Tibú
El Catatumbo no es sólo un río, ni una selva oscura, y ni siquiera hoy un campo petrolero.
Después de casi un siglo de haber descubierto el petróleo en la región, de haber sacado en barriles millones y millones de dólares y beneficiado ante todo a las compañías extranjeras, el Catatumbo es hoy, como hace 100 años, territorio de violentos conflictos. El enfrentamiento entre obreros y compañías petroleras desde los años 20 no ha cambiado de esencia ni con el asesinato de sindicalistas ni con el cambio de logo de Ecopetrol ni con el desarrollo de nuevas actividades productivas. Por el contrario, el problema se ha complicado aun más con la creación de grupos guerrilleros desde mediados de los años 60, el cultivo de la coca desde los 80, la organización de ejércitos paramilitares en los 90 y ahora el cultivo invasivo de la palma africana. El hecho de ser el río frontera con Venezuela completa el cuadro. En el Catatumbo, las Farc, el Eln y, aun —¡insólito!–, el Epl siguen siendo fuertes como lo sugieren los últimos ataques a la Fuerza Pública en Convención y El Tarra. El cultivo de coca se extiende en toda la cuenca del río y se renuevan variedades cada vez más productivas. La fumigación contribuye a regular los precios. No cabe duda de que así como el narcotráfico ha corrompido autoridades en Colombia, también lo hace en Venezuela, sin que ello comprometa, por supuesto, a sus gobiernos. Sin ir muy lejos: el contrabando de gasolina es una actividad económica más, digamos, lícita. Se contrabandea no sólo con combustibles ilegales, sino con los que el Gobierno autoriza importar y vender a bajo precio. La gasolina que entra legalmente no se vende en la zona fronteriza, sino en el centro del país. El imperio de Mancuso y de El Iguano —recuérdense los hornos crematorios y las masacres de Tibú y Cúcuta— dominó desde mediados de los 90 hasta hace unos cinco años. Hoy, según se comenta en público, los paramilitares se reorganizan, bajo otra sigla, en Convención y en Campo Dos. El gobierno de Santos anunció la creación de cinco batallones del Ejército en la zona y ya se construye una gran base militar en Tibú.
El Tiempo anunció que el Gobierno iniciará una revisión de títulos sobre tierras, porque existe la sospecha de procesos muy similares a los que han tenido lugar en Urabá, Montes de María y Meta. A saber: compras coactivas de propiedades o de posesiones legales, a bajos precios, por medio de testaferros a favor de grandes empresas agropecuarias. Al guiarnos por lo que ha pasado en los últimos días con el Fondo Ganadero de Córdoba, el Gobierno está dispuesto a jugar duro, por lo menos en Urabá. Sería un gran logro para la institucionalización de la legalidad agraria que metiera el ojo —y la mano si fuera necesario— en las denuncias que se hacen sobre compra y venta de tierras en el Catatumbo y específicamente en Tibú. Como se sabe, durante el dominio de Castaño, Mancuso y El Iguano, cientos de campesinos fueron expulsados de la región y sus fincas “vendidas” a negociantes de tierra que lograron lavar el pecado original de usurpación y obtener, con el concurso de notarios, registradores y alcaldes, títulos limpios que acreditaban la buena fe de los nuevos tenedores. Después —es decir, ahora— muchas de las tierras que no habían sido expropiadas por los paramilitares están siendo compradas, también a bajos precios, para convertirlas en fincas de palma. Hay un hecho sospechoso que la justicia debe aclararle al país: así como en Urabá, Montes de María y Meta, los fraudes en compra y venta de tierras, su registro y legalización han terminado en ampliación de la palmicultura, en Tibú se puede haber dado —o estar dándose— un proceso muy parecido y mortal para el restablecimiento del orden público en la región. Con un indicio adicional: en Montes de María y en Tibú la empresa que promueve el modelo es la misma: Hacienda Las Flores, de propiedad del exministro de Agricultura Carlos Murgas, llamado el “Zar de la palma africana”. Hoy están sembradas 10.000 hectáreas y la meta en los próximos tres años es multiplicar esta cifra por cinco, es decir, 50.000 hectáreas. Sobraría decir que la Hacienda Las Flores es también la propietaria de la fábrica de biocombustible que se construye frente al nuevo batallón del Ejército.
El Gobierno está en la obligación de poner en claro toda esta historia.