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Texto de la infamia, desaparecidos y fosas comunes

El Tiempo, único periódico nacional publicó recientemente un especial titulado “Colombia busca a sus muertos”. En el se muestran, como si de una chiva se tratara, cifras, datos, testimonios sobre la desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, tanta veces denunciados por las propias víctimas, organismos de derechos humanos y tantas veces negado. Espiral de mentiras y violencia que no ha cesado, desde que en 1977 fue reportado el primer caso de desaparición forzada por organismos del Estado. Ese año, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 34 años, militante de un partido de oposición fue desaparecida en la ciudad de Barranquilla junto con su novio por organismos de seguridad del Estado. Él fue torturado, logró sobrevivir, ella nunca regresó.


Nada parece cambiar, lo ya denunciado, lo dicho a gritos por las víctimas como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos-, ASFADDES; lo consignado en “Noche y Niebla” de la Liga por la Liberación y los Derechos de los Pueblos. Lo que ahora parece ser noticia nueva, chiva informativa, que parece haber conmovido a editorialistas, comentaristas, medios electrónicos es una verdad de apuño silenciada en la impunidad mediática, la impunidad social y que solo ahora, tal vez por la conmoción de los periodistas, llega a ser conocido en un día de menor circulación del diario

La Asociación hace 3 años en el año 2005, informó sobre la documentación desde 1982, de 7136 casos de desaparición forzada, pero pensaban que los desaparecidos podían ser el doble. Es un drama similar invisibilizado en las proporciones cuantitativas a la que viven los desplazados. Los datos estadísticos son un acercamiento perimetral no logran acercarse cuantitativamente a ese tipo de violaciones de derechos humanos. 17 años de dictadura militar en Chile no alcanzan los más de 7000 casos reportados, de un sinnúmero de caso más que se conocen en Colombia.

ASFADDES en el inició de la institucionalización paramilitar en el 2003 presentó junto con organizaciones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado un listado con información de circunstancias, de modo, lugar sobre Desaparecidos Forzados, y a través de un Derecho de Petición dirigido al Fiscal General de la Nación LUIS CAMILO OSORIO, en el que se preguntaba sobre el Estado de las Investigaciones, los agentes estatales vinculados, y la identificación de los responsables de las estructuras paramilitares comprometidos en este Crimen de Lesa Humanidad. Solo hubo unas pocas respuestas, sin respuestas precisas, un alto porcentaje de casos no tenía ningún proceso abierto. El libreto de la impunidad ni siquiera lograba llegar a la formalidad de una página que identificara un caso.

El estado de impunidad es casi total, son muy pocos los casos que han logrado un esclarecimiento básico sin por supuesto lograr justicia, pues los militares responsables se ampararon en el fueron militar, en el poder del ejecutivo para salir librados de investigaciones penales. Es una afrenta a la humanidad, el derecho a saber ha sido negado por el ente investigador, por lo que las estructuras criminales gozan del beneficio de facto de la impunidad.
Los relatos de El Tiempo, a veces descontextualizados de las políticas de seguridad sustentadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional en los diversos gobiernos, oculta la interacción de la estrategia estatal con el paramilitarismo, sin embargo, logra conmover las fibras intimas de los que se experimentan con sensibilidad, dejando entrever que el Estado no es débil ni una víctima fortuita de actores ilegales.

Tras de la lectura entre líneas al que lleva el texto es posible percibir la responsabilidad Estatal directa, planificada, sustentada en una ideología que criminalizo y justifica la victimización de sujetos sociales en lo rural y lo urbano en razón de su identidad política, de su organización, de su pensamiento, o de su identidad en las ciudades homogenizadoras.
La verdad acallada, las cifras que develan personas, los nombres de los lugares de enterramientos, (que la gente en las regiones sabe desde siempre donde estaban), los lugares de entrenamiento de los paramilitares, lugares públicos para las autoridades civiles y militares “salen a la luz”. Lo que siempre se ha sabido, la verdad real tan distantes de inútiles investigaciones que por lo general no han pasado de la etapa preliminar. Vergüenza de Justicia
En una desfiguración de la memoria lo dicho por las víctimas y organizaciones de derechos humanos ya no es mentira, eso no se recuerda, pero se desconecta de tantos señalamientos y falsas acusaciones contra las víctimas, hoy sindicadas de apartidas, de testaferros de terroristas o de auxiliares de la guerrilla.

Ahora, en la moda de las verdades a medias o mentiras institucionalizadas se
sabe, se reconoce que existieron patrones de formación, patrones de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, que existió una planificación y una pretensión en la estrategia paramilitar, esta última verdad no se dice. No se habla del modelo de sociedad impuesto, de la contrarreforma agraria lograda, del desarrollo de un modelo de relaciones políticas sustentadas en el Terror. De eso no se dice porque existe un consentimiento social del Estado autoritario, llamado estado Comunitario.

Los medios de información atribulados con el paso de relatos escalofriantes que muestran una perfecta formación de los victimarios para evitar cualquier posibilidad de vida de su víctima, más allá de la noticia escueta que calificaron de horripilante e indignante, minimizaron la dimensión del drama de la desaparición forzada con los relatos y los imaginarios institucionales. Las autoridades desmintieron los datos para no “manchar” sus estadísticas. Y por supuesto, nadie parecía escandalizado que el promedio de desaparecidos diarios fuera de cuatro personas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, en su visita a Colombia en el 2005 afirmó:

“Aunque durante las entrevistas entabladas por el Grupo de Trabajo este fenómeno fue frecuentemente negado por algunos funcionarios gubernamentales, dicha situación fue reiterada de forma contundente por ciudadanos comunes que sufren situaciones de violencia generalizada en su entorno cotidiano. Tal y como se mencionó anteriormente, el Grupo de Trabajo recibió testimonios de intenso temor por parte de familiares de desparecidos y de testigos de crímenes graves. Al Grupo de Trabajo le alarma la manera como en ocasiones las familias de los desaparecidos y las organizaciones civiles que trabajan en el tema de las desapariciones son percibidos y tratados por miembros de la sociedad y, en particular, por funcionarios gubernamentales y por la fuerza pública. Por ejemplo, recibimos testimonios en el sentido de que las víctimas directas de las desapariciones forzadas de algún modo se merecían su suerte”.

Verdad mediática que puede sensibilizar en medio del apocamiento del paramilitarismo como estrategia criminal de Estado o del adobamiento de la criminalidad que se percibe en la intimidad del Palacio de Nariño. Verdad real que se reconozca que la cifra de desaparecidos en Colombia se encuentra entre 10.000 y 30.000 personas muestra que no ha existido Estado nada débil, que se ha desarrollado una estrategia criminal injusta, desigual a nombre de la “democracia”, a nombre de la “patria”, a nombre de “Dios”, hoy a nombre de la llamada lucha antiterrorista y del Tratado de Libre Comercio. Verdad real la impunidad de la gran totalidad de los casos de desaparición forzada. Verdad real la inoperancia del sistema de búsqueda y la ausencia de una investigación de la desaparición como Crimen de Lesa Humanidad. Verdad real vergüenza de la desmovilización Ralito y su zona de ubicación es una sola fosa común” y que en los días previos a las negociaciones se removieron fosas, cadáveres para recibir a las autoridades gubernamentales. Verdad real que El Tiempo editorializa “esclarecer hasta el máximo el fenómeno de la desaparición forzada”. Verdad real ese deseo no es posible con el actual tipo de institucionalización del paramilitarismo y el tipo de “democracia” existente en Colombia.

Ante tanta verdad negada, tergiversada, parcialmente dicha, la verdad de las víctimas se continúa expresando en expresiones de indignidad, en cada plantón ante los Criminales de Itagui, en las organizaciones de familiares de desaparecidos, en la Comisión Etica, en las conmemoraciones de comunidades a lo largo y ancho del país. Es el único resorte hasta que exista realmente democracia con un ente investigador democrático.
A continuación reproducimos el especial del El Tiempo sobre “Las fosas de los paras”: Colombia busca a sus muertos”, publicado el 23 de abril del 2007 y la editorial del mismo periódico publicada el 24 de abril del 2007.

El Tiempo. Abril 24 de 2007
Colombia busca a 10.000 muertos

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EL TIEMPO se metió en las entrañas de esta búsqueda que empezó hace un año. Se han hallado 533 cuerpos, pero solo 13 han sido plenamente identificados por su ADN y 173 por prendas de vestir.
Ahora se conocen datos escalofriantes: ‘paras’ dictaban cursos para descuartizar, las ‘Águilas Negras’ desentierran los cuerpos y los lanzan a los ríos y las víctimas siguen con miedo.
Preguntas sin respuesta
¿De quiénes son esos zapatos? ¿Quién era? ¿Por qué la mataron? ¿La estará buscando una anciana atormentada con el recuerdo de una hija perdida? ¿O no la está buscando nadie?
Esas preguntas que provoca esta fotografía tomada en una fosa en Facatativá (Cundinamarca) son apenas algunas de las que se hacen en Colombia -desde que se levantan hasta que se acuestan- los dolientes de entre 10.000 y 31.000 personas de las que no ha quedado rastro después de los últimos años de guerra (el primera dato es de la Fiscalía, el segundo es de la Comisión Colombiana de Juristas).
Haciendo un corte de cuentas en abril, cuando se cumple el primer año de búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía ha recibido 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas; pero la mayoría no se ha podido explorar por falta de recursos: se han encontrado 533 cuerpos y lo más dramático es que solo 13 han sido identificados plenamente, es decir, con ADN. Otros 173 han sido identificados de manera preliminar (por prendas, tatuajes, etc).

Daban clases de descuartizar
Cuando en EL TIEMPO decidimos hacer un informe especial sobre el fenómeno de las fosas comunes comenzó a repetirse una escena en la sala de redacción: uno a uno, los reporteros que volvían de su labor, llegaban aterrados.
Pocos cubrimientos nos han sacudido de tal manera y pocos son tan difíciles de contar con palabras: por el tamaño del horror del método de muerte de los asesinos, por el dolor de las familias de las víctimas que no se aplaca y -tal vez lo más angustiante- por la sensación de que la magnitud de esta empresa desborda por el momento al país. ¿Se podrá desenterrar un porcentaje significativo de los muertos e identificarlos para aliviar a sus familiares? ¿Se logrará hacer como es debido el duelo para evitar abrir un tercer capítulo de violencia extrema en Colombia?
Los testimonios de paramilitares y los resultados de los equipos forenses permiten concluir que las Autodefensas Unidas de Colombia no solo diseñaron un método de descuartizar a seres humanos sino que llegaron al extremo de dictar cursos utilizando a personas vivas que eran llevadas hasta sus campos de entrenamiento.
Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió en terreno la barbarie del Aro (Antioquia), en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos cursos hasta hoy desconocidos. “Eran personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (…) Se repartían entre grupos de a cinco (…) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza… descuartizarlas vivas”, dice su expediente.
El uso de la motosierra no se ha visto en los cadáveres hasta ahora desenterrados. “Entre otras, no era práctico porque la motosierra se enreda en la ropa y por eso prefieren el machete”, explica un fiscal especializado en exhumaciones. El 70 por ciento de los que han desentarrado en la Costa están desmembrados con machete y la mayoría de los 106 cadáveres hallados en Putumayo -adonde Carlos Castaño exportó primero su maquinaria de muerte desde Urabá y Córdoba- recibieron un tiro en la cabeza y luego fueron partidos en cada articulación prominente.
¿Por qué descuartizar? Por un pragmatismo macabro: ante la necesidad de correr menos riesgos con jueces de aquí y del mundo por crímenes de lesa humanidad, los tenían que enterrar. Y para no tener que cavar fosas muy profundas -para ahorrar esfuerzo- lo mejor era partirlos en pedazos.
“A la medida del tronco (de la víctima) usted hace el hueco, aunque hondo. Y todas las piezas las mete. Entre cuatro o cinco mujeres hacen ese trabajo en unos diez minutos”, cuenta uno que comandó grupos de ‘paras’ en los Llanos. No parece haber explicación antropológica de querer esconder al otro, es solo una solución práctica.
Salvatore Mancuso por ejemplo confesó que para evitar que hallaran el cuerpo del líder indígena Kimi Pernía, lo sacaron de la fosa y lo echaron al río Sinú. Y fuentes informadas cuentan que antes de comenzar la negociación, el mismo Mancuso, para esconder sus crímenes, mandó a levantar tierra de una finca en Ralito que su grupo había sembrado con cadáveres. Ahora, las Águilas Negras, herederas de los ‘paras’ los están desenterrando y lanzando a los ríos, dicen investigadores.
¿Y de la guerrilla? También se han encontrado fosas, sobre todo en Cundinamarca, pero el 98 por ciento de las denuncias de las que se ocupa hoy la Fiscalía son de ‘paras’.
‘A Bogotá le importa un carajo’: especialista
El capítulo de desenterrar los desaparecidos juega un papel vital si se quiere un proceso que de verdad sane heridas en el país.
Y así lo reconoce Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación: “Ellos (los paramilitares) buscan borrar la memoria. (…) Hay que desenterrarlos (…porque) lo más importante para la víctima es recuperar el cuerpo de su hijo”.
Uno de los grandes problemas es que este tema no parece tocar nervios críticos del país. “Cada vez como que no pasa nada. Seguimos encontrando fosas y al país como que no le duele”, se queja otro de los fiscales encargado de desenterrar. Y María Victoria Uribe, antropóloga que le ha dado cátedra al país sobre la violencia de los años 50 anota: “A la sociedad bogotana le importa un carajo que descubran 15 cadáveres en Sucre”.
En la antigua Yugoeslavia, por ejemplo, montaron un banco de ADN que les permitió identificar a 10.000 víctimas. En Colombia se están haciendo algunos esfuerzos (se aprobó un Plan de Búsqueda, a finales del 2006 se reforzó el equipo de Fiscalía: aumentó de 1 a 3 fiscales especializados y a 8 fiscales de apoyo), pero no se ha logrado completar el registro unificado de desaparecidos al que obliga la ley desde el 2000 y a los que exhuman les ha tocado hasta protegerse con la fosa como un trinchera por la presencia de grupos armados.
Pizarro asegura que el tema amerita un documento Conpes o estar en el Plan de Desarrollo. Pero por ahora, ni lo uno ni lo otro. Cada una de las historias de las víctimas es conmovedora. Un abogado que recorrió durante ocho meses el río Magdalena buscando los restos de su hermano o la mujer de Amalfi que perdió a sus cuatro hijos y ha hurgado hasta en camiones de cadáveres tratando de encontrarlos, son apenas unas de ellas.
Hallazgos a punta de recompensas y descuentos
¿Cuántas fosas se podrán encontrar? La ubicación de las fosas las dan informantes que quieren ganarse 500.000 pesos o paramilitares denuncian para lograr una rebaja de hasta un cuarto de su condena.
Los que quieren ganar dinero a costa de los muertos se convirtieron en un escollo, pues de oidas, daban datos que les hicieron perder mucho tiempo a las autoridades. Las que denuncian los ‘paras’ son más acertadas. De hecho se aumentó un 500 por ciento desde que empezó a aplicarse la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, ahora no tienen claro si serán tenidos en cuenta para los beneficios y por eso, mientras en el 2006 fueron 3.214 denuncias (9 por día) en lo corrido del 2007 el promedio ha bajado a 5 por día (496). Y las denuncias de las víctimas son cada vez más escasas por el miedo: “Algunas no quieren ir con nosotros -cuenta un investigador-, pero nos dejan un palito en la noche en el sitio para guiarnos”.
¿Qué va a hacer el país? En este primer intento de la historia de Colombia por buscar la verdad de una época atroz no tendría ninguna justificación que el país urbano que vive en el siglo 21, no haga nada para evitar que el país rural siga siendo arrasado por la barbarie.
El museo de la infamia
Onofre Granados Peña, un campesino de 27 años, vestía una camiseta negra el día en que los paramilitares lo sacaron de su casa de la vereda Sacramento, en el municipio de Fundación (Magdalena). Ese fue el primer indicio para los investigadores que hallaron una prenda similar junto a un esqueleto exhumado el 23 de septiembre del 2006. Hoy está plenamente identificado.
Un escapulario con la imagen de la Virgen fue encontrado en una cueva en Chaguaní (Cundinamarca). Estaba enredado en el cuerpo de su dueño. Habían enterrado junto a él, a uno de sus amigos y a su perro.
Billetera de Winnie The Pooh. Estaba junto a los restos de un niño, cuya identificación aún falta por establecer. La osamenta del cuerpo, hallado en Cundinamarca, está triturada porque le lanzaron rocas para cubrirlo.
El día en que los mataron, Willian Arenas y Alexander Paez llevaban overoles y botas negras de caucho, con líneas rojas, marca Bata. Las Farc los confundieron con agentes de inteligencia y les pegaron un tiro en la cabeza. Era el 24 de mayo de 1999. Las botas, overoles y documentos aparecieron junto a sus restos en una vereda de Viotá (Cundinamarca), el 6 de junio del 2006.
Sandalias de mujer marca ‘Karelis Shoes’. Fueron halladas entre los restos de 34 cuerpos exhumados en junio del 2006 en dos fincas del corregimiento Mingueo, en el municipio de Dibulla (La Guajira).
Un buzo negro, de algodón, marca cotton Wers, talla M y un yin marca Ortfer, talla 32, de color verde hallados en una sepultura sin nombre en el cementerio de Berrugas, en San Onofre (Sucre), hace sospechar que los restos encontrados allí pertenecen a Julio Rafael Navarro Méndez, conocido como ‘Macayepo’. Sin embargo, falta la prueba científica.
Ocho años después de su muerte, los investigadores hallaron casi intacta la camiseta verde, de tres botones, tipo Polo, Main Stream, talla XL que Ovidio Russi vestía el día en que lo secuestraron las Farc, entre Girardot y Nilo. Se lo llevaron el 12 de Noviembre de 1998 y el 19 de septiembre del 2006 la Fiscalía halló sus restos en la vereda Ceilán, corregimiento Palmar, en Viotá.
Un cuerpo que tenía sandalias de mujer, pertenecía al ganadero Manuel Guillermo Montes. Lo encontraron cerca de María La Baja (departamento de Bolívar). La declaración de la viuda, sobre cómo los guerrilleros de las Farc se llevaron a su esposo, coincidía con el hallazgo: “Cómo salió descalzo, yo le entregué mis sandalias”.
¿Busca la prenda de un ser querido?
La Fiscalía General comenzó a publicar en una página web, fotografías de las prendas que acompañaban a algunos de los restos óseos encontrados en fosas comunes. Este museo de la infamia lo encuentra en la dirección electrónica: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm
LUZ MARÍA SIERRA
Jefa de Redacción


EL Tiempo Abril 23 de 2007
Se entrenaban para matar picando campesinos vivos
‘Pruebas de coraje’. De esa manera llamaban los paramilitares a los entrenamientos que les impartían a sus reclutas para que aprendieran a descuartizar personas vivas. Inicialmente, las autoridades desestimaron las versiones de campesinos que denunciaban esta práctica y le atribuían a estos ‘cursos’ la desaparición de personas. Pero cuando los propios combatientes empezaron a admitirlo en sus indagatorias ante la Fiscalía, el mito se convirtió en otro crudo crimen de lesa humanidad.

Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras. Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción.

“A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento”, dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como ‘Doble cero’ (Carlos García, asesinado por ‘paras’ del Cacique Nutibara).

Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. “Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas”, describe.

Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento.

Luego venía “la instrucción de coraje”: repartían a la gente en cuatro o cinco grupos “y ahí la descuartizaban”, dice Villalba en la indagatoria. “El instructor le decía a uno: ‘Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando’. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo”.

De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:

“Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia”.

Villalba describe el proceso: “A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos”. El entrenamiento lo exigían, según él, para “probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona”.

Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento.

“Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró ‘Doble cero’ y le dijo: ‘Venga, que yo sí soy capaz’. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos”.

Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.
“Eran personas de edad que llevaban en camiones, amarradas.
La instrucción era quitarles brazos, cabeza, descuartizarlos vivos”.
Francisco Villalba, paramilitar.
¿Fosas en lagunas y pozos de Babilla?
A finales de año pasado, un informante contactó a un grupo de investigadores para narrarle cómo antes de que se aprobara la Ley de Justicia y Paz varios jefes ‘paras’ de Córdoba y Sucre empezaron a hacer, en algunas de sus fincas, lagunas artificiales para la cría de peces. Según el informante, gente de la zona le advirtió a los ingenieros que las construían, que estaba contribuyendo al ocultamiento de fosas. “Solo son indicios -dice un investigador-. Pero tendremos que secar un par de ellas para ver qué encontramos”. Y añade que eso también explicaría por qué en fincas como El Palmar -campo de exterminio ‘para’ en Sucre- había caimanes y babillas. Al respecto, Iván Cepeda, investigador de violaciones a derechos humanos, asegura en uno de sus escritos que testigos le han manifestado que varios cadáveres fueron devorados por caimanes. La misma versión circula en Monpox con relación a una finca de ‘Chepe Barrera’.


El Tiempo Abril 23 de 2007
Rosalba buscó a sus 3 hijos hasta en volquetas llenas de cadáveres
Las fosas cavadas por los ‘paras’ abrieron heridas a lo largo y ancho del país. Casi en cada departamento hay alguien que espera que salgan de esas tumbas del horror los restos de los que un día se llevaron de la casa, de un arado…Testimonios de los que esperan desde distintos lugares el fin de la incertidumbre.
Aunque está viva, Rosalba Velásquez dice que se ha muerto cuatro veces. Una por cada hijo que le han desaparecido.
Ya casi completa una década de buscarlos entre pilas de cadáveres y listados de policía, pero nada. Peor que sus muertes -sostiene- es no tener la certeza de si los tiraron al río, a los gallinazos o si levantaron la tierra para meterlos ahí. “Eso último es lo más probable”, afirma recia, amargada.

Entonces, se acomoda en un sillón rojo. El calor del mediodía adormece y adentro de su casa grande de Amalfi (nordeste antioqueño) huele a chocolate recién hervido. Su mirada se pierde y su memoria vuelve sobre la volqueta roja que solía llegar al pueblo con cadáveres.

 ¿Toñito, trajiste cuerpos?

 Sí señora. Pero ninguno de los suyos-, le respondía el conductor que entonces trabajaba en una mina de oro cercana y que, de vez en cuando, cargaba con cuerpos que encontraba por el camino.

Era finales de los noventa, años en que paramilitares y guerrilleros libraban a muerte una guerra por el control del territorio. Muchos de los muertos eran botados a la vera del camino con letreros que prohibían recogerlos.

“Toñito -agrega Rosalba- traía los que podía y los descargaba como piedras en el andén, al frente de la morgue”.

Allá fue que Rosalba se acostumbró al olor a muerte. Muchas veces se untó las manos de sangre ajena. “Yo volteaba los cuerpos, los tocaba y ninguno era de los míos”, relata.

En la zona operaba el ‘Bloque Central Bolívar’, comandando por alias ‘Macaco’. Los paramilitares se habían llevado a dos de los muchachos y le habían prohibido a Rosalba preguntarlos.

Eran Jairo y Freddy, el segundo y el tercero de los hijos, de 29 y 28 años. La última vez que su madre los vio fue la madrugada del 21 de julio de 1997, quince días después del entierro de Guillermo, el mayor, que había sido asesinado por guerrilleros de las Farc.

Esa fue la primera vez que Rosalba sintió que moría. Ella resistió, pero su esposo no fue capaz con el dolor.

“Después del funeral del mayor se sentó en el comedor, destapó una botella de brandy y siguió bebiendo durante 14 días, hasta que la sangre ya no le corrió más. Los médicos diagnosticaron paro cardíaco”, cuenta Rosalba.

Fue cuando la muerte tocó otra vez a la puerta. Venía vestida de poncho, sombrero y arma en el cinto. Rosalba abrió como siempre, con una sonrisa seca y una arepa tostada dispuesta en la cocina.

Mamá, no deje que me maten

“Doña, llámeme a Freddy, lo necesitamos para una información”, le dijo ‘Veneno’, un jefe paramilitar de poca estatura y ojos verdes.

A esa hora, el muchacho dormía en un cuarto contiguo, separado de la sala solo por una cortina. Rosalba hubiera mantenido la calma si no es porque, por esas cosas de madre, alcanzó a distinguir al hombre que llevaban en la silla de atrás de la destartalada camioneta.

Era Jairo, su otro hijo. Lo acusaban de informante de las Farc.
Rosalba entró en pánico. No podía escuchar a su hijo tras el vidrio empañado por el aliento, pero sabía exactamente lo que estaba gritando. “Mamá, mamá, no dejés que me maten”.

La mujer entró a la casa llorando. “Escapáte Freddy. Hacelo por el solar. Escapáte, escapáte…”. Pero él respondió que no.

“Yo no soy un faltón y Jairo tampoco. Vaya y dígales que me esperen porque yo me estoy poniendo los zapatos. Que si me van a matar, que entren y lo hagan aquí porque yo sin zapatos no salgo”.

Sus hijos, cuenta ella, casi que se habían acostumbrado a estar entre el fuego de guerrillos y paramilitares. Todos, a excepción del menor, trabajaban en el río meneando una batea con la ilusión de sacar uno o dos gramos de oro.

Lo que siguió fueron largas jornadas de búsqueda monte adentro en compañía de Wílmar, el hijo que le quedaba.

Ambos sabían que donde hay fosas comunes hay peladuras en la maleza porque a los muertos en Amalfi los abrían y los llenaban de cal para que el olor no llamara a los gallinazos.

Preguntaban aquí y allá, en un pueblo y en el otro, pero nada.
“Era como si jamás hubieran existido”.

Vinieron años de soledad. Wílmar se había enrolado en el Ejército con la consigna de vengar la muerte de sus hermanos y recuperar sus restos.

Pero también lo desaparecieron los ‘paras’. Fue en el 2002, cuando se iba a reunir con un hombre que dizque sabía en donde habían enterrado a sus hermanos.

La esperanza más cercana de encontrar los restos de alguno de sus hijos fue cuando la Fiscalía viajó a La Viborita, una vereda cerca del pueblo, donde les habían dicho que podían estar.

Removieron la tierra y no encontraron nada. Rosalba dice que después de tantos años ya no tiene la ilusión de reconocer los restos de sus hijos por la ropa, pero sí espera que los encuentren y las pruebas de ADN le den la paz que lleva esperando 10 años.
“A mí me han herido tanto en esta vida que hasta el miedo me lo mataron”.
Rosalba Velásquez.
‘Obligaron a mi hermano a cargar a mi esposo muerto’
“Estaba preparando unos pedazos de carne y yuca para que mi esposo y mi hermano llevaran al arado, cuando tocaron la puerta.
Eran como cinco o seis hombres de camuflado que dijeron ser de las autodefensas y preguntaron por mi esposo. Él salió a ver qué pasaba y lo cogieron; después cogieron también a mi hermano Freddy. Como a la hora de camino los obligaron a tirarse boca abajo y le pidieron a mi esposo que dijera un número. Él dizque dijo 5 y uno de los paramilitares le gritó: se ha ganado la muerte guerrillero hp, y de una vez le disparó. A mi hermano lo obligaron a cargar el cuerpo hasta la casa, con el mensaje de que toda la familia debía desocupar o le pasaría igual. Pero Freddy no aguantó con el cadáver, lo dejó tirado en el camino y vino a decirnos que nos teníamos que ir. Agarré a mis dos hijos, de 2 y 3 años, y me fui a Tibú con lo que tenía encima”.

Víctima de El Tarra. Está desplazada hoy en Barrancas, Tibú.
‘Sueño que lo encuentro debajo de unas ramas’
“La vida se nos partió en la fiesta de la Virgen del Carmen, el 31 de diciembre de 1999, con la primera matanza en La Moralia (vereda de Tuluá). Después subían todos los días masacrando gente por la Cordillera Central.

El 20 de noviembre del 2004, Luis Abil, mi hijo, salió a trabajar a Santa Lucía y cuatro días después me dijeron que lo habían matado junto a otro muchacho. Fuimos a buscarlo al monte, los cementerios y las morgues, pero nada. Creo que fue uno de los últimos desaparecidos del Bloque Calima antes de que se desmovilizara. A cada rato sueño que estoy levantando ramas y que encuentro a Luis Abil en la montaña. Me despierto angustiada y solo rezo para que al menos no lo hayan torturado, como hicieron con mi hermano. A Paulo lo mataron el 29 de noviembre del 2002, junto a otros dos campesinos. A uno de ellos le sacaron un ojo.”

Alicia Carrillo, mamá de Luis Abil Reyes, desaparecido en vereda de Tuluá (Valle).
‘Llevo 9 años esperando que me digan dónde está Jaime’
“Vi desde una ventana que llevaban a mi hijo de 16 años y le apuntaban con un fusil. Lo llamé desesperado y cuando él intentó voltear la cabeza para mirarme lo empujaron.

Eran hombres con chalecos antibala. Corrí detrás de ellos como 200 metros, pero en un punto gritaron: ‘A tierra guerrilleros hijueputas’, y sonaron varios disparos.

Ellos se perdieron y cuando yo me devolvía espantado por las balas me encontré en el camino con un degollado. Desde la noche de ese sábado 16 de mayo de 1998 no he sabido nada de Jaime Yesid. Fue el día en que mataron en Barrancabermeja a siete personas y se llevaron a otras 25.

Mi hijo estudiaba noveno en el colegio Jhon F. Kennedy . Ya completo nueve años esperando que los paramilitares me digan donde quedó enterrado mi muchacho”.

Jaime Peña. Su hijo de 16 años fue uno de los desaparecidos por el jefe para ‘Camilo’.
‘Pongo su foto ante cada cámara que veo grabando’
“Desde el mismo día en que se la llevaron, el 14 de agosto del 2001, ando con la foto y la muestro en cuanto acto público hay para ver si me dan razón de mi Ángela. Voy a iglesias, a reuniones de desaparecidos y hasta la muestro cuando veo una cámara por ahí grabando cosas. El día que desapareció estábamos en una notaría con sus tres hijos. Un hombre gordo, negro y con un arma grande la señaló, le dijo que era del F2 y se la llevó. Entonces fui allá y dijeron que no la tenían. El novio me dijo ese día que se la llevaron porque él era de los ‘paras’ que estaban en guerra. Por esa pelea también perdí a Jaime de 28; Juan Albeiro, de 20; Oswaldo, de 21, y John Jairo, de 38.

Lo peor fue el 21 de agosto de ese año, cumpleaños 34 de mi Ángela, que llamaron y nos dijeron que la tenía Carlos Castaño. Cada vez que llega esa fecha creo que será el día en que aparecerá”.

Raquel George, madre de Ángela Torres, desaparecida en Medellín.
A David se lo tragaron las aguas del río Catatumbo
“Me despedí de mi hijo un día del 2002, cuando lo dejé en el bus de las 6 de la mañana que lo llevaba desde El Tarra hasta Tibú y de donde cogía para La Gabarra, donde le daban trabajo como raspachín.

Un domingo, dos o tres semanas después de que llegó, lo mataron tres hombres del ‘Bloque Catatumbo’, según me contaron. Estaba con un amigo tomando cerveza junto al embarcadero, y como no se debajan llevar les dispararon.

Echaron los cuerpos al río (Catatumbo), dizque para que se los tragaran los peces. Me fui para La Gabarra a ver si alguien me ayudaba a buscarlo pero el cuerpo nunca salió a flote. Me quedé sin saber a dónde fue a parar”.

Isabel Mejía, mamá de David Ortega ( 17 años).
La amenazaron porque andaba buscando a su esposo
“Usted está en la mira, deje de estar haciendo lo que no tiene que hacer. No busque a los muertos porque los muertos no están. Eso fue lo que me dijeron los paramilitares cuando por fin decidí poner la denuncia del secuestro de mi esposo. Se lo habían llevado hacía seis meses. Todo eso pasó en 1991. No volví a preguntar por él, pero hoy, 15 años después, guardo la esperanza de que alguien me diga donde está. Los mismos paramilitares me dijeron que se lo habían llevado dizque por ayudar a las Farc. Supe que ‘Los Carranceros’ (‘paras’) lo bajaron del carro antes de llegar a Puerto López (Meta), lo amarraron, le dieron dos tiros en la cabeza y lo enterraron en una fosa por la vía a los Japoneses, pero nunca supe el sitio exacto”.

Víctima del Meta que pidió el anonimato.
‘Solo pido que me digan dónde está el cadáver para quitarme este dolor’
“Ricardo (Robles Meléndez) desapareció el 21 de enero del 2001 en los Montes de María. Era de la Defensa Civil y salió a recoger el cuerpo de una muchacha asesinada, pero nunca volvió.

Al comienzo solo quería acabar con los que se lo llevaron, porque dice la gente que fueron los paramilitares, aunque no tenemos pruebas. Hoy quiero que sea Dios el que juzgue a los que lo mataron y a ellos les pido que me digan dónde dejaron el cuerpo de mi hijo para poder quitarme el dolor que he sentido estos años. La tristeza más grande para una madre es no saber dónde quedaron los huesos de su único hijo”.

Mujer de San Onofre.
‘Me han dicho que está sepultado en Villamaría, pero nadie lo encuentra’
“Como a las 3 de la tarde del 23 de marzo del 2002 vinieron vecinos a decirme que los paramilitares se habían llevado a mi esposo, Hisbelio Arenas. Vivíamos en el barrio El Obrero de Fresno (Tolima). Me contaron que llegaron en un carro deportivo al taller donde él arreglaba motos y que como no se quería ir con ellos le dispararon en las piernas.

Nunca más supe de él y me quedé sola con mi hija de 15 años. Después me dijeron que lo mató un paramilitar conocido como ‘Desguazador’ y que lo enterró en una fosa en un sitio conocido como Villamaría, pero nadie ha dado con ese lugar”.

Luz Mila Román, víctima de los ‘paras’ en Fresno (Tolima)

Olfato de ‘canela’ halló 26 cuerpos
Se llama ‘Canela’, es un cruce entre Pitbull y Labrador y es el único perro en América Latina adiestrado para ubicar fosas con restos humanos. Su olfato ha permitido a investigadores del DAS encontrar 26 muertos que ‘paras’ enterraron incluso a 2 metros bajo tierra. Sus principales hallazgos los hizo en el 2006, en Aracataca y la zona bananera, Magdalena, donde ubicó los cuerpos de 21 personas. El secreto del singular adiestramiento que el DAS le hizo a ‘Canela’ durante 6 meses consistió en exponer su olfato al olor de cuerpos humanos en descomposición para luego impregnarlos en toallas que ahora identifica como sus juguetes. Fallidamente, la Policía intentó preparar perros en esa técnica, pero lo hizo con carne de cerdo basándose en hipótesis de autoridades mexicanas que señalaban que su olor era similar a la humana. Hoy, ‘Canela’, de dos años, es una herramienta clave. Por eso, ahora se entrenan seis perros más.
ANDRÉS L. ROSALES GARCÍA
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
AMALFI (NORDESTE ANTIOQUEÑO)


El Tiempo Abril 23 de 2007 –
Antropóloga volvió de Kosovo a desenterrar muertos de los ‘paras’
Una mujer y su esposo yacen uno sobre otro en el fondo de un hueco de un metro de ancho. El que los sentenció ordenó desmembrarlos sólo para no cavar una fosa más grande en un claro de la selva siempre húmeda que rodea La Hormiga, un caserío del Putumayo que en menos de tres décadas ha sabido de la violencia de los ‘narcos’ de Rodríguez Gacha, la guerrilla y los ‘paras’.
Corre la segunda semana de abril. Liliana Meléndez, antropóloga forense de la Fiscalía, se limpia la nariz con un trozo de guante quirúrgico. Hace tiempo se acostumbró al hedor de los despojos, pero no a la tristeza que le producen. Su trabajo consiste en cavar donde los ‘paras’ escondieron a sus víctimas y rescatarlas, pero no sólo eso. La parte más importante es identificarlos y permitir que sus seres queridos los lloren al fin y puedan enterrarlos en una tumba con nombre.

Tres equipos de la Fiscalía están peinando el país tras el desarme de las Auc y la avalancha de ex ‘paras’ que están informando de las tumbas secretas por razones de todo tipo -están los que buscan 1/4 de rebaja de pena por colaboración hasta los que ya no pueden con los remordimientos-.

Llueve y el agua aprieta la tierra. El esfuerzo de los brazos resulta doloroso, pero no hay tiempo para descansar. Hace apenas doce horas cuatro policías fueron acribillados en La Hormiga, apenas a unos kilómetros de donde trabaja la comisión. De alguna manera, la pareja de la fosa tiene suerte. Los fiscales recibieron información de alguien que los conocía y sus restos no irán a parar a los depósitos donde centenares de cadáveres esperan que la ciencia y la justicia les den un nombre.

Compran las palas

Liliana es pequeña, de ojos claros, nariz redonda, manos blancas y sonrisa intacta a pesar de todo. Nadie que la vea caminando por la calle, el cabello recogido y el rostro apenas maquillado, imagina que se trata de una veterana de guerra, una mujer capaz de vencer el horror y mantener la cordura. Desde el año pasado, ha ayudado a desenterrar unos 150 cuerpos. Y en todo su tiempo en la Fiscalía ha visto unos 300.

Hace diez años estuvo en Kosovo rescatando muertos de una guerra ajena. Allá podía ganarse doce veces lo que le pagan en Colombia y tenía todas las herramientas para realizar su trabajo. Pero decidió regresar. Dice que está convencida de que desenterrar los cuerpos amputados por los ‘paras’ayudará al país y por eso se arriesga a viajar a las zonas más peligrosas. Su equipo, además del valor y la persistencia, son una pala, un palustre, un rastrillo y unos overoles desechables que impiden que los fluidos de los muertos la contaminen.

Pero los recursos siempre escasean. La antropóloga no lo dice, pero se sabe que ella y sus compañeros asumen cuentas que, en teoría, debía pagar el Estado. Hasta palas han tenido que comprar a veces en algún depósito perdido en la otra Colombia.
“Alguien tiene que vencer el horror y sacar la verdad enterrada. Alguien tiene que persistir que persistir y no darse por vencido. Yo hago mi parte”
Liliana Meléndez Segura, antropóloga de la Fiscalía.

JOSÉ ALEJANDRO CASTAÑO
ENVIADO ESPECIAL
EL TIGRE (PUTUMAYO)

El Tiempo Abril 23 de 2007 –
Armada de machete y palas, Pastora excava en busca de su hija

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“Si al infierno tengo que ir para rescatarla, allá voy”, dice con una voz pausada pero segura Pastora Mira García.

Cada vez que una “buena fuente” se le acerca y le dice: “Pastora por tal lado se habla de unas fosas”, le pasa un corrientazo frío por el cuerpo, pide detalles y agarra machetes para ir a escarbar la tierra en los parajes rurales de San Carlos (Antioquia) y hallar por sus propios medios los restos de su hija Sandra Paola Montes.

La primera vez que decidió ir a excavar en una fosa fue hace un año, y no niega que sintió miedo. Una vez los paramilitares entregaron las armas, contactó a uno de sus hombres y viajó, sin que su familia lo supiera, hasta Ibagué, donde le dieron la primera información.

” A esa monita la sacaron a la una de la mañana y la enterraron en el tramo entre la Holanda y La Llore (San Carlos), le dijo el ex ‘para’.

“Traté de ubicar las fosas que estaban cerca al campamento porque ahí quedó también otra que mataron en esos días. ¿Cómo?, dije, ya tengo alguito y regresé al pueblo con una sensación muy rara de tristeza y alegría porque a estas alturas encontrar el cuerpo de mi niña es un premio”, afirma.

Los forenses del CTI, que por esos días buscaban otro cuerpo, fueron hasta el sitio descrito pero no hallaron nada. Pastora no se desanimó y prometió volver aunque fuera sola, pues en Antioquia hay 114 fosas con 245 cadáveres pendientes por exhumar y solo 25 funcionarios para esa cruel labor.

La espera comenzó a dejarla sin salidas. “Estaba cansada de la orfandad frente a las autoridades que para uno como víctima a veces son inoperantes y me lancé a hacerlo sola”.

Fueron las preguntas punzantes de su nieta huérfana las que le inyectaron el coraje que se le nota en su cuerpo macizo. “Abuelita, ¿por qué yo soy la de menos? – me dijo la niña – ni siquiera tengo la lápida de mi mamá y quiero ver el nombre de ella en el cementerio y saber que ahí está”, cuenta esta mujer que se convirtió también en concejal de su pueblo.

Decidida, buscó a la mamá de la otra joven que según su informante habían asesinado junto a Sandra, se encontraron en la carretera que conduce al corregimiento El Jordán y llegaron dispuestas a todo.

Tenía un nuevo mapa. Debía ubicar la parte más alta del antiguo campamento de los paramilitares, cerca de la escuela, luego contar tres curvas en la vía y girar a la izquierda por el sitio donde los ex combatientes lavaban la ropa. Ahí debería encontrarlas.

“Conseguimos machetes, les labramos puntas a unos palos y empezamos a palpar en ese terreno. Un señor nos precisó más la cosa y sacamos tierra hasta que apareció una osamenta. La fosa no era muy honda”, cuenta.

Eran los restos de “La Cachama”, como le decían a la otra joven. “Su mamá reconoció las medias, lloró un ratico, volvimos a echarle la tierra y rezamos un padrenuestro”, dijo. No se la llevaron porque creen que eso corresponde a las autoridades, pero siguen esperando la exhumación oficial.

Y sin embargo de su hija no hubo rastro.

Una extraña desaparición

Las frustradas búsquedas han generado el efecto contrario en ella. En lugar de desanimarla la han vuelto una mujer tenaz. Ahora lidera un programa de víctimas en su municipio y hace un curso sobre atención y manejo del duelo en la Universidad Javeriana.

Sandra era una estudiante de licenciatura en educación física de una universidad de Medellín y vivía con un hombre hasta que él decidió meterse a las autodefensas, dice la madre. Un día en un retén del grupo armado la bajaron del bus junto con su hija de 6 años y la obligaron a vivir en el corregimiento donde este tenía presencia.

“A la niña me la devolvieron al día siguiente toda picada de los zancudos, pero a Sandra la dejaron casi un año. Querían que trabajara con ellos y no la dejaban mover de allá. Yo conseguí quien me informara de ella hasta que el 6 de febrero del 2002 nadie volvió a saber nada”, cuenta.

En San Carlos, donde la guerra ha dejado centenares de muertos por la confrontación entre las Farc, los ‘paras’ y el Ejército, todos saben que Pastora vive para encontrar el cuerpo de ‘La Mona’.

Su obstinación y amor la hacen creer en una nueva información.
Ya no quiere hablar con precisión de ella. Teme que, al verla tan cerca de su hija, muevan los restos.

“Cuando uno engendra un hijo y sufre esto comienza un disco en la vida que solo termina cuando lo puede enterrar”.

“Cuando uno engendra, cría un hijo y sufre esto comienza un disco en la vida que solo termina cuando lo puede enterrar. El mío todavía no hace sino girar y girar”.
Pastora Mira García, mamá de Sandra Paola Montes.

CATALINA OQUENDO B.
ENVIADA ESPECIAL
SAN CARLOS (ORIENTE ANTIOQUEÑO)

El Tiempo. Abril 23 de 2007 –
El cuarto de la última lágrima estaba en Sucre

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Un silencio largo parece cernirse como una nata espesa e invisible sobre las 2.860 hectáreas de El Palmar, la más grande hacienda entre el casco urbano de San Onofre y su corregimiento costero de Rincón del Mar (Sucre), convertida por los ‘paras’ en un cementerio de sus víctimas.
Desde que comenzaron las excavaciones, en el 2005, la Fiscalía ha encontrado 43 osamentas. Se calcula que por todo hay unos 300 restos en varios puntos de la finca.
En todo San Onofre han hallado 149 restos y sólo se han identificado a 17. Quince por ADN y dos por carta dental.

Hoy un niño, un cerdo negro y una gallina clueca parecen ser los únicos seres vivientes de El Palmar. Los campos yertos le dan un aire sombrío a las dos casas en ruinas del enorme feudo que el jefe ‘para’ de los Montes de María, ‘Rodrigo Cadena’, convirtió en el epicentro de su terror.

“Una vez lo vi y me temblaron las piernas. Él y sus hombres sacaron a mi primo de la casa, se lo llevaron a El Palmar y nunca más volvimos a saber de él”, cuenta una mujer morena.

Muchos sanonofrinos están enterrados aquí sin que se sepa dónde. Los restos hallados hasta ahora se deben a los testimonios de protagonistas de las matanzas que se decidieron a hablarle la Fiscalía.Los tres últimos hallazgos en El Palmar se produjeron en marzo pasado. Otras tres osamentas las encontraron en el Cementerio Central de San Onofre.

Según la Fiscalía, uno de los cadáveres exhumados corresponde a Luis Eduardo Peluffo Guevara, primo del desaparecido ‘Cadena’.Los que llevaban a El Palmar nunca salían vivos. A algunos los enterraron en fosas lejanas a las viviendas de la hacienda.

Aquí había una habitación a la que le decían ‘el cuarto de la última lágrima’. Ahí los torturaban, los humillaban, cuenta un habitante de San Onofre. Los que sobrevivían eran conducidos luego a un árbol de monte donde los colgaban, finca adentro, y los tasajeaban como reses para que cupieran en las pequeñas fosas. De las 36 fosas halladas en el 2005, sólo una tenía los restos de cuatro personas. Las demás eran individuales, con una profundidad de 80 a 120 metros y de 60 por 60 centímetros de diámetro.

En San Onofre, cuenta un hombre, la energía eléctrica se iba casi todos los días a las 6 de la tarde y todo el mundo se encerraba. Al otro día comenzaban a verse en las calles y las afueras los cadáveres de las víctimas.

En las casas de El Palmar y bajo un prodigioso árbol de caucho se planearon, según la propia Fiscalía, varias masacres.

Hoy las puertas de la entrada de la finca están selladas con una cadena de aros de hierro macizo, que le da cuatro vueltas a los maderos y se asegura con un candado. Así la encontraron hace más de un mes deudos de los sacrificados durante el dominio ‘para’ y representantes de organizaciones de derechos humanos que marcharon en procesión hasta el lugar.Querían entrar hasta el área de las fosas y levantar un monumento en memoria de las víctimas, pero no pudieron. Afuera dejaron un arco de palma con diez baldosas de ladrillo sobre las que escribieron los años 1997 al 2006, el comienzo y el fin de los ‘paras’ en la zona.

Los herederos de la hacienda, que volvieron a tomar posesión, tratan de recobrarle la vida productiva y ya empezaron a poblarla con ganado. Guardan especial recelo para el ingreso de extraños a su propiedad. Pero borrarle el pasado a El Palmar no será fácil.

El mismo vicepresidente Francisco Santos propuso que una parte de la hacienda (unas 100 hectáreas) se convierta en camposanto.
“Da escalofrío mirar para allá. Algunos pasan por esa finca y todavía se persignan”, cuenta una mujer de San Onofre.

149 restos ha hallado la Fiscalía en San Onofre. 43, en El Palmar.
VICENTE ARCIERI G.
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
SAN ONOFRE (SUCRE)


El Tiempo Abril 23 de 2007 –
Las fosas que sepultaron al menos 20 años de horror
Los paramilitares cavaron cientos para deshacerse de sus víctimas, y hasta de sus propios muertos. Picarlos y partirlos era un asunto de mera comodidad. Ahora algunos intentan removerlas para borrar evidencias. Ríos, las tumbas fáciles.
El Tropezón, tumba de los que no pasaron pruebas
No solo paramilitares muertos en combate – a los que ‘Martín Llanos’ les levantó un monumento- están bajo la tierra de El Tropezón.Las entrañas de ese caserío del Meta, donde el jefe de las autodefensas del Casanare tuvo su imperio, guardan también a muchos aspirantes a paramilitares que no pasaron las pruebas de entrenamiento y que fueron fusilados y asesinados ante el riesgo de que salieran a dar información.

Hasta la finca de un médico, según testimonios de habitantes de la zona, fue tomada por ‘Llanos’ y convertida en cementerio para las víctimas de sus atrocidades.

Envueltos en bolsas plásticas negras fueron hallados en el 2003 en El Tropezón, a 131 kilómetros de Villavicencio, restos de 11 personas. Casi todos eran paramilitares, pero llamaron la atención dos que conservaban huellas de ataduras en pies y manos.

Según investigadores, era una pareja de secuestrados. Estaban enterrados en una fosa ubicada junto a un montallantas. A 300 metros de ahí, el CTI encontró los otros nueve: ocho hombres y una mujer, que habrían integrado las autodefensas del Casanare.

Estos cuerpos, se supone que por haber perdido la vida en combate, estaban enterrados en cajones de madera. El monumento que ‘Llanos’ hizo levantar en el caserío incluía los alias de 30 muertos.

Esa placa fue destruida por el Ejército en abril del 2003, año en el que combatió con fuerza a ese grupo paramilitar.

Aunque para las autoridades es un hecho que El Tropezón fue la gran fosa de ‘Llanos’, los escasos 12 habitantes que quedan en el caserío, tres hombres y nueve mujeres, se niegan a hablar de esas tumbas y del ‘reinado’ de terror del jefe paramilitar en el caserío, ubicado en la vereda Alto Melúa de Puerto López (Meta). Eso sí, recuerdan que tras la salida de ‘Llanos’, por la persecución del Ejército y la guerra con el ‘Bloque Centauros’, de Miguel Arroyave, se instaló allí Manuel de Jesús Pirabán, ‘Pirata’.

Puso un aviso a la entrada del poblado que todavía dice: ‘El Porvenir, tierra de hombres y mujeres en paz’. ‘Pirata’ pretendió cambiarle el nombre al caserío, pero nadie habla de El Porvenir. Para todos sigue siendo El Tropezón, como lo bautizó ‘Llanos’.

El lugar cambió de jefe ‘para’, pero no de suerte. ‘Pirata’ se quedó haciendo lo suyo y aprovechando la ventaja estratégica del sitio, desde el cual se pueden divisar kilómetros de pequeñas montañas que conducen a todos los puntos de los Llanos. Por vías veredales se conecta con San Martín, San José del Guaviare, Casanare y Vichada.

Y desde hace un año, cuando ‘Pirata’ y sus hombres se desmovilizaron, El Tropezón se quedó solo con los 12 habitantes que tiene hoy. Acaban de llegar 30 ingenieros y trabajadores de la Compañía Geofísica Latinoamericana, que instalaron allí sus campamentos para buscar petróleo en la finca Tamanaco.

El ‘oro negro’ es hoy la esperanza de los habitantes de El Tropezón, que quieren enterrar su pasado de guerra y fosas.

Antes de que llegaran los paramilitares en el caserío ni siquiera había cementerio, “porque no había muertos”, dice uno de sus escasos pobladores.

11 restos halló la Fiscalía en El Tropezón en el 2003. Son los únicos encontrados hasta ahora allí. Las masacres de más víctimas en los Llanos, sin embargo, ocurrieron en Mapiripán, Puerto Alvira y San Carlos de Guaroa, en las que murieron 68 campesinos y 11 funcionarios judiciales. Fueron atribuidas a ‘paras’ de Miguel Arroyave y ‘Martín Llanos’.
LLANO 7 DÍAS
EL TROPEZÓN (META)


El Tiempo Abril 23 de 2007 –
‘Santa Fe de Ralito quedó convertido en una fosa’
Los pobladores de este pueblo cordobés que fue zona de ubicación para los diálogos entre el Gobierno y los ‘paras’ anhelan que más que a levantar el polvo de la carretera, las autoridades vuelvan a alzar la tierra donde estarían enterrados innumerables muertos.
“Y que vengan rápido”, dicen, porque su principal temor es que los ex ‘paras’ muevan de sitio los cuerpos.Una angustia que tiene asidero, pues en junio de 2004, días previos a la instalación del proceso, un organismo oficial supo que hombres de Salvatore Mancuso entraron con retroexcavadoras hasta el sitio conocido como ‘La Escuela’, antigua base de entrenamiento, y ordenaron remover cadáveres (hacia el interior de la zona de ubicación) o lanzarlos a ríos cercanos. El objetivo: anular toda evidencia.

Por eso el pasado 12 de marzo, cuando cuatro camionetas del DAS y la Fiscalía ingresaron por la vía a Ralito, sus habitantes despertaron de un letargo. Mirando por las hendijas de sus casas y hablando con los ojos, como se acostumbraron por la presencia de los ‘paras, celebraron la llegada de los fiscales.Luego cuando esos vehículos redujeron la velocidad y se abrieron paso por los potreros que llevan a la finca Los Patos, a 4 kilómetros de la antigua sede de negociaciones, supieron que algo importante empezaría a pasar.

Allí, con la ayuda de un ‘cara tapá’ (encapuchado) y solo a cuatro cuadras de la casa principal de la finca de “Don Abraham Ganem, uno de los hacendados más importantes de Córdoba (dicen con reverencia)”, hallaron cuatro muertos. Uno estaba enterrado junto a un árbol ‘Bongo de agua’ y un riachuelo por el que los perros de la finca y sus mayordomos transitaban. Y el resto, a 50 metros de ahí. Las huellas de otra excavación hacían creer que había más pero “le dieron y ahí no hubo nada”, aseguró un testigo que al minuto se calló porque detrás suyo estaba un reinsertado de Salomón F. Chadid, ’08’,el jefe ‘para’ que vive en Ralito.

Los funcionarios excavaron en un cementerio en Mantagordal, (también zona de ubicación) porque otra de las estrategias era sepultarlos sin protocolos legales. Allí encontraron un quinto cuerpo. Ninguno ha sido identificado, pero en la zona están convencidos de que eran combatientes. Solo se sabe que al DAS llegaron las pistas en diciembre pasado a través de un informante.

“Esos cinco no son nada. En la base, donde hacían entrenamientos, mataban 3 o 4 diarios y ahí los enterraban. Por donde busquen esto es un cementerio. Los muertos están en otras fincas. “, relataron. Y como un rosario mal rezado recitan los nombres: la finca Las Flores, Santa Catalina, en una comunidad llamada Cumbia y detrás de la casa de ’08’, a 3 kilómetros de la carretera.

“Es que Ralito ( y su zona de ubicación) es una sola fosa”, concluye una autoridad que ha escuchado a los pobladores aunque la Fiscalía no tiene un cálculo de lo que pueda existir allá. Pero a los habitantes ese primer hallazgo les trajo esperanza de que vuelvan la mirada hacia ellos porque, como dicen, a Ralito solo le quedaron sus muertos.

3 años llevaban sepultados los hombres que fueron hallados en la antigua zona de ubicación de los ‘paras’ para los diálogos con el Gobierno.
CATALINA OQUENDO B.
ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO
SANTA FE DE RALITO(CÓRDOBA)


El Tiempo, Abril 23 de 2007 –
Por siete ríos corrió la sangre derramada
Si la justicia en Colombia pudiera llamar a declarar a los ríos Sinú, San Jorge, Cauca, Magdalena, Catatumbo, Atrato y San Juan serían cientos los crímenes de las autodefensas que se esclarecerían.
Por años, estos grupos armados utilizaron sus aguas para desparecer a sus víctimas. Era toda una estrategia militar. Ramón Isaza, el comandante del Magdalena Medio antioqueño, confesó a comienzos de año que todos sus muertos fueron a parar al Magdalena. Y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que el cadáver del líder indígena Kimy Pernía, secuestrado en el 2001 en Tierralta (Córdoba), fue desenterrado de una fosa y arrojado al Sinú.

Pero la estrategia no siempre funcionó. El Cauca fue, tal vez, el único río que no se tragó enteros a los muertos. En Beltrán, un pequeño corregimiento de pescadores, a dos horas de Marsella (Risaralda), se quedaban varadas en un recodo del río, entre troncos y basura, las personas asesinadas en el norte del Valle.

Narcés Palacio, el sepulturero de Marsella, recuerda que enterró unos 500 cuerpos de NN en fosas comunes. “Los cuerpos venían a veces por partes, llegaba una pierna, después una cabeza. Unos habían sido torturados”.

Y aunque los muertos fueron atribuidos a venganzas de la mafia, en la zona operó por años el ‘Bloque Calima’, que se desmovilizó en el 2004.La ola de sangre no se detiene. Los muertos siguen bajando, pero los pescadores, por amenazas, ya no los rescatan. “Ahora uno les da una patada para que sigan”, dice uno de ellos.

En el Sinú también lograron rescatar cuerpos. “Sabíamos que había uno porque traía chulos encima”, recuerda Wálter Galeano Montiel, un arenero del corregimiento Las Palomas, a 30 minutos de Montería. Él llevaba los cadáveres que veía contra la corriente hasta la orilla. En la mayoría de los casos era difícil identificar el rostro del muerto por el plomo y las mordeduras de peces. Muchos de estos cuerpos quedaron como N.N. en Montería.

De este río lograron rescatar las partes del cuerpo de Santander Maussa, asesinado el 13 de septiembre de 1981, en el corregimiento Villanueva, municipio de Valencia (Córdoba), que fue descuartizado y lanzado al agua, según cuenta un familiar, por Los Tangueros, que estaban al mando del desaparecido Fidel Castaño Gil.

Testigos de su crimen les avisaron a los familiares de la víctima que lo habían echado al río y aguas abajo encontraron sus extremidades y lograron armarlas como un rompecabezas.

En Chocó, los sacerdotes acudieron hasta a una vidente para encontrar los cuerpos del padre José Luis Mazo y del cooperante español Iñigo Equiluz, que se ahogaron en el Atrato tras ser embestidos por una lancha de paramilitares, el 18 de noviembre de 1999, frente a Quibdó. Pero esta suerte no la corrieron decenas de víctimas que arrojaron los ‘paras’ a este río y al San Juan. En este departamento, según la Diócesis, entre 1996 y el 2000 estos grupos mataron a cerca de 800 civiles indígenas y negros, muchos de los cuales fueron a parar a los ríos.

Los que no aparecieron

De otras víctimas no quedó rastro. Isabel Mejía perdió en El Catatumbo a su hijo David Ortega, un muchacho de 17 años, que se fue a raspar coca a La Gabarra (Norte de Santander). Personas que lo conocieron le contaron a Isabel que al joven lo asesinaron las autodefensas, tres semanas después de haber llegado, cuando tomaba cerveza cerca del embarcadero.
“Me dijeron que los ‘paras’ no se contentaron con matarlo sino que echaron su cuerpo al río, dizque para que se lo tragaran los peces – cuenta Mejía-. Quisiera hallar al menos algo de mi hijo para poderlo enterrar y estar tranquila el resto de mis días”.

Otro que no sabe nada de su familiar es Emilio Vargas Martínez, que busca desde 1992 a su sobrino Carlos Lobo Vargas, lanzado a las aguas del Sinú. “Lo mataron las autodefensas porque dijeron que había matado a otra persona, pero eso era mentira y, sin embargo, no le perdonaron la vida”, sostiene Vargas.

Esta incertidumbre ha perseguido por años al abogado Jorge Núñez Hernández, hermano de Boris Núñez, que fue secuestrado el 17 de mayo del 2001 en Barrancabermeja, y que según testigos, fue asesinado y arrojado al río Magdalena, donde los ‘paras’, a los que se señala de cerca de 5.000 muertes en el puerto, tenían ‘botaderos’ de cadáveres. Jorge buscó a Boris, de 36 años y empleado de la alcaldía, durante ocho meses por los pueblos río abajo, hasta que le mandaron a decir que dejara de buscarlo porque lo iban a matar. Así Boris se convirtió en uno más de los 208 desaparecidos a manos de estos grupos en Barranca y cuyos cuerpos habrían ido a parar al río.

“El río en esta región es cómplice, el río en esta región se lleva a la gente, la historia de mi hermano es una lápida de agua”, dice Núñez.
2.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Córdoba, desde octubre del 2006, según Raúl Hogaza, presidente de Comfavic. Existen desaparecidos en este departamento desde los años 80.


El Tiempo Abril 23 de 2007 –
Cuevas, los nuevos cementerios en Cundinamarca
“Cráneo con fractura, 2 clavículas, 24 arcos costales, 2 tibias, una rótula. una ojiva de arma y un escapulario del Corazón de María con la leyenda: ‘Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte'”. Este es el contenido de una de las fosas ‘paras’ que más ha aterrado al CTI de la Fiscalía. Para llegar a ella tuvieron que caminar 2 horas a campo abierto y soportar un hedor nauseabundo mientras descendían -con cuerdas- más de 10 metros bajo tierra.

Los ‘paras’ creyeron que nadie iba a llegar hasta allá, pero el 21 de julio pasado las autoridades encontraron a cuatro de sus víctimas. La fosa estaba camuflada en una cueva natural, a escasos 90 minutos de Bogotá -en el sitio Piedras Blancas, vereda San José Alto, en Tibacuy- , a la que hubiera sido imposible llegar sin la información de un ex ‘para’ que busca aminorar sus penas morales y judiciales.

Lo primero en aparecer ese día fue un cráneo al que no le cabía una fractura más. Luego, otro en similares circunstancias. Y la sorpresa fue mayor cuando apareció el esqueleto de un perro y los restos de un niño y de otro adulto. DAS y Fiscalía tienen la certeza de que hay otras cuevas que ‘paras’ de los bloques Capital, Cundinamarca, Centauros, Tolima y Casanare -que actuaban en Cundinamarca o en sus límites- convirtieron en cementerios.

Viotá, Albán, Silvania, Chaguaní, Pasca, Útica, Villeta, Jerusalén, Ubalá, Guayabal, Puerto Salgar, Guaduas, Yacopí… en todos esos pueblos han encontrado más de 70 fosas comunes. En solo Viotá, pueblo vecino a Anapoima -el exclusivo veraneadero capitalino- ya van 27 fosas.

Y no es para menos, Cundinamarca ha soportado la acción de sanguinarios ‘paras’ -como ‘El Águila’ (en Yacopí), ‘El Indio’ (del Bloque Capital) y ‘El Pájaro’ (en Guaduas).

Pero hay otros cómplices del holocausto: las Farc, por ejemplo. Dos de los cuerpos hallados hace unos meses resultaron ser contratistas de Condensa que habían sido plagiados.

Y aunque la mayoría de los restos ubicados en la región aún está por identificar, en los expedientes de algunos ex jefes ‘paras’ ya rezan los resultados de los primeros análisis científicos y judiciales que los hacen responsables de decenas de crueles homicidios. ‘El Águila’, por ejemplo, tendrá que responder por el asesinato de los capitanes de la Policía William Montilla y Ancízar Sánchez, hallados el 25 de octubre de 1998, cerca de Puerto Salgar.
10.000 el número de personas reportadas como desaparecidas en el departamento de Cundinamarca desde 1998. La cifra es avalada por la Fiscalía, entre otros organismos.
UNIDAD INVESTIGATIVA


El Tiempo Abril 23 de 2007 –
‘No es suficiente sacar a los muertos para sanar al país’
María Victoria Uribe, antropóloga que ha estudiado como pocos la violencia de los años 50, en Colombia, habla de lo que va de aquella época a la barbarie reciente. ‘Hay un problema de duelo tremendo’, dice.
¿Cambió algo entre la manera de matar de la violencia de los 50 y de la de ahora?

Solo la sofisticación de las armas. Antes machete, ahora motosierras, fusiles de alta precisión. La cosa se volvió mucho más eficaz. En los años 50, el 70 por ciento de este país era rural; ahora la proporción es inversa y eso tendría que haber incidido en la violencia rural, pero nada ha cambiado.

¿Cómo puede explicarse la brutalidad de los que matan?

No creo que haya una respuesta neutra a esa pregunta, pero sí que la intención es desbaratar al otro, literalmente que ese otro quede irreconocible, la idea es borrarlo. Por eso no basta con pegarle un tiro, sino que hay que castrarlo, decapitarlo, cortarle las manos…

¿Pasa en todos los lugares?

La crueldad es propia de la especie humana. Se vivió en Ruanda, África, con los nazis, pero en Colombia hay persistencia en las prácticas de desmembramiento.

¿Desmembrar a los muertos antes de ponerlos en una fosa ha sido un asunto de comodidad o tiene algún significado?

Ahora predomina la comodidad. Los vuelven pedacitos porque caben en un espacio más pequeño.

En la época de la Violencia había más ritualidad. Se tomaban el tiempo para desmembrarlos y para poner lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Por ejemplo, la cabeza cortada entre las piernas, o el pene en la boca. Había una intención de desordenar para causar terror. También para causar terror los paramilitares desmembran a personas vivas.

¿Qué explica la persistencia de esa maldad en Colombia?

Tenemos un problema de duelo tremendo. Este país ha pasado por unos dolores inconcebibles y una carnicería que no se ve en ninguna parte del continente americano. La gente tiene sus tragedias por dentro, las procesa como puede y trata de seguir viviendo.

¿Se dejó de hacer algo frente a la violencia de los 50 para hacer más sano al país?

Claro. Esa violencia está enterrada en la impunidad absoluta. Nunca se habló de ella, nunca se procesó.

Ahorita debe hacerse lo que sucedió en Sudáfrica, que los colombianos escuchen lo que están contando las víctimas y los paramilitares así sea dolorosísimo.

Si no, ¿la historia tenderá a repetirse?

Todo indica que la seguiremos repitiendo si sepultamos todo bajo un manto de impunidad. Yo garantizaría que en 20 años seguiremos viendo decapitaciones y desmembramientos si no nos atrevemos a socializar lo que pasó.

¿Qué puede cambiar eso hacia el futuro?

Lo que se está ventilando puede tener un efecto, tal vez en la generación de los nietos, para que no se repita esto. El problema es que no se está ventilando suficiente y la única manera de que la sociedad escarmiente sobre crímenes atroces es que conozca lo que pasó. Nosotros estamos bien informados, pero no es información lo que necesitamos, es conocer lo que ha implicado esa violencia. El dolor, el duelo, el desarraigo.

Tiene la esperanza, pero a la vez cree que con lo que está pasando el país no va a sanar…

No porque este es un proceso a medias. Los paramilitares van y confiesan lo que quieren. Sería distinto si fuera como en Sudáfrica, donde el victimario da su versión pero tiene frente a las víctimas que lo confrontan. Hay pequeños experimentos de diálogo entre ‘paras’ y víctimas en algunas regiones. Eso ayuda.

¿En la época de la Violencia abrían fosas para los muertos?

Como ahora, había 3 mecanismo: botarlos a los ríos, dejarlos para que se los comieran los animales y hacer la fosa para meterlos.

¿Qué efectos tendrá el destape de las fosas?

Nada distinto a dar cierto sosiego a los familiares de las víctimas. A la sociedad bogotana le importa un carajo que descubran 15 cadáveres en Sucre. ¿Qué impacto tuvo en Bogotá la masacre en El Salado?, ninguno. Bogotá es una isla. Los problemas de Bogotá no tienen nada que ver con el país rural.

“Yo garantizaría que en 20 años seguiremos viendo desmembramientos si no nos atrevemos a socializar lo que pasó”.

Sobre necesidad de debatir públicamente el tema.
En Guatemala no se ha hecho mucho y los Balcanes son el modelo a seguir
La búsqueda de desaparecidos tiene espejos en África, la misma América Latina y hasta Europa. En la mayoría de países, como sucede con la reparación a las víctimas, son más los fracasos que los éxitos. La antigua Yugoslavia, un modelo que ha funcionado.
GUATEMALA
23 líderes de izquierda y dirigentes sindicales fueron, en 1966, los primeros de una lista de desaparecidos políticos que, en 30 años de conflicto interno en Guatemala, superó de lejos las 20 mil personas.

¿Su perfil? Muchos eran indígenas descendientes de los mayas. Y como en Colombia, la mayoría de las víctimas fueron habitantes del campo, casi todos hombres, pobres y con baja escolaridad.

En 1999, el informe de la Comisión de la Verdad, llamado Memoria del Silencio, recomendó priorizar la búsqueda de las víctimas: “Una de las secuelas más palpables que los declarantes hacen constar repetidamente es el dolor por no haber enterrado y vivido el duelo de sus muertos y desaparecidos o por no saber nada de ellos”.

Otros sobrevivientes dijeron sentirse culpables por no haber muerto con sus familiares o por no haber hecho más por saber de ellos.

Pocos resultados. 11 años después del fin del conflicto, la tarea de encontrar a los desaparecidos sigue pendiente. En algunas regiones las comisiones de búsqueda son recibidas a tiros por miembros de las antiguas patrullas campesinas.

También sigue pendiente la búsqueda de unos 5.000 niños separados de sus padres.

PERÚ

Unas 13 mil personas desaparecieron en Perú en 20 años de conflicto, entre 1980 y el año 2000. La provincia de Ayacucho fue una de las más golpeadas por esa modalidad, atribuida especialmente a las fuerzas de seguridad del Estado peruano.

Perú le entregó a Colombia su modelo de georreferenciación para ubicar fosas comunes, considerado como uno de los más desarrollados en ese campo.

La política de búsqueda de desaparecidos, sin embargo, ha recibido críticas.

Aldo Bolaños, del Instituto Peruano de Antropología, dice que en su país hay búsqueda de fosas, pero no de personas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó la existencia probable de unos 4.500 lugares de entierro de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. En solo uno de cada 10 casos hay información previa sobre las víctimas.

En el Instituto de Medicina Legal de Perú hay centenares de huesos recuperados y virtualmente imposibles de identificar.

“Nunca una exhumación debe ser asumida sin una respectiva investigación preliminar que la enmarque. Es una regla de oro.
Cada cuerpo devuelto cierra una herida”, dice Bolaños. Es una lección para Colombia.

LOS BALCANES
Fosas de entre 100 y 500 personas son las que se encuentran los equipos de antropólogos forenses que realizan su trabajo en Bosnia y otras repúblicas de la antigua Yugoslavia. Unos 10 mil cuerpos han sido identificados por pruebas de ADN. Por su gran extensión, las fosas pueden ser ubicadas satelitalmente.

Equipos de hasta 70 personas venidos de todo el mundo, financiados por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, cuentan con todas las herramientas para llevar a cabo su trabajo. “Los recursos -dice una antropóloga que trabajó en Kosovo- marcan la diferencia”.

La experiencia yugoeslava es considerada como un modelo. Allí se están recuperando unos 5.000 cuerpos por año y el proceso de identificación marcha casi a la misma velocidad.

Muchas fosas contienen cuerpos de personas ejecutadas en la guerra. “No son desaparecidos, sino personas perdidas o ‘faltantes'”, dice Patrick Ball, testigo de cargo contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic.

En Bosnia calculan en 15 mil las víctimas que aún falta encontrar. Y en Kosovo aún buscan a unos 6.000 albaneses. En Croacia no aparecen al menos 3 mil habitantes.

Un factor de éxito, advierte Ball, es que la guerra ya terminó: “Si el conflicto sigue en Colombia, va a ser muy difícil hacer esa tarea”.
Un tema que el país aún no ha asumido
¿Qué tanto importa para Colombia urbana la suerte de los que fueron a parar a una fosa en medio del conflicto? Esa pregunta, para la que la antropóloga María Victoria Uribe tiene una respuesta poco optimista, es una de las que están por resolverse en medio del proceso de paz.

La Fiscalía, con presupuestos que no llegan a los 20 mil millones de pesos, y la Comisión de Reparación representan al Estado en este capítulo. Lo que parece claro es que todos sus esfuerzos no serán suficientes para enfrentar una tarea que, como la misma administración de justicia a los ‘paras’, desbordó todas las previsiones. Tanto que Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, plantea que se incluya en el Plan de Desarrollo.

A diferencia de Suráfrica, donde hubo consenso para desmontar el apartheid, la realidad de las fosas aún no espanta a todos los colombianos. Y por eso tal vez siga vigente.
Los reparos que le hacen a la búsqueda en Colombia
1. Toda exhumación tiene como objetivo identificar a alguien. Pero la búsqueda muchas veces no cumple las fases de rigor: documentación previa, recuperación, análisis e identificación. Uno de los fiscales explica por qué las búsquedas se hacen, en muchos casos, sin mayor información previa: “La mayoría de las veces exhumamos sin saber a quiénes vamos a encontrar. Dos razones impiden esperar: debemos intervenir pronto, antes de que la zona sea afectada, y por ley estamos obligados a actuar inmediatamente después de conocer de un delito”.
2. La única línea de evidencia que sigue la Fiscalía es el testimonio de los informantes. Las familias de las víctimas prácticamente no participan en el proceso de exhumación. Cuando hay familiares que aportan información, los fiscales suelen recurrir a ellos. En algunos lugares, como San Onofre, las familias acuden con las comisiones oficiales de búsqueda. Un investigador explica que cuando las familias llegan con datos muy precisos incluso hay retrasos en la búsqueda, mientras se hace la coordinación para que las autoridades militares den seguridad a las comisiones.
3. Hasta ahora se han logrado muy pocas identificaciones positivas. Esa situación plantea la inquietud de que buena parte de los cadáveres exhumados termine como NN. En casi un año, solo 13 cuerpos han sido plenamente identificados y casi dos centenares más tienen identificación previa, entre medio millar de cadáveres ya recuperados. Hay una dificultad adicional y es que muchas veces, tras la desaparición, los familiares se van de la zona. El chequeo de datos recurre entonces a muestras de ADN de primos y tíos, lo que lo hace más difícil y caro.
4. El almacenamiento de los restos tiene problemas en términos de clasificación. Esto dificultará la recuperación de un cuerpo determinado cuando se tenga información más detallada. La Fiscalía y otras autoridades admiten que una recuperación masiva de cuerpos plantea enormes dificultades en lo que se refiere a la concentración y el almacenamiento científico de los restos. Explican que ahora se hace una mayor planificación de las salidas a campo -a menos que exista un riesgo alto de perder la fosa- para tener mayor chance de identificar a las víctimas.
Trabajaron en este especial:
Coordinación: Luz María Sierra, jefa de Redacción y Marisol Gómez, editora de Nación.
Equipo: Martha Soto y Jhon Torres (editores); Luis Alberto Miño, Alirio Bustos, Andrés Rosales, José A. Castaño, Bernardo Bejarano, María Paulina Ortiz, Catalina Oquendo y Vicente Arcieri.
Con el apoyo de: Andrés Mompotes, editor jefe (coordinador del especial en eltiempo.com), Jairo Lozano, Orlando Restrepo, José Navia y corresponsales de Medellín, Llano, Caribe, Santanderes y Tolima.
Fotografía: Freddy Arango, Rodrigo Sepúlveda y Archivo.
Diseño: Sandra Carranza
Infografía: Carlos Morales
Armada: Marvin Monroy, Édgar Sanabria, Mario Fernando Rodríguez.
eltiempo.com: (Edición web) Guillermo Franco, Luis Carlos Gómez y Carlos Solano. (Desarrollo multimedia) Oswald Asprilla, Raúl Marrugo, Camilo Borráez.


El Tiempo Abril 25 de 2007 – EDITORIAL
El espejo del horror
‘Colombia busca a sus muertos’: el informe especial de seis páginas publicado ayer por este diario estremece y espeluzna. Hablar de entre 10.000 y 30.000 desaparecidos y de descuartizadores paramilitares que ‘entrenaban’ cortando en pedazos a personas vivas- abre una ventana al lado más oscuro del alma nacional. Esos horrores se han cometido aquí, entre nosotros, por años y años. Colombia, es triste decirlo, se destaca por el número de víctimas y -como lo hizo con el ‘corte de franela’ en la violencia de los años 50- por ‘innovaciones’ macabras, como el descuartizamiento de los cuerpos para atiborrar con ellos fosas pequeñas, más fáciles de cavar para los asesinos .

Estremecerse ante sus últimas manifestaciones es comprensible, pero el país debe ir más allá. Para el futuro de la paz y la reconciliación, es indispensable esclarecer hasta el máximo el fenómeno de la desaparición forzada.

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Miles de familias sufren en medio de la incertidumbre de no saber qué pasó, sin poder hacer un entierro ni un duelo que les permita recuperar, si no al ser querido, al menos algo de sosiego. Hasta hace poco, era ínfimo el esfuerzo del Estado por calmar ese sufrimiento. Durante cerca de 20 años, organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) han adelantando cruzadas casi solitarias, clamando por investigación y justicia. Ahora, con la desmovilización y confesiones de muchos paramilitares y con la Ley de Justicia y Paz, las autoridades tienen una oportunidad única para cerrar las miles de heridas que ha dejado abierta la desaparición forzada. Pero si no se adoptan medidas urgentes y concretas, se corre el riesgo de que este río de cadáveres solo produzca más dolor y más violencia.

La Fiscalía está abrumada por una avalancha de casi 4.000 denuncias sobre ubicación de fosas comunes. Apenas 533 cuerpos han sido exhumados. Tan solo 13 han sido identificados plenamente. ¡Y lo que falta! Se cuenta, por fin, con un Plan Nacional de Búsqueda y con una comisión interinstitucional encargada del tema, que ha empezado a poner en marcha un registro único nacional y un plan urgente de búsqueda de desaparecidos. Pero se necesitan recursos financieros, investigadores, especialistas forenses. Si se quiere realmente esclarecer la suerte de los desaparecidos, exhumar todas las fosas e identificar sus restos, el Gobierno debe aportar fondos y buscar ayuda internacional para elevar la capacidad técnica de un sistema judicial hoy más dependiente de testigos que de pruebas.

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Un área clave es la del registro único de desaparecidos. Es toda una ironía que desde 1991 exista un plan -en su momento presentado como un modelo- que nunca se aplicó seriamente. Es elemental: sin juntar en una sola base de datos nacional la información sobre los que han desaparecido con la de los N. N. que son encontrados (hay miles de datos sueltos en uno y otro caso), la identificación de los restos es muy difícil. Esa tarea se ha iniciado, pero debe dársele toda la prioridad.

Preocupa que, entre el año pasado y este, el promedio diario de denuncias sobre fosas haya disminuido a casi la mitad. A la luz de la Ley de Justicia y Paz, un deber esencial de los paramilitares -autores de la casi totalidad de las desapariciones- debe ser el de contribuir a su esclarecimiento. De allí, entre otros, el papel de los incentivos para que los perpetradores den información.

Es clave dar a los familiares de las víctimas un papel protagónico en el proceso. Integrantes de sus organizaciones siguen siendo asesinados, como sucedió el lunes con Judith Vergara Correa, que ha acompañado a las Madres de La Candelaria, en Medellín. Esto no es un mero asunto forense. Involucrar a los familiares ayuda a identificar los restos y a hacer el duelo final, y da a las víctimas el papel central que deben tener. Una debida reparación también tiene que ser parte integral del proceso.

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El país urbano y cosmopolita al que se le cuentan estos horrores cometidos en esa ‘otra Colombia’ rural debe reaccionar.
“Necesitamos reconstruir nuevamente nuestros corazones y sentirnos identificados por el drama de quienes fueron desmembrados en carne viva por la violencia”, escribe hoy un lector en el Foro. En los años 60, cuando se documentaron los inconcebibles excesos de la Violencia, hubo mucha polémica y poco esclarecimiento. Hoy, Colombia toda está en posibilidad de pagar la deuda que tiene con los desaparecidos y sus familias.
Pero solo lo hará si evita los errores del pasado. Es hora de saber y reparar. Si no lo hacemos esta vez, no habrá paz ni reconciliación en demasiados corazones. Ni en el país que los alberga.

editorial@eltiempo.com.co

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