Triple responsabilidad pública
Diecisiete mensajes vía Twitter escribió Álvaro Uribe contra el ministro del Interior, aliado incondicional suyo en su primera y segunda elección presidencial y, como líder del Congreso, en gran parte de sus dos gobiernos.
Germán Vargas Lleras es también el hombre más importante del actual jefe de Estado. Éste fue, a su vez, el del exmandatario. Lo es todavía, en la medida en que tiene en sus manos la opción de avanzar por los senderos de ultra derecha o la de moderar, ya como dueño del poder, los actos guerreristas que aplicó cuando era ministro de Defensa. La vida política de estos tres personajes está, pues, entrelazada. Así que si uno de ellos viene ahora a hablar del comportamiento inmoral, irregular o delictivo de los otros, una conclusión razonable puede ser la de que el quejoso no ha sido totalmente ajeno a esos hechos, si se comprueba que, en efecto, sucedieron. Muy por el contrario, él compartiría culpas bien por acción, bien por omisión de denuncia.
En la vorágine de trinos que Uribe publicó, hay ocho conductas antiéticas —calificándolas con suavidad— que le endilga al ministro: tráfico de influencias en la Corte Suprema para tener magistrado propio; inducir a la Sala Penal de la Corte a prevaricar absteniéndose de procesar al presunto encartado; intento de favorecer a Saludcoop; extorsión al Gobierno para conseguir cuotas burocráticas; falsas denuncias con el fin de vengarse de la ministra de Educación, entonces directiva de la Cámara de Comercio, y del presidente Santos, a la sazón, ministro; connivencia con el paramilitarismo de Córdoba y Casanare, y clientelismo.
Si enlazamos los trinos del expresidente y los revisamos con la época que correspondería a las supuestas faltas del ministro expuestas en la red, todas habrían ocurrido entre 2002 y 2010. Examinemos: 1. El magistrado Augusto Ibáñez fue elegido en su cargo en junio de 2007. 2. El concierto delictivo de la Sala Penal para no investigar a Vargas tendría que haberse dado después de 2006 cuando se abrieron los casos de la parapolítica. Antes de esa fecha no existían. 3. Los paseos con Mancuso en Córdoba o las ayudas en Casanare al líder de Cambio Radical se habrían presentado en la campaña de 2002, cuando los grupos paramilitares participaron masivamente en la elección de senadores y representantes —según comprobación judicial— por la expectativa que despertó en ellos el candidato presidencial Álvaro Uribe.
El caso del excongresista de Casanare Óscar Leonidas Wilches es simbólico. Fue elegido por Cambio con la mayor votación de su departamento en marzo de 2002. Obtuvo 17.800 votos, cifra que le fue muy útil a su jefe de partido pero también a Uribe, quien dos meses después consiguió ganarle en esa región a Horacio Serpa gracias a la votación de Wilches. Como se sabe, este exrepresentante fue condenado hace poco por la Sala Penal de la Corte (incluida la firma de Augusto Ibáñez) a 7 años y medio de prisión por nexos con el paramilitarismo.
Así que, doctor Uribe, cuando uno bota agua hacia arriba, se expone a que le moje la cara. Pero eso no es lo fundamental porque el lío que usted desató es hondo. ¿Cómo no va a serlo si implica al primer ministro del gabinete, a usted y al propio presidente que tiene vínculos políticos y de amistad con los dos? Importa mucho que se ventile este escándalo mayúsculo que el alto mundo político y social se empeña en sepultar. Que el expresidente no tire la piedra y esconda la mano; que el ministro defienda su honor o acepte los cargos con sus consecuencias. Y, por último, que el mandatario asuma su responsabilidad y enfrente la situación, en lugar de hacer mutis por el foro.
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