarial Vías Bogotá. Un asunto que fue aceptado por el IDU el pasado 17 de febrero.
Entre tanto, las pesquisas por el manejo del millonario anticipo que se entregó para comenzar seguía su curso. Y nuevamente la investigación ratificó que Transvial hizo un mal manejo de los recursos. Según el Instituto: “Es evidente con este manejo que los recursos se encuentren en manos de terceros que no ejecutaron la obra, configurándose como una apropiación indebida de los recursos”.
Incluso el IDU recalcó que: “El contratista para el giro de los recursos del anticipo presentó los respectivos soportes, pero nunca los documentos requeridos para su legalización como facturas o documentos que acreditaran la inversión de estos recursos en la obra”.
En consecuencia, el pasado 26 de marzo el IDU declaró la ocurrencia del siniestro por el manejo del anticipo y ordenó el pago de $72.796 millones. Una determinación que fue apelada por el consorcio Transvial de Vélez y los Nule. Sin embargo, extraoficialmente se conoció esta semana que el Instituto está evaluando la opción de embargar algunos activos de los dos grupos empresariales.
En menos de 15 días la entidad distrital tendrá que decidir si ratifica la determinación o la revoca. Por eso, muchos no ven con buenos ojos que ad portas de tomarse una decisión definitiva, uno de los afectados con la medida, el ingeniero y empresario William Vélez Sierra, acuda al despacho del director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, a tratar asuntos derivados seguramente del litigio.
Asimismo, el jueves el director del Fondo Internacional Hansa Holdings, Alberto Hernández, anunció que en compañía de Invertotal y de una nueva empresa denominada Solutions & Infraestructure Technologies Colombia (SIT), manejará todos los bienes del Grupo Nule. Y que Manuel y Miguel Nule, así como su primo Guido, entregaron sus derechos como accionistas y renunciaron a su carácter de administradores.
De igual manera, se conoció que, aunque han avanzado las obras de la 26 que cedieron, existen algunos litigios entre Transvial y Conalvías, que la recibió y actualmente adelanta los trabajos, un asunto que desconoce el IDU.
Es claro que queda mucho pico y pala por echar en una obra en problemas, que desde hace varios años tiene juntos a un curtido empresario paisa y a unos muchachos costeños que alcanzaron a tocar el sol con las manos.