Tres ciudades colombianas muestran hacia dónde va la reparación a las víctimas

En Barrancabermeja, Medellín y Cartagena, el ICTJ acompaña las experiencias locales para compensar el daño causado por el conflicto armado. Todas apuntan a temas como la memoria y los actos simbólicos, por ser menos prioritarios a nivel nacional.

En la Comuna 7 de Barrancabermeja, un grupo de 18 desmovilizados se capacita para ponerse a hacer, dentro de un mes, las labores que les pida la comunidad: esa es su primera forma de reparación simbólica por el daño que les causaron a sus víctimas. En Medellín, se empezará a construir en los próximos meses la Casa de la Memoria, un museo que también será centro de documentación y espacio pedagógico, para recordar los horrores de la violencia. En Cartagena, la Alcaldía propuso formalizar un aporte de un dólar por cada turista que llegue a la ciudad para enviarlo a un fondo para las víctimas.

Las tres ideas tienen en común, además del interés por resarcir los daños dejados por la violencia, el hecho de que surgieron como parte de programas municipales para atender y, en alguna medida, reparar a las víctimas del conflicto armado. Unas con más recursos que otros y otras con enfoques más integrales que sus pares, las alcaldías de ciudades, generalmente acostumbradas a acoger a miles de víctimas sin involucrarse mucho en su futuro, han empezado a asumir como parte de su trabajo programas serios para atenderlas, aunque también polémicos porque, en algunos casos, organizaciones sociales locales consideran que no son pertinentes.

Y a pesar de la poca incidencia de los gobiernos locales en los criterios de programas nacionales de ayuda humanitaria o de reparación administrativa, en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barrancabermeja y Cartagena, las administraciones han decidido complementarlos o, incluso, controvertirlos con otras iniciativas. “(Las alcaldías) no podemos reparar económicamente. Sin embargo, todo el tiempo estamos realizando acciones que permitan que la gente acceda a unos derechos básicos, como vivienda, salud, recreación y educación”, dice Gabriel Jaime Bustamante, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín.

En Barrancabermeja, por ejemplo, la administración local entiende sus tareas de atención a víctimas como alternativas a lo que ofrece el Gobierno nacional, y resalta que sus programas en algunos temas coinciden y en otros difieren de las directrices nacionales.

“Como gobierno local tenemos nuestras diferencias con la Ley 975 (de Justicia y Paz), pero obviamente actuamos dentro de los objetivos de la política nacional, tratando de orientar a todas las víctimas, según el camino que hayan elegido (judicial o administrativo) –explica Harold Villabona, director de la Oficina de Paz y Convivencia la Alcaldía de Barrancabermeja–. Además, entendemos que hay que incluir a todas las víctimas, entre ellas las de crímenes de Estado”.

En ese punto coinciden tanto los representantes de las administraciones de Cartagena y Medellín: en la necesidad de reconocer a las víctimas de cualquier grupo armado, legal o ilegal, a pesar de que –de acuerdo con alcaldías y organizaciones sociales consultadas en las tres ciudades– la política nacional no respalda ese punto de vista. De igual manera, entienden que la atención no debe centrarse sólo en los victimarios desmovilizados sino también en sus víctimas.

Se enfocan en lo simbólico y el acompañamiento

¿Hasta qué punto puede intervenir un gobierno local en la atención y reparación por el conflicto armado? Las limitaciones son muchas, pues los recursos para estos fines tienen un manejo nacional. Por eso, el papel de las administraciones locales en Cartagena, Barrancabermeja y Medellín tiene dos caras: por una parte, la administración de recursos de orden nacional que llegan a cada localidad para asuntos como la atención humanitaria a desplazados; por la otra, la intervención con recursos propios en aspectos que no son prioridad para el Gobierno nacional.

En lo primero, prácticamente todas las poblaciones colombianas cumplen con la labor de ejecutar los recursos asignados para atender a las víctimas, pero son escasas las que complementan con programas de, por ejemplo, acompañamiento psicológico, ayudas educativas y de vivienda, atención en salud o actos conmemorativos.

“No tenemos competencias sobre la reparación por vía administrativa ni tenemos incidencia sobre las decisiones que se tomen en ese sentido, pero sí podemos, como responsabilidad política y ética, abordar otras dimensiones de la reparación –cuenta Gabriel Jaime Bustamante–. Por eso tenemos un área dedicada al tema de la recuperación emocional, de la rehabilitación; otra dedicada a reparaciones simbólicas y colectivas, y otra a la reconstrucción de la memoria, formación en derechos y orientación de la oferta institucional a la población”.

De acuerdo con organizaciones sociales de Barrancabermeja, es general la desconfianza de las víctimas de hechos como las masacres de paramilitares cometidas en la ciudad hacia los programas nacionales de reparación y atención. Por eso, destacan que la Alcaldía municipal cree espacios alternativos de participación de las víctimas y las organizaciones que las acompañan.

Barrancabermeja, por su parte, además de apoyar en el terreno a entidades nacionales como Acción Social o la Alta Consejería para la Reintegración, tiene cuatro programas propios: atención integral a población desplazada, garantía y respeto de derechos humanos, apoyo al proceso de reintegración, apoyo y atención a víctimas, y reparación. Ha sido difícil, sin embargo, hacer que los programas tengan alto impacto, pues el primer problema es que los recursos propios son escasos: se cuenta con 1.000 millones de pesos para el presente cuatrienio, 170 de ellos ejecutados este año. Las cifras no incluyen el presupuesto para la atención del desplazamiento forzado.

Lo mismo ocurre con Cartagena. De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Distrito, la presente administración cuenta con 1.200 millones de pesos para una ciudad de cerca de 900 mil habitantes, y la situación se complica porque el tema es manejado directamente por la secretaria del Interior, Sindis Meza, que tiene a su cargo, entre otros, temas la seguridad, la prevención de la delincuencia y la justicia.

El gran contraste es Medellín, donde se invierten alrededor de 20 mil millones de pesos en este cuatrienio, sin contar los recursos para atender a la población en situación de desplazamiento.
Atiborrados por el desplazamiento

Hasta ahora, las administraciones de las tres ciudades reconocen que el impacto de sus iniciativas de atención y reparación a víctimas es todavía menor. La razón que dan, además de la escasez de recursos y de que otros temas suelen ser considerados más prioritarios, es la necesidad de atender a la población desplazada, que desborda la capacidad de las alcaldías.

En Barrancabermeja, por ejemplo, organizaciones sociales calculan que en los últimos cuatro años llegaron 30.000 desplazados a la ciudad, que hoy tiene unos 300 mil habitantes. “Por términos de política nacional, el programa que requiere mayor concentración es el de los desplazados, porque tiene implicaciones legales y las decisiones de la Corte Constitucional son muy amplias. La prioridad en este gobierno, sin embargo, es la construcción de políticas de paz”, explica Villabona.

Para el Defensor Regional del Pueblo de Bolívar, Alfonso Padilla, la falta de políticas claras y la atención ineficiente del desplazamiento forzado a escala nacional son padecidas a escala local y regional, lo cual impide la atención integral a las víctimas.

‘Víctimas no tienen las puertas abiertas’

Sin embargo, más allá de las limitaciones, al evaluar el enfoque y el impacto de los programas oficiales locales para las víctimas, organizaciones sociales en las tres ciudades coinciden en que los principales errores tienen que ver, por un lado, con la poca pertinencia de algunas actividades, por lo que los escasos recursos asignados corren el riesgo de desperdiciarse. Por otro, suele haber poca diferenciación entre los beneficios que reciben los desmovilizados y las víctimas, así como entre la ayuda humanitaria y la reparación.

“Es necesario reflexionar si estamos en una etapa de reparaciones o en una etapa en que es necesario que las administraciones tomen medidas para garantizar que cesen las violaciones de derechos humanos y que se sepa la verdad de los hechos. Las víctimas siguen siendo victimizadas de muchas formas diferentes. La ayuda económica se les brinda como si fuera una limosna y no obligación del Estado, que generó el problema”, opina María Victoria Fallón, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos de Medellín.

En ese sentido, a pesar del acompañamiento en trámites judiciales e iniciativas de construcción de la memoria de las víctimas, los programas locales de reparación suelen estar poco articulados a los derechos a la verdad y la justicia, y el acompañamiento en esos temas suelen ser momentáneos.

Eduardo Ortegón, coordinador de la Comisión Diocesana de Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Barrancabermeja, destaca que en la ciudad se consulte a las organizaciones sociales, pero lamenta “cierta dinámica paquidérmica” de la administración pública, que limita la acciones de paz y convivencia. Asimismo, “en cuanto a la atención hacia casos emblemáticos, como las masacres, lo que uno escucha es que hay cierta desidia o no se ve la acción concreta con estos colectivos de víctimas”, agrega Ortegón. Algo similar piensa María Victoria Fallón: muchas veces, “las víctimas sienten que no tienen puertas abiertas para ser escuchadas”.

http://reparaciones.ictjcolombia.org/edicion2/01reportaje_central.html