Testigo habría denunciado temor por posible atentado de coronel Plazas
La parte civil expuso parte del documento puesto en evidencia por la defensa este lunes del cual, asegura, omitieron esta denuncia.
En la primera parte de la carta, que los abogados defensores de los familiares de los desaparecidos le atribuyen al testigo Tirso Sáenz, el ex uniformado asegura que el coronel(r) Luis Alfonso Plazas Vega es capaz de ordenar su asesinato y que teme por su vida.
En el texto, que se dice fue redactado de puño y letra por Sáenz, éste le advierte a la juez María Stella Jara que si el ex comandante de la Unidad de Caballería tenía la capacidad de atentar contra la vida de la alta funcionaria judicial, mucho más en su contra, teniendo en cuenta que carece de los medios necesarios que le garanticen seguridad.
“Es capaz de cualquier cosa, y digo cosa en términos generales, pues su señoría, si el es capaz de atentar contra usted que tiene medios para protegerse, cómo será contra mí, que donde me encuentro estoy a la merced y alcance de cualquier persona que el señor Plazas pueda contactar y pagar para que me maten, para así él salirse con la suya, ya que es su costumbre (sic)”, dice la carta.
El 11 de septiembre del año anterior, Sáenz también denunció ese tipo de persecución, que era uno de los argumentos que le impedían declarar en contra del coronel. “Yo sé quién es Plazas Vega”, insistía el testigo en ese entonces, que se rehusaba a dar a conocer su testimonio, en el que admitió que él mismo condujo uno de los tanques en los que se transportaron civiles a la Escuela de Caballería.
Según los abogados de la parte civil, este texto hace parte de la misma comunicación hecha pública este lunes por la defensa de Plazas Vega y en la que no se menciona este aparte, pero sí se sugiere como la prueba fehaciente de que el testigo había sido sobornado por la fiscal, Ángela María Buitrago.
Para ellos es la prueba palpable de que el ex uniformado y quienes lo defienden buscan confundir a la opinión pública tergiversando la información y dándole un sentido totalmente diferente al que realmente tiene.
El mismo señalamiento fue argüido por el abogado Rafael Barrios, repudiando las explicaciones de la familia Plazas alrededor del documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, que identificaba al militar (r) como la persona que comandó el operativo de retoma del Palacio, en la que soldados asesinaron a varios guerrilleros fuera de combate y a quienes integraban la cafetería, bajo la sospecha de que colaboraban con la subversión.
Según la esposa del ex uniformado, Tania de Plazas, ese parágrafo se refería a la posición que mantenía uno de los intervinientes en una reunión de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos con organizaciones no gubernamentales y con dos militares, uno de los cuales era su marido.
No obstante, el director del proyecto de documentación para Colombia del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Evans, ratificó que la posición había sido expuesta por el departamento de Estado, agregando que se trataba de un documento que mantenía en su haber la entidad.
“Se trata del pronunciamiento más claro y conciso que hemos visto en registros desclasificados sobre la responsabilidad del Ejército en las muertes y desapariciones del Palacio de Justicia”, precisó el funcionario.
Según Evans, Plazas y el otro militar que lo acompañaba posaban de representantes de organizaciones no gubernamentales y de ahí que su cargo haya sido reseñado entre comillas, como lo precisó ante medios de comunicación de los Estados Unidos.
Para los abogados que defienden los intereses de los desaparecidos, estas son pruebas palpables del interés que tienen quienes rodean al coronel de distorsionar la verdad, bajo el auspicio de entes estatales como la Procuraduría General de la Nación, que pidió su absolución en el alegato final del juicio del ex uniformado.
No obstante, sus familiares y varios militares retirados insisten en que este juicio ha sido constituido a partir de testimonios y pruebas falsas, y de ahí que convoquen la solidaridad de la ciudadanía para con Plazas Vega, en movilizaciones como la protagonizada hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Será decisión de los tribunales administradores de justicia determinar qué documentos y declaraciones pueden ser consideradas como evidencias jurídicamente apreciables dentro del juicio que enfrenta el acusado ante el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá y que deberá fallar a mediados de noviembre.
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