Un destitución justificada
Por más que el exprocurador Alejandro Ordóñez hable de una persecución política en su contra, los motivos para que el Consejo de Estado lo destituyera no son de carácter ideológico.
Desinforma el exprocurador Alejandro Ordóñez al utilizar sus declaraciones para enlazar la decisión del Consejo de Estado que lo destituye de su cargo con una supuesta persecución política. Algo tiene que estar claro en esta discusión: las razones para que Ordóñez no siga en la Procuraduría no tienen nada que ver con su ideología, ni con la manera en que dirigió el Ministerio Público, sino que se refieren a prácticas inconstitucionales en el momento de su reelección.
El Consejo de Estado fue claro: el artículo 126 de la Constitución, según el tribunal de lo administrativo, “consagra una prohibición que acarrea la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer”. En el caso particular de Ordóñez, lo que ocurrió fue que, durante su primer período, nombró a parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes después votaron para nominarlo a su reelección. Eso estaba expresamente prohibido y es la razón jurídica para que su elección sea anulada.
En síntesis, la demanda que terminó en la decisión, presentada un mes después de su segunda elección, hace ya más de tres años, no tiene nada que ver con las posiciones del exprocurador sobre el proceso de paz, ni sus dañinas oposiciones a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Se trata, en cambio, de la sanción por una práctica similar al “yo contrato a los tuyos, tú me eliges”.
Por eso, no deja de ser frustrante escuchar a Ordóñez diciendo en su discurso de despedida, sin sonrojarse, que “se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador”. Y luego argumentar que “respeta la decisión”. ¿Al fin qué: es una sentencia válida de la institución legítima para expedirla, de la que algún día hizo parte, por lo demás, o se trata de un complot para sacarlo de la Procuraduría? ¿Qué tienen que ver las consideraciones del Consejo de Estado sobre hechos puntuales con el desprecio público que la guerrilla y el presidente puedan haber expresado sobre Ordóñez?
Lo único que hizo el exprocurador con esa manera de enfrentar la decisión es darles la razón a quienes han criticado el carácter político que le dio a su período en la Procuraduría. Incluso ante una decisión jurídica, sus palabras apelan a consideraciones ideológicas que, además, están ausentes de la sentencia del Consejo de Estado. Si bien es cierto que el tribunal tardó demasiado en tomar una decisión —¡cuánto daño hubiera evitado!—, no puede asumirse que se expide por estar ahora la campaña del plebiscito. ¿No fue el mismo Ordóñez, con sus múltiples recursos y recusaciones, quien se encargó de dilatar al máximo el proceso en contra, a tal punto que casi cumplió su período completo pese a haber sido elegido de manera inconstitucional?
Tampoco son razonables las voces que dicen que el hecho de que su antecesor se hubiera reelegido también en la Procuraduría es muestra de una persecución individual contra Ordóñez. Si bien la ponencia hablaba de la prohibición de la reelección en la Procuraduría, el Consejo de Estado no adoptó esta posición y sólo se refirió a los nombramientos indebidos que viciaron la elección. Insistimos: las razones jurídicas están claras y nada tienen que ver con el conservadurismo del exprocurador.
Si Ordóñez de verdad quiere respetar la decisión, debería dejar de descalificarla y dejar el resto de discursos para cuando decida entrar a la arena política, esta vez sin tapujos ni montado sobre una entidad oficial.
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/un-destitucion-justificada-articulo-653720