Una expresión de la guerra psicológica

Yomaira Mendoza Calderin y Enrique Cabezas Martínez son campesinos afromestizos provenientes de la cuenca del rio Curvaradó, en el norte del Chocó, nacieron y crecieron allí, acompañados de su comunidad en un ambiente rico en flora y fauna, donde respiraban tranquilidad, confianza y la libertad por la estrecha relación con su territorio y las personas que lo habitaban.

En el año 1996 producto de la operación Septiembre Negro realizada conjuntamente entre el ejército colombiano y grupos paramilitares, fueron desplazados forzadamente de su territorio después de sufrir graves violaciones a sus derechos. De acuerdo con la información recopilada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hasta la fecha se han registrado 143 asesinatos y desapariciones en el territorio de los cuales 136 son responsabilidad de militares-paramilitares y 7 responsabilidad de la guerrilla de las FARC.

Después de dicha operación Yomaira, Enrique y sus familias tuvieron que ingeniarse formas desconocidas para sobrevivir. Yomaira, su esposo y sus dos pequeños hijos tuvieron que irse a vivir a Medellín, por su parte Enrique y su familia recorrieron muchos lugares buscando oportunidades de rehacer su vida hasta llegar a Bahía Solano, en estos lugares ellos y ellas comenzaron a reconstruir su vida de la nada, apenas contando con la ropa que llevaban puesta. Entre 1996 y 2014 se han registrado 14 desplazamientos colectivos en la cuenca del rio Curvaradó.

En enero del 2000, Yomaira, su compañero y su hermano decidieron comenzar a acercarse al territorio y fueron buscando un empleo que les permitiera alcanzar su objetivo, su hermano Alberto Flores Calderín se fue a trabajar a Necocli donde en el año 2002 fue torturado, desaparecido durante cinco días y asesinado por grupos paramilitares. Estando en Llano Rico en el año 2007 su compañero José Eustoquio Cifuentes Rojas, fue asesinado por personas que en su momento desconocían, cuando ella realizó la denuncia ante la policía nacional inmediatamente notó, que las mismas personas que habían cometido el asesinato de su esposo, la estaban siguiendo, por esta razón tuvo que volverse a desplazar a Medellín.

En el 2011 volvió al territorio en busca de una vida digna para ella y para sus hijos y vio como única salida la recuperación de su tierra. Sin embargo, a pocos días de estar trabajando en su finca el empresario Antonio Lopera alegando tener propiedad sobre esas tierras impidió su estadía en el lugar diciéndole que de no “irse por las buenas se atendrían a las consecuencias”, Yomaira en exigencia de sus derechos y apoyándose en los integrantes de los consejos comunitarios que habitan las Zonas Humanitarias de Curvaradó decidió quedarse y sumarse al proceso de resistencia.
Siendo parte del proceso Yomaira asumió un papel importante, por sus acciones de reclamación de sus derechos y los de la comunidad comenzó a recibir amenazas como todos los demás reclamantes de tierras, estas acciones se agudizaron en enero de 2014 cuando ella decidió brindar su testimonio a la Fiscalía, denunciar al empresario y pedir que se retomara la investigación por el asesinato de su compañero.

Del mismo modo, Enrique y parte de su familia decidieron regresar al territorio en el año 2005 para participar en el proceso de resistencia iniciado por las comunidades dentro del territorio, estando allí comenzó a formarse y empoderarse acerca de sus derechos y los de su familia, pues al igual que en el caso de Yomaira, el empresario Antonio Lopera se había apropiado de sus terrenos y había emprendido agresiones en su contra cortando alambres, destruyendo cultivos, acciones que posteriormente se agudizaron a través de los mismos mecanismos de persecución empleados contra otros líderes de las comunidades.

Hasta la fecha Yomaira y Enrique han recibido más de 70 mensajes de texto [[ Ver Frustrado atentado y seguimientos ilegales a líderes comunitarios en https://www.justiciaypazcolombia.com/Frustrado-atentado-y-seguimientos]] e innumerables llamadas con amenazas contra su vida, siete intentos de homicidio como el fraguado en contra de Enrique el 02 de agosto de 2014[[Ver Planean asesinato de Enrique Cabezas en https://www.justiciaypazcolombia.com/Planean-asesinato-de-Enrique]], seguimientos en sus recorridos terrestres y aéreos incluso visitando embajadas y sedes institucionales sin que hasta ahora hayan resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía.

Algunas de estas acciones han incluido el ingreso violento de personas armadas hasta sus lugares de vivienda en Apartadocito donde han saqueado pertenencias y han dejado mensajes de muerte al no haberlos encontrado, la vigilancia e intento de ingreso a una casa en Bogotá donde se refugiaban después de haber salido desplazados forzadamente por los hechos ocurridos en sus viviendas y además de esto las falsas acusaciones que se han levantado en contra de Enrique por parte de militares de la brigada 17 señalándolo de ser parte de la guerrilla después de que él y otros líderes comunitarios manifestaron su rechazo a la instalación de la base militar de Llano Rico en tierras que fueron apropiadas de mala fe por el empresario Darío Montoya [[Ver Amenazas de muerte, seguimientos ilegales, mecanismos turbios para imponer agronegocios y extracción minera, daños ambientales y sociales en https://www.justiciaypazcolombia.com/Amenazas-de-muerte-seguimientos-8316 recuperado el 5 de septiembre de 2014]].. Hoy en día, tanto Enrique como Yomaira han tenido que desplazarse una vez más del territorio para proteger sus vidas y las de sus familias, han sido obligados al exilio como único mecanismo para sobrevivir y seguir exigiendo sus derechos, ya que se han orquestado y llevado a cabo todo tipo de estrategias para hacer que desistan de su lucha por la restitución de sus tierras.

Todas estas acciones de persecución sistemática llevadas a cabo por parte de empresarios poseedores de mala fe y estructuras paramilitares a su servicio se han emprendido con el objetivo de desestabilizar psicológicamente a estas personas que se resisten al despojo de tierras, a los proyectos empresariales criminales, al asesinato, a la impunidad y al dinero fácil que en numerosas ocasiones les han ofrecido para que abandonen su proceso de resistencia.

Las estrategias que emplean para esto pretenden estigmatizarlos catalogándolos como guerrilleros, deformar la realidad al llamarlos invasores o ladrones y autoproclamarse víctimas, deslegitimarlos al desconocer su derecho y posesión sobre sus tierras, humillarlos con palabras peyorativas, desmotivarlos intentando convencerlos de que no podrán hacer justicia sobre esta situación, desunirlos sembrando dudas y desconfianza entre ellos y responzabilizarlos sobre lo que pueda suceder con sus familiares al no ceder a sus propuestas, además de esto les muestran una estructura poderosa capaz de perseguirlos por todos los lugares del país donde han estado, identificando todas las personas que conforman sus familias con nombres propios, sus lugares de vivienda y sus actividades cotidianas, de interceptar sus teléfonos aunque cambien de números y de fraguar planes para acabar con sus vidas sin importar las medidas que tomen para su protección.

Estas acciones han afectado en múltiples aspectos tanto Yomaira como en Enrique, han desarrollado enfermedades psicosomáticas que han requerido atención médica de emergencia y acompañamiento psicológico con la implementación de estrategias para disminuir altos niveles de estrés[[Ver Persecución a Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas evidencian ausencia de garantías en https://www.justiciaypazcolombia.com/Persecucion-a-Yomaira-Mendoza-y]], ansiedad, tensión corporal, alteración de los ciclos de sueño y la alimentación, entre otros. Se ha fracturado su tejido social, comprometiendo principalmente las relaciones con sus familiares y con sus hijos al tener que dejarlos de forma inesperada e impidiendo su comunicación frecuente por miedo a ponerse y ponerlos en mayor riesgo. Adicionalmente sus relaciones con vecinos de la comunidad y amigos se ha restringido a algunas llamadas telefónicas con las que se mantienen atentos a lo que sucede dentro del territorio; han desaparecido por completo sus fuentes de sustento económico al no poder encontrar empleos que se ajusten a sus conocimientos en agricultura y a su condición como personas protegidas que deben movilizarse con escoltas, han tenido que afrontar el estar en lugares desconocidos, fríos e indiferentes a su realidad ya que se ha anulado por completo su posibilidad de interacción con los animales, las plantas, la flora y la fauna, con esa naturaleza que han intentado reconstruir después de la destrucción generada por la intervención de las empresas ganaderas y palmeras durante y después del desplazamiento.

Estas afectaciones se enmarcan en una comprensión del uso de mecanismos de persuasión, sugestión, terror y represión por parte de paramilitares y empresarios poseedores de mala fe que busca la dominación tanto física como psicológica, en niveles conscientes e inconscientes, sobre la persona o la comunidad hasta agotar sus recursos de afrontamiento y su capacidad de resistencia por la defensa de sus vidas en los territorios impidiendo que puedan lograr su objetivo de recuperar el territorio. Todo lo anterior se enmarca en lo que Martin Baró denomina “guerra psicológica”, como estrategias para que las personas de las comunidades abandonen sus territorios, callen ante las injusticias, desistan de su lucha y así den vía libre a los intereses de los ocupantes de mala fe buscando que no retornen por el miedo que han sembrado en ellos.

Frente a esta guerra psicológica Yomaira y Enrique han encontrado diferentes recursos para afrontar las situaciones que viven diariamente, han brindado su testimonio en diferentes espacios nacionales e internacionales interesados en conocer su verdad, han elaborado comprensiones sobre las causas estructurales de las amenazas y la persecución que están asociadas a poderes económicos que usan estrategias para-institucionales con la intención de asegurar sus agronegocios en los territorios colectivos, han develado los mecanismos que sus victimarios emplean y los alcances que estos tienen, han ayudando a sus familias y a la comunidad a comprender el origen y el trasfondo de lo que les ha sucedido logrando así potenciar sus mecanismos de afrontamiento al miedo y a las estrategias de terror que pretenden implementar.

Igualmente, han resignificado su rol, no solo como miembros de la comunidad, sino también como representantes en su lucha por el territorio, han dado pasos en la reconstrucción de sus proyectos de vida a partir de la libertad de vivir y decidir y no del miedo que les imponen, a pesar de que se encuentran en el exilio, desde allá continúan afirmando su derecho a la verdad y a la justicia, convencidos y esperanzados en que desde sus territorios podrán brindarle a sus hijos un futuro de país distinto donde no se vuelva a repetir lo que ellos han tenido que vivir.
Durante todo este proceso, que inició en el 96, Yomaira y Enrique han venido afirmando su derecho a la verdad y el deber de la memoria, potenciando sus recursos personales y comunitarios, encontrando en la interacción con su comunidad el reconocimiento y la visibilización de sus realidades, buscando la verdad desde sus experiencias y por ende la justicia ante lo que les ocurrió, recuperando su memoria histórica a través de sus testimonios de vida, reconociendo su identidad como afromestizos y agentes de cambio lo cual, les ha permitido construir de manera conjunta las estrategias necesarias para el afrontamiento del miedo y de los mecanismos de terror que han implementado en su contra, transformado todo esto en una posibilidad de fortalecimiento de la lucha por la tierra, el bienestar de su familia y el de la comunidad en general.

“lo curioso lo absurdo es que a pesar

de que aguardo mensajes y pregones

de todas las memorias y de todos

los puntos cardinales

no sé qué dice el viento del exilio.”
Viento del exilio. Mario Benedetti

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz