Trabajando para el jefe
El DAS, que depende del presidente, ha rastreado ilegalmente a César Julio Valencia y a Ramiro Bejarano.
Millonarios recursos del Estado se han gastado en hacer seguimientos ilegales a personas honorables, que no son del gusto del Presidente de la República. El principal investigador de la parapolítica, un Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y su abogado -que es un reconocido jurista y columnista de opinión- han sido blancos de seguimientos por parte del DAS. Esas pesquisas no están basadas en ninguna orden judicial, sólo en el deseo del gobierno de buscar elementos para desprestigiarlos.
Las pruebas fueron encontradas por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, en el computador de Martha Leal, antigua subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS. (Ver informe)
Los documentos electrónicos indican que el Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, fue seguido durante sus investigaciones por la parapolítica, incluyendo la del primo del Presidente Mario Uribe. En los reportes archivados, el DAS registra en detalle las diligencias adelantadas por el magistrado investigador dentro de sus funciones judiciales, y por lo tanto reservadas.
Uno de esos reportes advierte que en 2008 el magistrado Iván Velásquez recibía información de varios paramilitares, entre ellos “Ernesto Báez” y Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. Al final incluye una frase reveladora: “Alias “Macaco” desea colaborar con el gobierno”. (Ver reporte)
Unos pocos meses después de este reporte, el investigador de la parapolítica fue víctima de un montaje, hoy ya desvirtuado por decisión judicial. Para ensuciarlo usaron una carta de un paramilitar conocido como “Tasmania”. La misiva fue recogida por el DAS, casualmente por Martha Leal actuando por orden de su jefe María del Pilar Hurtado, quien a su vez recibió el encargo del Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno.
El investigador terminó investigado. Pasaron meses antes de que los propios paramilitares involucrados confesaran que todo era un montaje, según ellos conocido por “los señores”.
Según declararon “Tasmania” y “Báez”, los llamados “señores” eran el hermano del presidente, Santiago Uribe Vélez, el senador Mario Uribe, el abogado Sergio González (vecino de finca de Santiago, y de oficina de Mario) y el extraditado Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso” (quien hizo negocios y estuvo emparentado con Mario Uribe).
El mismo día que el senador Mario Uribe fue vinculado formalmente al caso de la parapolítica, el Jefe de Estado llamó al entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia. Le habló del caso de Tasmania y el magistrado asegura que también le mencionó tangencialmente a su primo Mario Uribe. Así lo afirmo en entrevista con El Espectador.
Por esa declaración, el Presidente Uribe inició un proceso judicial por injuria y calumnia contra el magistrado Valencia, quien se ha sostenido en su palabra. Para que lo defendieran reunió a tres de los mejores abogados del país, entre ellos Ramiro Bejarano quien con firmeza ha enfrentado la arrogante actitud del mandatario en las audiencias.
Ante la ley son dos partes iguales. Con los mismos derechos, obligaciones y posibilidades. Sin embargo algo muy distinto ha sucedido en la práctica.
El DAS, que depende del Presidente de la República, ha rastreado ilegalmente a César Julio Valencia y a Ramiro Bejarano.
En el computador de la ex directiva del DAS hay varios documentos que lo comprueban. Uno de ellos es un correo electrónico de Martha Leal envíado a pilar.hurtado@das.gov.co.
Bajo el asunto “Su solicitud”, Leal afirma: “Doctora con relación a su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán registra en catastro un inmueble (…). Así mismo el señor Valencia Copete César Julio (…) registra en catastro un inmueble(…)”. (Ver Correo)
¿Qué motivo tendría el DAS para reseñar las propiedades de quienes son contraparte del mandatario en un litigo?
Una pregunta que se quedará sin respuesta.
A menos que para el Presidente ganar ese pleito, a cualquier precio, sea un asunto de seguridad nacional.