Tráfico de drogas y abusos de la brigada 17
Siembras de coca en cerca de 40 hectáreas, tres laboratorios de cocaína, 100 hectáreas sembradas en palma, el mantenimiento de ocupaciones de mala fe son parte de las constataciones de los usos a los que está siendo sometido los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó en medio de la elaboración del censo, que el gobierno de Santos, a través del ministerio el Interior, presenta como exitoso.
Cerca de 200 caminantes internacionales y nacionales durante cuatro días participaron en los actos de conmemoración de las operaciones “Septiembre Negro” y “Génesis”, dirigidas por el general Rito Alejo del Río Rojas, como comandante, en ese entonces de la brigada 17, con sus propios ojos observaron el control paramilitar dentro del territorio de Curbaradó y su entorno, que se mantiene 15 años después de esas operaciones en que se cometieron graves violaciones de derechos humanos.
Lo que es presentado como éxito por el gobierno de Santos y un modelo de restitución es distante para los habitantes de los consejos comunitarios que habitan en el territorio de ser ciertos.
En la región continúa el conflicto armado y bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla la brigada 17 en tres ocasiones, en las tres últimas semanas, en el puesto de control ubicado sobre Caño Claro Andalucía, los efectivos regulares han saqueados bienes de supervivencia de los afrocolombianos de Jiguamiandó señalando que los mercados son para la guerrilla.
Los abusos de autoridad dirigidos contra la población no se conocen contra los traficantes de drogas que sacan la cocaína hacia Belén de Bajirá y Mutatá, desde Santa Rosa de El Limón, en los límites de Curbaradó y Jiguamiandó, luego de cruzar por tres retenes militares y policiales. Los insumos para el procesamiento de la hoja pasan sin que se realice un control y restricción en el tránsito de sal, de gasolina, de cemento y de otros materias fundamentales para la cocaína.
Mientras en los medios masivos se anuncia que el censo avanza por un tercer anillo en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional de mayo de 2010, que ordena conocer quienes son los legales y legítimos habitantes del territorio, además de estos lugares de siembra de coca, se encuentran decenas que se vienen implementando en el territorio de Curbaradó en Apartadocito, y un centro de abastecimiento de semillas, unas áreas sembradas en coca y un laboratorio en Bella Flor Remacho, Jiguamiandó.
Mientras este negocio avanza, no queda rezagado la siembra de palma en 100 hectáreas en predios colectivos de Curbaradó. El ocupante de mala fe es el empresario Jesús Correa, alto ejecutivo de UNIBAN, que proyecta este conjunto de siembras de palma seguramente para el mercado mundial.
Sin saneamiento de la propiedad el gobierno continúa presentando resultados de cumplimiento de la Corte, desconociendo aquellos que hacen alusión a las actuaciones gubernamentales que eviten el desarrollo de operaciones empresariales ilegales en la región, las arriba mencionadas son algunas de estas. Igualmente, la ganadería extensiva en manos de la empresa La Tukeka, en predios de Caracolí, así como, en Caño Manso, por narcotraficantes no ha sido resuelto.
Sobre el censo, afrocolombianos de Curbaradó y Jiguamiandó han presentado sus inquietudes que no han sido resueltas. Los afrocolombianos que habitan en el casco urbano de Carmen del Darién, que no tienen tierra en la zona rural, o que realizan actividades pesqueras sobre el Atrato, pueden ser censados para elegir o ser elegidos, a la junta directiva del Consejo Comunitario? Qué fundamenta ese derecho? Si es así, se preguntan algunos, los afrocolombianos que habitan en Cali, Tumaco, Buenaventura en su cascos urbanos, podrían conformar consejos comunitarios y elegir a representantes legales de los consejos comunitarios de la zona rural?
Han manifestado igualmente su preocupación por que el gobierno municipal anterior, no quiso aceptar el reconocimiento legal de los consejos comunitarios, de base, cuando según, usos y costumbres, a través de este reconocimiento legal han podido proteger su identidad étnica y territorial, administrar el territorio, administrarlo y gestionar las respuestas a las demandas de salud, de educación entre otras.
Qué es lo exitoso? Observadores internacionales consideran que la distancia entre la realidad y las pretensiones del gobierno son abismales. Nadie se explica los abusos de la brigada 17, y la evidente complicidad con el tráfico de drogas o transporte de insumos, ¿cómo puede ocurrir, no enfrente si no al lado de la fuerza pública?, ¿cómo puede ser tan selectiva y perversa la operación militar?. Pero algo que continúa escandalizando aún más, es como se presentan operaciones paramilitares de control territorial sobre las siembras de coca y de cocaína, así como, las actuaciones de unos y otros a pocos metros, como lo que se convierte en parte ya de la costumbre, de un modo de ser y de estar del Estado.
Sin un saneamiento integral del territorio el gobierno pretende devolver, que no restituir, con bombos y platillos, los predios colectivos a las y los habitantes de Curbaradó y Jiguamiandó, tanta celeridad para intentar cumplir un Auto de la Corte, se ha concentrado en formalidades y procedimientos, mientras los factores reales de poder siguen definiendo el uso del territorio, lamentablemente coincidente con los Planes Nacionales de Desarrollo. Desafortunada coincidencia de ilegalidad con legalidad.
Bogotá, D.C. 21 de enero de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz