Un proceso de paz con participación de las víctimas

Durante los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2012, nos encontramos delegados y delegadas del MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE- de todo el territorio colombiano, en resistencia al olvido e impunidad, hermanados en el sueño de una Colombia en paz con justicia social y convocados en la memoria de nuestras víctimas; manifestamos a la opinión pública nacional e internacional que:

1. Respaldamos las iniciativas exploratorias tendientes a la “apertura de diálogos y una agenda para iniciar un nuevo proceso de paz en Colombia” entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional, así como el comienzo de la búsqueda de una salida política al conflicto político, social y armado.

2. Saludamos la voluntad expresada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), respecto a la apertura de un proceso de diálogo tendiente a dar comienzos a las conversaciones con el gobierno nacional para dar fin a la actual confrontación armada que vive el país. Invitamos a la conformación de una mesa única de conversaciones, en la perspectiva de un solo proceso de paz.

3. En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Por esta razón, reiteramos que cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado.

4. Los escasos avances en investigación de los crímenes cometidos por agentes estatales, han permitido que solo en un 2% de los casos, fueran sancionados judicialmente. El MOVICE lamenta que dentro de la agenda de paz no esté contemplado el tema de justicia y que por el contrario se sigan tramitando marcos legales de impunidad como la ampliación del fuero penal militar, que conlleva a la no sanción de Crímenes de Guerra; y la promulgación de un marco jurídico para la paz, que establece la no persecución de los crímenes realizados por los agentes estatales. Exigimos que el castigo a los responsables sea contemplado al igual que el de memoria histórica y dignificación de las víctimas; y que se suspenda con la implementación de mecanismos legales de impunidad que favorecen la continuidad de los crímenes de Estado.

5. Hacemos un llamado al “cese bilateral de hostilidades”, que implica la suspensión del enfrentamiento militar entre las partes.

6. Preocupa el incremento de las agresiones contra las víctimas y los movimientos sociales. El deber constitucional del Estado de brindar protección y garantías a las víctimas, tanto materiales como políticas, se han visto vulneradas por la poca eficacia de la Unidad Nacional de Protección, que se concretan en: 1) desmonte de las medidas de protección a líderes, dirigentes y activistas sociales, populares y de derechos humanos; 2) nombramiento a más de 600 funcionarios provenientes del extinto y cuestionado, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); y 3) el escaso avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía y demás organismos, para determinar los responsables de la persecución al movimiento social.

7. El proceso de restitución de tierras, enfrenta múltiples dificultades de orden político, técnico, normativo e institucional, que de no ser superadas, no sólo impedirán la devolución de más de seis millones de hectáreas despojadas de manera legal e ilegal, sino que profundizará la violencia y re victimización de quienes solicitan al Estado la garantía y respeto de sus derechos. Entre los principales obstáculos destacamos: 1) La persistencia del conflicto político, social y armado y la consolidación militar del territorio; 2) el modelo económico extractivo y de gran escala; 3) el acaparamiento y despojo legal de tierras; 4) la continuidad del modelo paramilitar en la mayoría del territorio nacional; 5) el asesinato impune de más de 70 reclamantes de tierras; y 6) las limitaciones legales y burocráticas que obstaculizan la participación efectiva de las víctimas en la Ley 1448.

Consideramos que el modelo de restitución de tierras en Colombia no atiende transformaciones estructurales de los problemas rurales y tiende a ser un mecanismo para legalizar el despojo y abandono forzado de los territorios. La restitución debe garantizar la reparación integral a las víctimas, como también, el uso, usufructo y disfrute de los bienes restituidos, el desarrollo de los planes y proyectos de vida de las comunidades, el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio, la identificación de los verdaderos beneficiarios del despojo y garantías de no repetición.

8. Es indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas, teniendo en cuenta las agendas que ellos y ellas han discutido y elaborado. De igual forma, exigimos que cesen los montaj! es judiciales y la injusta judicialización de la protesta social.

9. El MOVICE llama a movilizarse, articular y converger en un solo movimiento social a favor de la paz y la solución negociada al actual conflicto político, social y armado. Invitamos al conjunto de la sociedad colombiana y de manera especial a los hombres y mujeres que integran las diversas iniciativas del movimiento social por la paz, como son: El Congreso de Paz, Las Constituyentes por la Paz, Colombianos y Colombianos por la Paz, entre otros; a trabajar por una activa participación y movilización a favor de los derechos de las víctimas.

Proponemos la conformación de una mesa común social por la paz, en el que todos los sectores presenten sus agendas a favor de la solución política para que sean discutidas en la mesa de negociación.

Bogotá, D.C, 9 de septiembre de 2012.

Comité de Impulso Ampliado MOVICE.