Una página de prensa es suficiente…
El martes pasado, el presidente santos anunció que recortaría el mandato en nuestro país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)”, con el argumento de que Colombia “ha avanzado lo suficiente” para no necesitar “más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”.
Pero una sola página de la prensa matutina de ese martes era suficiente para contradecir ese diagnóstico presidencial. En efecto, la página 6 de la edición impresa de este diario divulgó ese día dos noticias muy preocupantes.
Primero, supimos que había sido asesinado José Segundo Turizo, un líder que impulsaba la restitución de tierras en el Magdalena Medio. Con su muerte, el número de reclamantes de tierras asesinados supera los 70 y prácticamente todos los crímenes están en la impunidad. Y esos asesinatos no sólo han provocado un terrible sufrimiento, sino que han puesto en riesgo el éxito del programa bandera del Gobierno en derechos humanos: la restitución de tierras.
Segundo, el periódico informaba de un reciente fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que trasladó a la justicia militar el caso del teniente coronel Carlos Suárez, investigado por falsos positivos. La razón de ese traslado: la aplicación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno y que fue aprobada el año pasado, la cual amplió considerablemente el fuero militar. Existe entonces el riesgo de que, por esa reforma constitucional, todos los falsos positivos vayan a la justicia militar y queden en la impunidad, a pesar de que el Gobierno dijo que eso nunca iba a ocurrir.
Esos dos hechos, entre otros, muestran que, por razones distintas, en Colombia subsisten problemas de derechos humanos muy graves.
En el primer caso, el problema es de incapacidad estatal, pues las autoridades no han podido ni sabido proteger adecuadamente a los reclamantes de tierras. En el segundo, el problema es de visión, pues el Gobierno impulsó voluntariamente una reforma constitucional regresiva en derechos humanos, como fue la ampliación del fuero militar. Ambos casos, por razones distintas, justifican entonces la presencia en Colombia de la OACNUDH, ya que ese organismo tiene, entre otras cosas, funciones tanto de asistencia técnica como de monitoreo.
Ahora bien, la asistencia técnica internacional es útil para intentar superar incapacidades estatales, como las que existen en la protección de los reclamantes de tierras. Por su parte, el monitoreo llama la atención para prevenir o sancionar actos o medidas violatorias de los derechos, como lo fue la desafortunada ampliación del fuero militar. Fue en parte gracias a los informes anuales de la OACNUDH que los colombianos nos enteramos de la magnitud y gravedad de los falsos positivos. ¿Por qué entonces rechazar estos apoyos y controles?
Es contradictorio que este Gobierno, que dice estar comprometido con los derechos humanos, haya tomado esta decisión de acortar el período de la OACNUDH.
* Director Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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