¿Tiranía de opinión?
Algunos creen que es alharaca. Pero el debate generado por la insistencia del presidente Uribe en referirse al “Estado de Opinión” como “fase superior del Estado de Derecho” es oportuno y necesario.
Un informe de Laura Jaramillo en el portal electrónico lasillavacia.com había identificado el uso repetido de la expresión por parte del Presidente en 103 discursos, artículos y entrevistas, casi todos “después de octubre del 2008”. No habría mayores novedades. Según José Obdulio Gaviria, el Presidente viene repitiendo la frase desde el 2002.
Sin embargo, la discusión se disparó tras la alocución presidencial al instalar el Congreso el 20 de julio pasado. Columna de Enrique Santos y editorial de EL TIEMPO, columnas de Rodrigo Uprimny y Ernesto Yamhure en El Espectador, de Humberto Galvis en Vanguardia Liberal, de Óscar Collazos en El Universal, de Gustavo Tobón y Germán Patiño en El País, artículo de Guillermo Hoyos en Razón Pública, otros artículos y columnas en las revistas Semana y Cambio: en fin, cito apenas algunos de los participantes en este debate, cuya importancia mal haríamos en subvalorar.
Lo que ha dicho el Presidente -así haya pasado desapercibido en los últimos siete años- no es de poca monta. Uribe ha proclamado la existencia de un “Estado de Opinión” (en mayúsculas), que sería la “fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho”.
Por supuesto que, como lo dijera Giovanni Sartori en una de sus 30 lecciones, “la democracia es gobierno de opinión, una acción de gobierno fundada en la opinión”. No obstante, nos advierte sobre las complejidades del proceso de formación de la opinión pública, y su resultado “frágil y relativamente incompleto”. Concebir instancias superiores al Estado de Derecho chocaría además con nociones fundamentales de la democracia liberal.
Nadie controvierte, pues, el principio democrático de la opinión pública, incorporado a la política colombiana desde la independencia. Más allá de tan básico planteamiento, el “Estado de Opinión” promulgado por Uribe es conceptualmente confuso y seriamente cuestionable, como han señalado ya sus críticos. La “característica por excelencia del Estado de Derecho” no es el “Estado de Opinión”, como lo reclama el Presidente. Sí la es el imperio impersonal de la ley, que ata por igual a gobernantes y gobernados.
Tampoco me parece que el “Estado de Opinión” deba ser “la muralla” (¿última?, ¿superior?) que ataje “el desbordamiento de cualquier poder”. En su historia, la democracia liberal ha diseñado mecanismos más complejos para contener “el desbordamiento de cualquier poder” -incluido el del “Estado de Opinión”- y protegerse así de las tiranías -incluida la tiranía de las mayorías-.
El Presidente intentó aclarar que “Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria, pero sí es equilibrio entre la participación y la representación”. Tal equilibrio, sin embargo, se rompe al declararse la “superioridad” del Estado de Opinión como “control más importante”, por encima de los controles institucionales estipulados en la Constitución. Y se rompe en favor de la democracia plebiscitaria.
En un ensayo ponderado que ha circulado por Internet, Jorge H. Botero -ex ministro de Uribe- examina precisamente las válidas preocupaciones que -desde las perspectivas de la democracia y del Estado de Derecho- despierta la proclama presidencial de la “superioridad” del Estado de Opinión. Con buenas razones, Botero no confía del Estado de Opinión, difícil de comprender. Sugiere, en cambio, emprender “la tarea apremiante” de “reinventar la democracia representativa”, como la mejor forma de limitar el poder y garantizar las libertades y las buenas políticas públicas, y de evitar regímenes caudillistas.
No se puede reclamar la “superioridad” del tal Estado de Opinión en un Estado de Derecho sin minar la esencia de la democracia liberal. No es alharaca. Hay razones -y de mucho peso- para intensificar el debate.
Eduardo Posada Carbó