Un asunto global que imposibilita la paz
El acaparamiento de tierras en Colombia, es otro costo posible de la inserción de Colombia en el mercado global. La crisis alimentaria de 2008 y la supuesta crisis bancaria, en realidad, crisis para los ahorradores y los pequeños y medianos prestamistas, pretende saldarse desde los intereses de las empresas privadas alimentarias y automovilísticas, entre otras, con la adquisición de tierras en diversas partes del mundo. Esas crisis resueltas desde los poderosos del mundo serán un factor que imposibilite una paz comprendida como bases para la justicia social y justicia ambiental.
Ese actor internacional hoy define en el fondo, lo acordable o no, en una mesa de diálogo con las guerrillas y también ofrece las mismas limitantes para los sectores rurales que se movilicen. Y esto, más allá de la voluntad de las insurgencias y del movimiento social campesino, pues los factores de poder empresarial están al lado de lo que se ha denominado el acaparamiento, el negocio rentable. La tierra como un bien rentable definido en un uso social: la comida y un un uso ambiental: energías limpias agrocarburantes. Es en otras palabras, la supuesta responsabilidad social por encima de la acumulación, aunque es todo lo contrario. Lo real es que las conversaciones de paz se desarrollan en esas decisiones estratégicas que definitivamente no se modifican en unas mesas de conversaciones.
Para el caso de Colombia, el Banco Mundial, desde 2008, recomendó la modernización rural. Esta comprendía una superación del latifundismos tradicional ganadero, brindar la imagen de un salto cualitativo a ese mundo moderno con medidas como la restitución de tierras, la formalización o legalización de la propiedad para reconocimiento de ciudadanos, el desarrollo aplazado de obras de infraestructura para disminuir costos al inversionista y una flexibilización legal que posibilite al capital financiero y empresarial incursionar en nuestro país con ventajas comparativas.
Esa visión de una cierta modernidad, no justa, ni humana ni ambientalmente sustentable y sostenible, en parte explica que, fallida la derrota militar de las guerrillas de las FARC y el ELN, se busquen las conversaciones con actores riesgosos para la inversión, las guerrillas. Justo, el punto inicial de los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC ha sido el asunto rural coincidente con los planteados por el Banco Mundial. Aunque en lo formal hay avances, los asuntos de fondo se encuentran en el congelador, como lo ha expresado las FARC, y es uno de los temas distantes en las conversaciones con el ELN y el gobierno el asunto de las fuentes de riqueza del subsuelo y la soberanía nacional.
La democratización de la propiedad, el apoyo a economías agroambientales y el asunto de los recursos y la soberanía nacional están en contraposición a un modelo de desarrollo que implica la extranjerización de la propiedad, la acumulación de la propiedad rural para agronegocios y la soberanía privada multinacional.
El imaginario reformista que Santos ha pretendido consolidar durante sus tres años de gobierno, se baso en reconocer la existencia de un conflicto armado y expedir una ley de víctimas y de restitución, que en últimas formaliza la propiedad para posibilitar la inversión privada. Estos signos de avance para dar confianza a la inversión extranjera y a la estabilidad de la región no han sido sin embargo suficientes para convencer a los sectores de poder.
En lo real, más allá de la ley, las actuaciones militares guerrilleras en los territorios no cesan, hay inseguridad para los inversionistas. Diezmadas, no derrotadas, las guerrillas siguen asentadas territorialmente. La militarización y el apoyo paramilitar no han logrado, aún en medio de las conversaciones de paz, asegurar el control territorial. Adicionalmente, los propios habitantes rurales han obstaculizado esos avances de seguridad por sus diversas formas de actuación desde la legal hasta la movilización.
Casos como Alto Guayabal en el Chocó, que generan un precedente jurídico. Incluso, sectores de provincia, que incluye un amplio sector medio se expresa frente a los asuntos ambientales por las operaciones empresariales externas, como el de Cajamarca y Piedras en Tolima. O las movilizaciones en Santurban, Catatumbo, en Ituango, en Quimbo, en Calima son indicadores de esa otra expresión social.
Comunidades locales, algunos movimientos sociales en sus diversas expresiones y con distintos matices, se han convertido en freno al avance de esos intereses extranjeros y de sectores poder nacional. Esas expresiones locales han dejado ver irregularidades, abusos, daños sociales y ambientales irreparables en la acumulación de la propiedad rural como lo demuestra el caso de Riopaila y el de Cargill en la Altillanura. Intereses en que también participa el ex vicepresidente y candidato por la tendencia uribista, Francisco Santos; el grupo Sarmiento Angulo, el 66 rico del mundo, Sarmiento Angulo y el grupo Santodomingo, develado por los integrantes del Polo Democrático en el Congreso, Jorge Robledo y Wilson Arias o las documentaciones de TNI con la Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato, reflejan ese pulso con las políticas internacionales.
Tras el supuesto de respuesta al derecho a alimentación, a una economía verde con las operaciones a gran escala en producción alimentaria y de agrocombustibles se apalancan las obras de infraestructuras y las operaciones extractivas.
Colombia aparece, junto con Argentina, Bolivia y Cuba, como uno de los países potenciales de los 9 millones de hectáreas de tierras disponibles en esta parte del planeta para la producción de alimentos, y con más de 20 millones para la extracción minera. Con las primeras, calculan los del poder, entre ellas empresas y gobiernos, que así asegurarán alimentación a sus pobladores y a los consumidores de energía limpia y con la segunda el desarrollo de tecnología de punta para los empobrecidos, su vinculación laboral para romper la brecha entre ricos y pobres.
En 2050 se indica que cerca de 8000 millones de personas vivirán en el mundo, crecimiento poblacional, en medio de la crisis climática, la desertización de tierras y el acabamiento del agua. En esa proyección, Colombia, en realidad empresas acaparadoras, perciben el suelo nacional como una despensa para esos consumidores del norte.
Las movilizaciones sociales de diverso tipo en Colombia ubica que el asunto de la tierra no es ya de una reforma agraria, una democratización de la propiedad, sino de la definición del uso del suelo y del subsuelo en medio de soberanías empresariales privadas e intereses estatistas de algunos como la China y el mismo Brasil.
Actores internacionales conocidos y otros del sistema financiero están en la compra de tierras en el mundo y en Colombia, y están a la espera de la firma de acuerdos con las guerrillas. Evidentemente un silenciamiento de los fusiles les permite ganar seguridad, mientras estos diálogos avanzan, las leyes tributarias y de formalización de la propiedad se aceleran a favor del actor internacional. Esos actores saben que las fórmulas contra la población, desarmadas las guerrillas, para evitar su oposición y objeción a este proyecto mundial van desde la cooptación, el empleo subnormal hasta la corrupción y el asesinato.
Según, Ignacio Ramonet, http://www.eldiplo.info basada en información de una de las páginas que mejor documentan el asunto del uso de la tierra por actores privados www.grain.org/m/?id=213 Suecos adquirieron 500 mil hectáreas en Rusia; el fondo ruso Renaissance Capital 300 mil y Landkom británico 100 mil hectáreas en Ucrania; Jordania en Sudán y Egipto 850 mil hectáreas y Morgan Stanley y el grupo agroindustrial Louis Dreyfus compraron tierras en Brasil. Ese preciado tesoro de la tierra es importante para los propios países que estimulan su compra. Brasil compró tierras en África, China compró en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam, y África. Igual, Corea del Sur adquirió más de 20 mil hectáreas en Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Japón lo vienen haciendo en diversas partes del mundo. Se calcula entonces que cerca de 10 millones se encuentran ya arrendadas o compradas.
Colombia está en la mirada de esos intereses por la tierra. Las conversaciones con las guerrillas son parte de esa necesidad para que el proyecto de desarrollo rural del establecimiento “recomendado”, entre otros, por el Banco Mundial, sea plausible.
Si la Constitución del 91 reconoció múltiples derechos en medio de un acelerador de las privatizaciones, el nuevo Pacto Social que nazca de los eventuales de acuerdos con las guerrillas navega sobre las aguas de la soberanía empresarial que tiene puestos sus ojos en el suelo.
En estas condiciones será revolucionario la convergencia de los habitantes rurales en sus diversas formas de organización sectorial o no de indígenas, afrocolombianos, mulatos, mestizos, en medio de sus diferencias ideológicas, superando las hegemonías, y será base transformante que si se llegará a acuerdos con las FARC y el ELN, por lo menos se generen limitantes frente al acaparamiento, se oxigene condiciones para espacios políticos, se consense algún tipo de democratización de la propiedad y de los medios. Nadie hoy es vanguardia, pretender serlo es suicida, como lo demuestran el trato de pirañas entres las llamadas izquierdas. El avance en una convergencia en lo sustancial será la base para habilitar un escenario que construya alternativas al modelo privatizador del suelo rural y también urbano. La convergencia popular en un renovado y fresco discurso, que responda e incluya también las demandas de sectores medios, será por lo pronto la responsabilidad histórica más importante para que en el mediano plazo sea real, otra democracia en Colombia. Cada vez es más claro que la paz no es el desarme de las guerrillas, ni la participación en la política, la paz es una democracia de derechos, con justicia social y justicia ambiental.