Toma y retoma del Palacio de Justicia

Se cumplen 36 años del Holocausto del Palacio de Justicia y de una lucha generacional por la verdad, la justicia y la reparación. Más de tres décadas de un capítulo que aun no se cierra en la historia de Colombia, manteniendo un manto de incertidumbre para los familiares que aún se preguntan ¿dónde están? y una sombra pasiva para la sociedad civil, que en su mayoría desconoce las motivaciones y responsables de los hechos.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la vida cambio para varias de las personas que se encontraban al interior del palacio y sus familias, y con la retoma, se inició un camino de incertidumbre, preguntas y dolor que no cesan, no solo por lo que representó ser víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, también, por la impunidad, el incumplimiento de las sanciones internacionales, y por velar los restos de un extraño, en lo que se ha pretendido justificar como errores en la disposición de los cuerpos.

A los 94 muertos y 12 desaparecidos que habían sido reconocidos inicialmente, sin contar las víctimas de tortura, se vienen sumando los nombres de quienes se creyó descansaban en las tumbas donde sus familiares los visitaron  por años, y que ahora, gracias a pruebas y videos como en el caso del Magistrado Julio César Andrade, se sabe que salieron con vida de la edificación, dando mayores argumentos para quienes consideran que allí se fraguo un “pacto de silencio” entre actores del Estado.

En lo que va corrido del año se han reconocido y/o entregado los restos de Carlos Horacio Urán, Jaime Benítez Prieto, Libardo Duran, Alfonso Jacquin, Noralba García y Héctor Jaime Beltrán en 2017. Mientras que la lucha para los familiares de Cristina del Pilar Guarín, Gloria Stella Figueroa, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Gloria Isabel Anzola, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, sigue a pesar que en algunos de los casos han sido entregados parte de los restos, insistiendo en que mientras no se conozca la verdad seguirán considerándolos desaparecidos.

El miércoles 6 de noviembre de 1985, inició la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M-19, cuando aproximadamente 35 guerrilleros liderados por Andres Almares, Alfonso Jacquin y Luis Otero, ingresaron al edificio en el marco de la operación denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con el que buscaban hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y los acuerdos suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes de la toma.

El M19 se tomó el edificio empezando por la cafetería que estaba ubicada en el primer piso del palacio, ingresando entre las 10:30 y las 11:00 a.m., a la que respondieron inicialmente hombres del batallón Guardia presidencial, para luego dar inicio a la retoma militar por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de la 1:00 pm, operación que se adelantó a sangre y fuego sin discriminar quien estuviese dentro.

El gobierno encabeza de Betancur, no manifestó su intención de entablar una negociación o de ordenar un alto al fuego por parte de la Fuerza Pública para que se respetara la vida de quienes estaban dentro del edificio, ni siquiera las suplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. A las 5:30 p.m. se inició un incendio y un enfrentamiento entre M-19 y el Ejercito que se extendió hasta las 2:00 a.m. del 7 de noviembre.

Los sobrevivientes salieron en mayor número en la tarde del primer día y otros el 7, muchos pudieron sobrevivir y otros fueron llevados a La Casa del Florero que se usó como “puesto de mando avanzado” por agentes del Estado para coordinar la operación e identificar a los sobrevivientes, apartando a quienes consideraban sospechosos de tener algún vínculo con el grupo insurgente, algunos consiguieron salir vivos de la casa museo, pero otros nunca lograron volver al seno de sus familias.

Una vez consumada la retoma, las autoridades militares se encargaron del lugar, trasladaron todos los cuerpos al primer piso, despojándolos de sus prendas, sus pertenencias personales y lavándolos para eliminar evidencias frente a los hechos. Algunos cuerpos ni siquiera figuraron en el edificio, fueron encontrados en fosas comunes, tumbas de otras personas o aún no se sabe que paso con ellos.

El proceso de levantamiento fue controlado por jueces de Instrucción Penal Militar, las actas son inconsistentes, hay sexos mezclados, nombres que no coinciden, posiciones artificiales, toda una serie de irregularidades que han truncado todo el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido; sin que se pueda dictaminar incluso el número total de victimas mortales y desaparecidos.

A partir de 1996, inició la exhumación de los cuerpos que se encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur, a donde fueron llevados algunos de los restos del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero ocurrida tan solo 7 días después. Desde entonces, la identificación de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos ha dado mayores resultados que en los años anteriores, aún se espera plena claridad y adjudicación de responsabilidad, puesto que hace más de tres décadas las víctimas han luchado de manera constante a pesar de que esto fue para muchos una fractura personal para su vida, así como lo es para toda la sociedad.

La búsqueda por verdad y justicia ha sido interminable y dolorosa con un sinfín de contradicciones en el camino. En ese escenario los protagonistas han sido miembros del M-19, si bien algunos militantes hoy hacen parte de otros escenarios políticos, quienes planearon y participaron en la toma del Palacio de Justicia no sobrevivieron; por otro lado, están los militares quienes pese a que han sostenido que actuaron siguiendo ordenes, no hubo consideración por la vida, ni los derechos de las personas que estaban al interior del Palacio.

En el marco de las investigaciones, se ha prestado especial foco en el Comandante de la Brigada XIII del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue destituido en 1990 pero hasta el 2011 se imputo una condena de 35 años de cárcel; el Coronel en Jefe del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano, quien, también fue destituido en 1990 y hasta diciembre de 2015 se le dio una condena de 40 años de prisión junto al mayor Oscar William Sánchez, que esperan casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que les proporcione la libertad. Por otro lado, en el marco del actual proceso de paz Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega negaron presentarte ante la Jurisdicción especial de Paz, solicitud que si fue hecha por el General Iván Ramírez Quintero.

El mismo comandante de la Escuela de Caballería, Coronel Plazas Vega, ha sido uno de los protagonistas principales del caso, no solo por presentarse como un héroe por los hechos ocurridos, siendo la imagen que se presentó ante los medios de comunicación en el momento. El 16 de julio de 2007 fue capturado iniciándose un proceso judicial en su contra por los desaparecidos y los hechos del Palacio, el 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión y el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto de los cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual para los familiares significo un retroceso, una burla y la destrucción de esperanzas para hacer justicia.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado colombiano en 2013 por la desaparición de doce personas en el Palacio de Justicia, en 2014 condena oficialmente a Colombia y ordena continuar con la búsqueda, sentenciar a los responsables y reparar a las víctimas de forma simbólica y económica. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se pidió perdón de manera pública por la responsabilidad estatal, sin embargo se desestimó cualquier tipo de investigación sobre el entonces presidente Belisario Betancur, e incluso Santos le pidió perdón por la solicitud hecha a la CPI por el Tribunal Superior de Bogotá.

Muchos familiares de las victimas ya fallecieron sin conocer la verdad de los hechos o recibir justicia, hoy siguen otras generaciones emprendiendo la búsqueda, pese a que evidentemente los procesos han sido demasiado tardíos, un caso que en tres décadas no ha podido siquiera acercarse a un final, siendo los familiares revictimizados no solo por la impunidad sino que también, frente a el discurso creado sobre sus parientes, como si no merecieran la vida que se les arrebato y por el silencio que muchos han debido mantener por años dadas los hostigamientos para limitar cada paso hacia la verdad.

A pesar del tiempo transcurrido y que tenga que transcurrir, o de los obstáculos encontrados, las familias han manifestado que no renunciaran a la búsqueda de la verdad y la justicia, se persistirá por mantener la memoria de sus seres queridos, por una herida abierta que continuara así, hasta que no se hallen transformaciones mínimas en los horrores de la violencia y el conflicto estructural en Colombia. Hoy, y después de 33 años sigue viva la exigencia por los derechos de las víctimas y los familiares, porque esto nunca más se repita.