Transformar dolor en esperanza, defensoras y defensores de derechos humanos en América
Las defensoras y los defensores de derechos humanos desarrollan acciones cruciales para la construcción de un mundo donde el disfrute de los derechos humanos sea una realidad para todas las personas. Este informe, inspirado en decenios de trabajo con defensoras y defensores del continente americano –América del Norte, Central y del Sur y el Caribe–, destaca el enorme progreso que estas personas han contribuido a alcanzar y los peligros a los que siguen expuestas.
Al tiempo que ganan fuerza las reivindicaciones de derechos humanos en América, quienes lideran este clamor sufren amenazas, intimidación y violencia. Las defensoras y los defensores de derechos humanos son blanco de abusos graves y frecuentes desde hace decenios. Los últimos años no han sido una excepción. Al contrario, en años recientes han aumentado las noticias sobre ataques a defensoras y defensores en la región.2
Las defensoras y los defensores han sufrido intimidación, acoso, agresiones y asesinatos. Han sido vilipendiados en la prensa y objeto de cargos falsos, juicios injustos y errores judiciales.
El tipo de abusos puede variar, pero el propósito de los detractores y agresores es siempre el mismo: silenciarlos e impedir que lleven a cabo su legítimo trabajo. Los ataques tienen consecuencias devastadoras para las defensoras y los defensores, sus familias y colegas y la sociedad en general. Al silenciarlos, los autores de los abusos no acallan una sola voz, sino las voces de víctimas y sobrevivientes que piden justicia.
En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado cientos de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos en América. Este informe presta especial atención a los perpetrados entre enero de 2010 y septiembre de 2012. Durante este periodo, la organización tomó acción en casi 300 casos, pidiendo a las autoridades que cumplan sus obligaciones internacionales para garantizar que las defensoras y los defensores pueden desempeñar sus acciones con seguridad. Los casos aquí expuestos son sólo la punta del iceberg.
Aunque ha habido avances en algunos casos cruciales de violaciones de derechos humanos, el alto grado de impunidad en toda América sigue siendo motivo de honda preocupación. De los casi 300 casos analizados para la elaboración de este informe, no llegan a cinco los casos en que se declaró culpables a los autores materiales. En ninguno de ellos se llegó a identificar a la persona que ordenó los ataques, a pesar incluso de que en ocasiones la defensora o el defensor pedía expresamente que las autoridades investigasen esa cuestión.
Casi la mitad de los incidentes tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas. Ninguna de las empresas ni su personal han sido declarados culpables civil o penalmente en relación con estos ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ciertos grupos de defensoras y defensores están especialmente en riesgo de sufrir agresiones.
Son quienes defienden los derechos relativos a la tierra, el territorio y los recursos naturales; los derechos de las mujeres; los de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI), y los derechos de las personas migrantes; así como quienes tratan de poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos, y los periodistas, blogueras, blogueros y sindicalistas que defienden los derechos humanos.
Con frecuencia, las defensoras y defensores trabajan simultáneamente en más de una de estas áreas, lo que pone de manifiesto la naturaleza universal e interrelacionada de los derechos humanos, pero también refleja la realidad que viven las comunidades y los individuos atrapados en círculos viciosos de discriminación, exclusión y otras violaciones de derechos humanos. Muchos de los casos expuestos en este informe conciernen a defensoras y defensores que trabajan en lugares donde las comunidades sufren marginación, pobreza arraigada y la desatención del Estado.
Los Estados tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que toda persona pueda defender activamente los derechos humanos.3 Sin lugar a duda, este derecho debe incluir el reconocimiento de las defensoras y los defensores como actores legítimos con reivindicaciones legítimas y la obligación de atender adecuadamente sus preocupaciones de derechos humanos.
Las tendencias que se observan en este informe envían un mensaje claro y urgente a los gobiernos sobre las áreas prioritarias que han de abordar para cumplir su obligación de garantizar la protección de todas las defensoras y todos los defensores de derechos humanos.
Tal obligación debe concretarse en medidas urgentes destinadas a poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas contra defensoras y defensores, de modo que éstos puedan ejercer libremente sus actividades legítimas.4
El trabajo de Amnistía Internacional en este ámbito se basa en las normas establecidas en la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos).
La Declaración reitera derechos consagrados en diversos tratados y en el derecho
internacional consuetudinario, así como en otras normas pertinentes de derechos humanos internacionales y regionales. Hay acciones concretas que deben emprender los Estados para garantizar los derechos de quienes ejercen sus derechos para defender los derechos de los demás. Este informe examina el concepto de defensor de derechos humanos y las normas internacionales que prevén la protección de sus derechos. Ofrece también un panorama general de algunos de los abusos más graves y frecuentes cometidos contra defensoras y
defensores y de las medidas de protección integral que les permitirían llevar a cabo sus acciones en defensa de los derechos humanos en condiciones seguras.
El informe abarca casos de diferentes países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. La situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos es diferente en cada país y también varía la dimensión del problema, así como la voluntad del Estado en cuestión de reconocer el problema y tomar medidas efectivas para solucionarlo. Los casos aquí documentados reflejan esta diversidad. El informe termina con una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades y a actores no estatales pertinentes para que garanticen que las defensoras y los defensores de derechos humanos
pueden hacer avanzar la promesa de protección universal de los derechos de todas las personas en la región.