Todos tenemos derechos, ellos también-2

Los elementos sanitarios y de aseo que permiten prevenir el contagio del virus COVID19, como guantes, tapabocas, jabones, antibacteriales, acceso al agua potable, entre otros, siguen sin ser suministrados en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios, entre ellos, los seis que fueron protegidos con decisiones de los jueces Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Tercero de Familia de Ibagué, Tercero Laboral del Circuito de Manizales y Primero de Familia de Tunja.

El pasado 30 de marzo nuestra Comisión de Justicia y Paz, J&P, a través de acciones de tutela buscando que el ejecutivo garantice los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario La Picota, La Modelo y de Mujeres Buen Pastor de Bogotá; Combita en Tunja; La Blanca de Manizales; Centro Penitenciario de Pitalito, y La Picaleña de Ibagué, logró que los Juzgados de Bogotá, Tunja, Manizales e Ibagué, decretaran medidas provisionales para que de manera inmediata se suministrara agua potable las 24 horas y elementos sanitarios y de aseo. Por su parte, el Juzgado de Manizales adoptó las medidas de traslado preventivo de las personas recluidas en calabozos de castigo, para celdas que garanticen condiciones de salubridad, agua, limpieza, luz y ventilación.

La falta de garantías necesarias para prevenir el contagio del virus desencadenó que el 2 de abril nuevamente se presentaran protestas en la cárcel “La Blanca” de Manizales, en las cuales se exigían condiciones de salubridad como medidas preventivas del contagio y propagación del COVID-19. Esta cárcel cuenta con 107,9% de hacinamiento.

Bajo este contexto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales emitió de oficio una nueva medida provisional el 3 de abril, por la cual requiere a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas decretadas a cargo de la cárcel “La Blanca”, el INPEC, las Unidades de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Consorcio Fondo de Atención a la Población Privada de la Libertad, entre otros.

El incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las entidades demandas, llevó a que exigiéramos mediante incidente de desacato el cumplimiento de las medidas provisionales para las personas recluidas en la cárcel de Cómbita, y pusiera en conocimiento de la Procuraduría General esta omisión. Ayer, por ejemplo, en esta cárcel las personas tuvieron acceso al agua durante 15 minutos.

La actual crisis generada por la Pandemia COVID19, sigue mostrando que en nuestro país existen grupos humanos sin derechos. La inveterada crisis del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, que originó la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en 1998, y nuevamente en 2013 y 2015, con los incumplimientos a las decisiones de cuatro jueces para brindar garantías sanitarias por COVID19, demuestran que se trata de un violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

El Gobierno Nacional no ha acogido las recomendaciones hechas por la Corte Constitucional sobre la urgencia de medidas de control sanitario y ha omitido los llamados de la Organización Mundial para la Salud y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo, para que los países afectados por el brote del COVID19 adopten medidas alternativas no privativas la libertad, y las advertencias sobre las consecuencias y el fracaso mundial para evitar la propagación del virus sino se acogen planes de manejo del virus en los centros penitenciarios y carcelarios. La OMS ha advertido que las personas privadas de la libertad o que viven o trabajan en entornos cerrados, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad frente al COVID19, que la población general.

La propia Corte Constitucional emitió medidas cautelares en el marco del Estado de Cosas Inconstitucionales desde el 24 de marzo, para que las entidades competentes rindieran informe sobre los planes de contingencia adoptados para prevenir, detectar, contener y atender la pandemia del COVID-19 en los centros penitenciarios y carcelarios del País.

Todas las decisiones judiciales parecieran ser un oficioso llamado al gobierno que sigue obtusamente con su decisión de actuar solo para favorecer los intereses de unos pocos en una crisis de grandes proporciones que afecta a todo un país, a toda la humanidad. Superada esta crisis la cual debe evitarse llegue a quiénes están privados de la libertad, la sociedad debe encarar los retos de la reconstrucción del país. Dirigentes y sociedad debemos pensar el sentido real de la resocialización del sistema carcelario, o si más bien es la proyección de la exclusión y de la insana venganza que en nada reconstruye a nada ni a nadie.

Imagen: El Colombiano