Un año de impunidad, un año de dolor asesinato de dos jóvenes WAYUU
Palabras matrilineales. Mujeres de la Resistencia, Memoria de los jóvenes . Palabras Wayúu en el proceso de la institucionalización de la impunidad y el poder de hecho. Palabras Wayúu de la Verdad que nace desde el lugar de las víctimas que afirman sus Derechos. Llamado a la Justicia inexistente en Colombia. Afirmación de la Reparación de la existencia indígena
Hace 1 año, el 1 de febrero en desarrollo de la estrategia militar encubierta de desalojo del Territorio Wayúu fueron asesinados Roland Ever Fince y Alberto Ever Fince. Sus vidas, sus nombres, traen a la memoria la Vida Wayúu, la esperanza Wayúu, el Territorio Wayúu. Allá en la cabeza de Colombia, también la Resistencia Civil. Aquí retomamos uno de sus escritos, memoria de su resistencia,
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ASESINATO DE DOS JOVENES WAYUU
Un año de Impunidad, un año de dolor
Con el actual proceso de “desmovilización” que se está realizando con bandas paramilitares, principalmente las pertenecientes a las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC)”, el Gobierno Nacional pretende imponernos a las víctimas de la demencial violencia paramilitar, la amnesia total. A fin de avanzar en el proceso de “desmovilización” de estas bandas, el Gobierno Nacional se esfuerza en que las víctimas de la violencia lo olvidemos todo.
Según la racionalidad del Gobierno Nacional, las masacres indiscriminadas, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos, los secuestros sistemáticos, los robos continuados de tierras para ampliar el latifundio, el acceso violento al control de todos los negocios rentables de la región, la imposición por la violencia de muchos megaproyectos… entre otras muchas acciones terroristas cometidas por los grupos paramilitares contra el pueblo Wayúu y contra otros pueblos, deben ser cubiertas con el manto de la desmemoria.
Sin embargo, pese a la propaganda oficial y a los artilugios del Gobierno Nacional para que todo quede en el pasado, el pueblo Wayúu no olvida, no puede olvidar a sus muertos, por cuanto estos siguen estando presentes no sólo en nuestras memorias sino también en nuestros corazones. El dolor, luego de más de un año, sigue acongojando nuestros espíritus.
El 1 de febrero de 2005 se cumple un año de abierta impunidad. El 1 de febrero del año pasado las promisorias vidas de los jóvenes Wayúu, Roland Ever Fince y Alberto Ever Fince, fueron cegadas por balas disparadas por paramilitares pertenecientes al autodenominado “Bloque Contrainsurgencia Wayúu” de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
El criminal que ordenó estos asesinatos, así como la masacre que como colofón se realizó en Bahía Portete meses después generando entre los Wayúu de la Alta Guajira una crisis humanitaria de la cual aún no se han recuperado y tal vez nunca lo harán, es conocido en todo el país. Este jefe paramilitar cuando no está hablando con mandatarios locales y regionales, con varios de los cuales está estrechamente vinculado, se entrevista con altos funcionarios del Gobierno Nacional para dialogar sobre la paz del país.
Bajo el amparo de la mesa de negociaciones establecida por el Gobierno Nacional en Santa Fe de Ralito (Tierralta. Córdoba), “Jorge Cuarenta” o “El Papa”, como es conocido en el mundo delincuencial, este mando paramilitar del que se viene hablando, continúa sin mayores inconvenientes realizando sus actividades ilegales. Es así como que la expansión y la consolidación paramilitares en La Guajira se ha seguido dando sin ningún tipo de cortapisas.
Por ello, antes que ceder, las presiones de todo tipo contra los Wayúu de la Media y Alta Guajira han venido creciendo ostensiblemente, sólo que de una manera más refinada y silenciosa, por cuanto las masacres y desplazamientos masivos presentan dificultades para ser ocultados ante el país y la comunidad internacional y pueden restarle aún más credibilidad al proceso de “desmovilización” paramilitar.
Lo real es que con todo y proceso de negociación con los paramilitares y a pesar de las capturas que se han presentado en los últimos meses –siempre de mandos medios y subalternos y de simples “gatilleros”– las amenazas, los hostigamientos y las presiones de toda índole ejercidas por bandas paramilitares de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” contra familias y comunidades del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira, persisten cotidianamente.
Las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” con el propósito de limpiar su largo prontuario en La Guajira –a lo cual ciertamente le ha hecho mucho eco el Gobierno Nacional– como chivo expiatorio han pretendido inculpar de muchos de los crímenes a José María Barros Ipuana, conocido como “Chema Bala”, a quién han querido presentar como el actor intelectual que ha estado detrás de los asesinatos, masacres y desplazamientos que se han presentado en los últimos años en la Media y Alta Guajira.
Si bien José María Barros Ipuana es el responsable de haber propiciado la irrupción de los paramilitares en la Media y Alta Guajira, con los cuales se alió para ejercer control y dominio sobre un amplio territorio que le permitiera desarrollar sus actividades ilegales sin mayores problemas y también ha estado activamente involucrado en muchas de las muertes violentas y desplazamientos que se han dado en comunidades del pueblo Wayúu, hay que manifestar que la sola captura de esta persona, ocurrida el 10 de octubre de 2004, no es suficiente para que las víctimas de la violencia paramilitar sintamos que se está haciendo justicia, ya que los jefes y manos paramilitares siguen controlando militar, política y económicamente toda la región.
El doble asesinato de los jóvenes Wayúu, Roland Ever Fince y Alberto Ever Fince, se convirtió en uno de los detonantes que hizo más visible la tragedia por la que está atravesando el pueblo Wayúu en la Media y Alta Guajira y de la que poco se hablaba. Pese al tiempo transcurrido desde que ocurrieron estas hechos, la impunidad sigue rampante, como siguen sin esclarecerse también casi todos los crímenes cometidos por los paramilitares que se encuentran dialogando con el Gobierno Nacional. En estos casos, las autoridades competentes más allá de decir que han ordenado hacer las “exhaustivas investigaciones” que siempre se prometen, no han hecho mayor gestión por dar con la verdad y hacer justicia.
Como si esto fuera poco, las familias Wayúu que huyeron despavoridas de Bahía Portete y su entorno a causa del terror desatado por los paramilitares meses después de los asesinatos de estos jóvenes Wayúu y que actualmente se encuentran en calidad de refugiadas en la vecina Venezuela, aún no han retornado a su territorio tradicional, donde tienen sus cementerios y se encuentran sus muertos. Además todo indica que un retorno en el inmediato plazo seguirá siendo una quimera por cuanto no existen las condiciones mínimas para que ello ocurra.
Sobre el cuestionado proceso de “desmovilización” de los grupos paramilitares que está adelantando el Gobierno Nacional, los Wayúu que hemos soportado y seguimos soportando los rigores de la violencia paramilitar, llamamos la atención sobre los siguiente:
1. El proceso de negociación se esté llevando de espaldas al país y casi de manera secreta. No ha habido una participación, ni siquiera marginal, de la llamada sociedad civil y mucho menos de las víctimas de la violencia.
2. La “desmovilización” de los grupos paramilitares, tal y como se está llevando a cabo, aparece a nuestros ojo más bien como un proceso expedito encaminado a consolidar su presencia, vía su legalización. De esta manera, los paramilitares que a costa de la violencia se han hecho grandes fortunas, podrán seguir manejando sus negocios y enriqueciéndose mientras ejercen dominio político en las regiones donde se encuentran.
3. Mientras no se conozca sobre los responsables intelectuales de los innumerables crímenes perpetrados por los paramilitares y sobre sus nexos con sectores de las fuerzas armadas y funcionarios gubernamentales, no puede haber verdad. Mientras los culpables del terror paramilitar no tengan castigos ejemplares y paguen por sus delitos, no se puede hablar de justicia. Mientras las víctimas de la violencia no seamos resarcidas por los estragos de la violencia y no podamos recuperar nuestras tierras, bienes y negocios apropiados por los paramilitares, no se puede hablar de reparación.
Finalmente, mientras el Gobierno Nacional continua con su show mediático de “desmovilizaciones” periódicas, cual si fueran capítulos de algún reality, los Wayúu continuamos cargando con la angustia de estar lejos de la tierra y sin saber cuántos muertos vendrán más.
Woumain, Territorio Wayúu, 1 de febrero de 2005
COMUNIDADES WAYÚU EN RESISTENCIA CIVIL
Bogotá, D.C 1 de febrero de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ