Tortura, silenciamiento y censura permanente
“Y aunque decidiéramos dejarte vivir el resto de tu vida natural, nunca te escaparás de nosotros. Lo que está ocurriendo aquí es para siempre. Es preciso que se te grabe de una vez para siempre. Te aplastaremos hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Te sucederán cosas de las que no te recobrarás aunque vivas mil años. Nunca podrás experimentar de nuevo un sentimiento humano. Todo habrá muerto en tu interior. Nunca más serás capaz de amar, de amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad por algo, de tener valor, de ser un hombre íntegro… Estarás hueco. Te vaciaremos y te rellenaremos de… nosotros.” George Orwell, 1984.
Toda esta historia empezó, como me sentenció el 17 de noviembre de 2004 un hombre cuya voz reconozco en la del exdetective del DAS José Alexander Velásquez Sánchez, por “haberme metido con el que no era”. Lo mismo me dijo la noche del 23 de julio de 2001 otro ex DAS (cuya voz también reconozco en la de Germán Albeiro Ospina Arango) durante mi secuestro: que eso me pasaba por querer desenterrar a los muertos, por no dejar la basura en su lugar. Y mientras ambos están libres y no han sido siquiera investigados en mi caso, yo ya cumplo 18 años de persecución por creer en la utopía consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Dieciocho años. Casi dos décadas de los que deberían haber sido los mejores años de mi vida, enfrentada a amenazas, campañas de descrédito, burlas de las autoridades judiciales, aislamiento, confinamiento, exilios y tortura por parte de estructuras criminales que aún subsisten pese a la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y cuyos miembros están hoy mimetizados en entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, Migración Colombia, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General, o en empresas privadas cuyo fin, como lo ha demostrado el caso de Laude José Fernández Arroyo, no ha sido otro que el de favorecer con un accionar ilegal propio del crimen organizado al poder político, económico y social de un país donde reclamar derechos ha sido desde siempre un reto admisible sólo en discursos, leyes y letras que nacieron muertas.
Y aquí estoy, dieciocho años después, a horas de conocer la decisión de la Juez Segunda Penal Especializada de Bogotá, Nidia Angélica Carrero Torres, respecto de la solicitud de Emiro Rojas Granados, uno de los principales protagonistas al otro lado de mi historia, de prohibirme volver a hablar, dar entrevistas, informar e incluso escribir 280 caracteres sobre mi caso.
Rojas Granados, exsbudirector del DAS, investigado debido a mis denuncias por el montaje judicial que durante cuatro años desvió el caso Jaime Garzón Forero, indagación que fue abierta -gracias a mi insistencia ante la Fiscalía- sólo diez años después de la orden emitida en marzo de 2004 por el Juzgado Séptimo en el caso Garzón, y que hoy se encuentra paralizada en forma conveniente por esa entidad, hoy acusado por concierto para delinquir y tortura agravada en cuanto crímenes de lesa humanidad cometidos en mi contra, insiste en obligarme al silenciamiento.
A Rojas no le ha bastado con la espuria querella por injuria y calumnia (en medio de la cual en el año 2005 solicitó a la fiscal del caso prohibirme publicar el libro sobre Jaime Garzón), las amenazas, la tortura, ni con haber logrado modificar el curso de mi proyecto de vida, sino que ahora pretende obligarme a no contar lo que sucede en juicio, ni a dar opiniones sobre las audiencias.
Antes de que me callen, es menester recordar que el abogado principal de Emiro Rojas, Jorge Humberto Vaca Méndez, en agosto de 1999 era el director seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), y aún nadie responde por la desaparición de importantes pruebas que hubieran podido esclarecer el crimen de Jaime Garzón, como por ejemplo los videos de las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales cercanos al sitio donde el humorista fue ultimado, ni por la alteración de la escena del crimen.
La juez Carrero, al parecer molesta también por mis denuncias sobre la impunidad en mi caso (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/julie166.html) y la libertad por vencimiento de términos que su despacho le ha otorgado a 3 de los 4 detenidos dada la inactividad del proceso, dijo al finalizar la audiencia del 3 de julio pasado, que le encantaría no tener que llevar mi proceso “por múltiples razones”. Ayer, en audiencia contra William Merchán, otro de los acusados, fue notoria su molestia frente a mí.
Con ese panorama me enfrento hoy a su decisión, decisión que no sólo está en riesgo de afectarme en lo personal y profesional, sino que pone en peligro los derechos de todas las víctimas en los procesos penales. No contentos con lo que nos han hecho, ahora los perpetradores buscan que no podamos denunciarlos en público.
Por su parte, la fiscal del caso, Gilma Amparo Duarte, quien desde el año pasado viene tomando decisiones revictimizantes en mi contra (en julio de 2018 ordenó allegar al expediente mi historia clínica para determinar si yo estoy loca desde antes o después de la tortura), solicitó que se ordene investigarme para establecer si con mis opiniones he vulnerado los derechos de los procesados u otros intervinientes en el juicio. Un absurdo que sólo se entiende desde la cobardía de un sistema judicial que insiste en el secretismo como forma de imponer determinaciones contra derecho, y contra los derechos, al que sólo le sirve el silencio para legitimarse.
¿Cuáles podrían ser las razones de la juez Carrero Torres para ordenar a una víctima no volver a pronunciarse sobre su caso?
Una opción es que la juez decida restringir la toma de fotografias y el uso de celulares en la sala, basada en una circular del Consejo de la Judicatura expedida con el propósito de mantener el orden durante las audiencias con la cual nos han venido censurando a los periodistas desde el año 2005, pese a que ninguna autoridad puede restringir derechos constitucionales basada en actos administrativos.
Desde la ley 600, bajo la cual se rige el proceso contra el DAS, son pocas las opciones que tiene. En mi caso no hay niños víctimas, ni hechos de violencia sexual, ni tampoco testigos que puedan ser amenazados, con excepción mía como víctima, que de amenazas y hostigamientos ya sé bastante. La única posibilidad es que se decrete la reserva de las audiencias por motivos de seguridad nacional, pero cuesta creer que un juez de la República pueda atreverse a mezclar las palabras tortura y seguridad nacional en una sola frase.
Independiente de la decisión de hoy, seguiré contando. Y lo haré a golpes, como aquel poema de Benedetti: “que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo”.
Bogotá, 25 de julio de 2019
Claudia Julieta Duque Orrego
Periodista
Corresponsal de Radio Nizkor, Representante del Equipo Nizkor en Colombia.
Imagen: PBI/El Turbion.
Fuente: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/julie176.html