Una historia más que bicentenaria Los dueños de la cuenca del río Naya
Hace más de 300 años, después de diezmar a la población aborigen que habitaba en la cuenca del río Naya, hoy departamento del Cauca, los españoles introdujeron en la región un contingente de esclavos africanos que fueron por muchos años el soporte de la explotación minera. Tres siglos después, la lucha por la propiedad de esas tierras acaba de propiciar una sentencia de la Corte Constitucional que busca ponerle fin a una insólita discriminación de las comunidades afrodescendientes del Naya.
El origen de esta controversia data de diciembre de 1999, cuando el representante legal del Consejo Comunitario del río Naya, Isabelino Valencia Rodallega, solicitó la titulación colectiva, en calidad de tierras de las comunidades negras, de un terreno de 200.000 hectáreas para que unas 18.550 personas pudieran desarrollar procesos productivos. La razón: sus ancestros esclavos, al menos desde 1680, habían sido los ocupantes de esas tierras ubicadas entre los departamentos del Valle y Cauca.
Sin embargo, cuando el entonces Incora comenzó a estudiar la petición del Consejo Comunitario del río Naya, la Universidad del Cauca se opuso a la titulación colectiva argumentando que era propietaria de las tierras requeridas por las comunidades negras. Esta circunstancia obligó a los servidores públicos a desempolvar los registros de propiedad de estas tierras baldías, descubriendo que realmente el centro docente poseía un permiso para promover la explotación minera que había sido la actividad imperante en la zona.
Si bien la región quedó registrada en la Notaría Primera de Popayán, hacia el año 1775, como una propiedad de Francisco Basilio Angulo Corvea, como “Real de minas de la cuenca del río Naya”, en 1827, ya obtenida la independencia, tuvo otro destino. El general Francisco de Paula Santander expidió un decreto que después fue ratificado por el presidente Simón Bolívar, a través del cual parte del territorio del bajo Naya fue donado al Colegio Mayor del Cauca, hoy Universidad del Cauca.
En 1861, en desarrollo de la política de desamortización de bienes de manos muertas impulsada por el general caucano Tomás Cipriano de Mosquera, en calidad de presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia, se ratificó el destino de los predios del Naya. Posteriores leyes en 1864, 1877 y 1883 refrendaron estos títulos. Con estos folios bicentenarios, la Universidad del Cauca confrontó los reclamos de ocupación ancestral de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Naya.
Y mientras se resolvía la petición del Consejo Comunitario del río Naya, la región siguió siendo ocupada por los ilegales. Inicialmente las Farc y posteriormente el bloque Calima de las autodefensas. Las comunidades afrodescendientes e indígenas se volvieron el blanco predilecto de las organizaciones al margen de la ley, al punto de que en abril de 2001 tuvo lugar en la región la entonces llamada “Masacre del Alto Naya”, con más de un centenar de víctimas entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
Desde entonces, la región ha sido escenario de enfrentamientos armados que exponen cada día más a unas comunidades indefensas, sin tierras ni títulos de propiedad. En medio de su desamparo, la mano de ayuda llegó por parte de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, que en apoyo del Consejo Comunitario del río Naya, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la adopción de medidas cautelares para evitar más daños contra la población. Entre los reclamos fue expuesto el asunto de la titulación colectiva.
Después de pasar por cuatro entidades del Estado distintas, sin que se resolviera el asunto, la opción de la titulación colectiva se convirtió en una acción de tutela. Y después de un largo trámite por el Tribunal Administrativo del Cauca y el Consejo de Estado, el tema llegó a la Corte Constitucional, que después de calificar como injustificada la dilación que ha impedido adoptar una decisión de fondo en el reclamo de las comunidades afrodescendientes e indígenas de la cuenca del río Naya, le puso términos a esta determinación histórica.
Con ponencia del magistrado Mauricio González, la Corte le ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que tiene que adoptar en breve una decisión de fondo respecto a la solicitud de titulación colectiva presentada por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Naya, y que cualquiera sea la decisión una vez se resuelvan los recursos presentados por la Universidad del Cauca, la Defensoría del Pueblo debe acompañar a las comunidades del Naya en el proceso de definición de sus territorios.
En desarrollo de su investigación, la Corte constató que existe un reporte de la Unidad Nacional de Tierras Rurales (Unat), en el que quedó escrito que el predio en litigio no tiene hoy ningún tipo de explotación por parte de la Universidad del Cauca, ni siquiera hay pruebas de presencia de esta institución educativa en el mismo. “La universidad siempre lo ha mantenido abandonado”, no ha tenido ningún tipo de trabajo agrícola, pecuario, forestal ni de investigación.
Por eso, la Corte Constitucional concluyó que las entidades de orden nacional y territorial no pueden permanecer indiferentes ante un panorama social tan crítico como el que afecta a las comunidades afrodescendientes e indígenas del río Naya. Más aún cuando la petición del representante legal de dichas comunidades se hizo en 1999, es decir, han pasado 11 años sin que ni siquiera se le dé una respuesta de fondo. En otras palabras, la Corte ordenó que 330 años después se defina quiénes son los dueños de la tierra de la cuenca del río Naya.
Redacción Judicial | EL ESPECTADOR