Total convivencia de militares y paramilitares en San José de Apartadó
Comisión humantaria se desplazó, con acompañamiento internacional, a la vereda La Esperanza y zonas aledañas en San José de Apartadó, donde constataron de voz de los pobladores la permanecían de estructuras paramilitares en el territorio y la connivencia con militares
Martes 12 de marzo de 2013
El país y la comunidad internacional han ido conociendo a través de muchas confesiones e informes lo que fue la estrategia del General Rito Alejo Del Río en la Brigada XVII a mediados y finales de los años 90, con el respaldo irrestricto del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez: promoción de bases paramilitares, operaciones gigantescas de genocidio y desplazamientos masivos, concertación con las grandes empresas multinacionales que financiaban el paramilitarismo, exterminio de grupos, comunidades y organizaciones no sumisas a su estrategia. Algunos líderes del paramilitarismo de la región han confesado que encontraron apoyo total para continuar con esa estrategia en todos los comandantes que se sucedieron en la Brigada XVII.
A raíz de las graves amenazas e incursiones paramilitares en asentamientos de nuestra Comunidad de Paz en las últimas semanas, conformamos una comisión humantaria que se desplazó, con acompañamiento internacional, a la vereda La Esperanza y zonas aledañas, donde varias familias permanecían confinadas por los paramilitares y sometidas al ultimátum de siempre: si no trabajan con
ellos, deben abandonar la zona o morir.
El 25 y 26 de febrero la Comisión Humanitaria estuvo en La Esperanza.
Los militares se enteraron de nuestra presencia con anticipación y
adoptaron la estrategia de ordenar a los paramilitares esconderse y
alejarse del camino que recorríamos para no ser vistos. Los militares
hicieron presencia en la vereda La Esperanza el día 26, y lo hicieron
de una manera irrespetuosa, ingresando sin permiso a una propiedad
privada. Se identificaron como integrantes de la Brigada Móvil No. 24.
Los pobladores de la zona nos manifestaron que los paramilitares se movilizan con brazaletes marcados con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), el nuevo nombre que han adoptado. Es claro que han ido comprando fincas en la vereda de Playa Larga y aledañas, como la finca La Marina donde funciona una gran base paramilitar y es clara también su incidencia en el proyecto de carretera entre Nuevo
Antioquia y La Esperanza, para el cual han aportado mucha maquinaria.
Para los campesinos está también clara la estrategia paramilitar, manifestada en discursos y conversaciones, de avanzar en el control territorial de todo el corregimiento de San José de Apartadó. En esto coinciden con aquellos que han estado ocupando las veredas Arenas Bajas (sector de La Máquina) y Miramar en los últimos meses.
Lo más preocupante y lo que constituye la clave fundamental de su presencia y accionar en la zona, es la complicidad de la fuerza pública. Los mismos paramilitares se lo confiesan a los campesinos con intención de disuadirlos de toda resistencia a su dominación: el respaldo de la fuerza pública es total y por ello oponerse a la
estrategia es “enterrarse el cuchillo”: o les toca desplazarse o morir. Le explican a los campesinos que la fuerza pública está realizando operaciones de fachada al repartir volantes en los que se afirma estar persiguiendo a alias “Teilo”, a alias “Otoniel”, a alias “Fabio”, a alias “Beto”, entre otros; que la misma población civil puede comprobar la presencia paramilitar en la zona en grupos enormes y muy cerca de donde patrullan los militares. Por esto los paramilitares se muestran seguros ante los campesinos y afirman que no saldrán de la zona. Su seguridad se apoya, además, en la estrategia global a la cual dicen servir: adueñarse de la zona para ponerla al servicio de empresas mineras nacionales e internacionales, como lo han
hecho en otras regiones del país.
Entre las estrategias de desplazamiento siempre se ha contado la fumigación de los cultivos de pancoger con el fin de destruir las fuentes precarias de alimentación del campesino y envenenar sus aguas para obligarlo a abandonar la zona. Esta estrategia la han estado aplicando en las veredas Mulatos, La Resbalosa y las Nieves. Nuestra
Comunidad tomó registros fotográficos los días 21 y 26 de febrero de este año, en los cuales se comprueba la gravedad de los daños causados por las fumigaciones indiscriminadas de la Policía Antinarcóticos. En la vereda La Resbalosa fumigaron la fuente de agua de la cual se sirve nuestra Comunidad de Paz.
Tampoco han cesado otras prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, tales como allanamientos ilegales, amenazas y anuncios de masacres y exterminio. El miércoles 6 de marzo de 2013, hacia las 4:00 horas de la madrugada, miembros de la policía y del ejército llegaron a la vereda La Linda y allanaron de manera brutal la vivienda de Alfredis Rivas Borja, supuestamente porque
tenían informaciones de que el guardaba en su vivienda armamento. Rivas ya había sido víctima de un montaje judicial, de privación injusta de su libertad y cuya familia fue casi exterminada al ser asesinados su padre y sus hermanos por miembros del Ejército y de los grupos paramilitares, informaciones que reposan en la Presidencia de la República, en las instituciones judiciales locales y regionales, en todas las altas Cortes y en organismos internacionales. Ese mismo día, hacia las 12:30 horas, la presencia del Ejército en los espacios de vivienda y educación de la población civil, provocó un combate que puso en alto riesgo a los civiles y a los niños quienes se encontraban en la escuela de La Cristalina. Una bomba lanzada por los militares
cayó a unos 100 metros de la vivienda de un miembro del Consejo Interno en la cristalina, donde se encontraba él y su familia al momento al interior de la vivienda. A pesar de estos graves riesgos para la población civil, los militares acamparon en la escuela de La Cristalina por más de dos días.
El jueves 7 de marzo de 2013, hacia las 10:00 horas, un integrante de la Comunidad de Paz recibió una llamada telefónica en la cual se preguntaba por la ubicación de Germán Graciano y de Reinaldo Areiza. Germán es actualmente el representante legal de la Comunidad y en los últimos meses ha sido sometido a persistentes amenazas de muerte. El desconocido que hizo la llamada advertía que ya tienen un plan para asesinarlo en la misma zona en el momento en que dé ocasión.
Todo muestra que nada ha cambiado en los tres últimos lustros. Estamos sometidos a estrategias diabólicas del Estado que se aplican de manera obstinada y contumaz, defendiéndose con estrategias de fachada frente las protestas de la comunidad nacional e internacional.
Agradecemos a las personas y comunidades que desde muchos rincones del planeta nos sostienen con su respaldo moral en nuestra resistencia inquebrantable.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Foto tomada de arquitrave.com