Tensión en el Cacarica
Se exigen respuestas efectivas del Estado colombiano
1. Luego del operativo militar desplegado, dentro de la estrategia encubierta del paramilitarismo, entre el 7 y el 10 de febrero, en el que fue asesinado el joven RAMIRO VASQUEZ, fue torturado un poblador de apellido MONTERROSA, fueron atados de manos varios pobladores del Cacarica y fueron proferidas amenazas contra la zona humanitaria –Asentamientos “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, los acompañantes de la iglesia católica e intimidaciones verbales a la presencia internacional, se ha conocido que el 23 y 24 de ese mes, se desarrolló un Operativo militar de las FARC EP, en los límites de la Cuenca del Salaquí y del Cacarica.
2. De acuerdo con las versiones reunidas por pobladores campesinos y algunas comunidades indígenas del río Cirilo, cuenca del Cacarica, que buscaron refugio por unos días, en las zonas humanitarias. Durante el sábado en horas de la tarde y el domingo, durante buena parte del día se escucharon tiros y detonaciones en La Balsa – San José La Balsa, Territorio Colectivo del Cacarica. Según estos testimonios, se produjo la destrucción de la base armada que se encontraba en La Balsa y un número significativo de armados dentro de la estrategia paramilitar murieron en este operativo armado.
3. A raíz de los hechos acaecidos, diversas familias afrocolombianas y mestizas se albergaron en las zona humanitaria, donde han recibido apoyo humanitario –algunos alimentos y alojamiento- por parte de los habitantes de CAVIDA. Desde el desarrollo del operativo militar encubierto dentro de la estrategia paramilitar los integrantes de CAVIDA no han podido ir a las Zonas de cultivos familiares y comunitarias de pan coger.
4. En respuesta Estatal y gubernamental a la situación presentada y dando cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos con las Comunidades, entre el 25 y 27 de febrero sesionó en la Zona Humanitaria de “Esperanza en Dios” la Comisión Mixta de Verificación con la presencia de organismos nacionales – Vice Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz- e internacionales –Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Peace Brigades International, PBI. La Comisión concluyó en la necesidad de desarrollar una reunión al más alto nivel para conocer la respuesta a los 17 puntos – MECANISMOS DE PREVENCIÓN- en defensa de la Vida y del Territorio, entregados al Ministro del Interior ARMANDO ESTRADA VILLA, desde el 25 de septiembre. Al mismo tiempo, se indicó la necesidad de aplicación de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para enfrentar estructuralmente el problema de la guerra y de la estrategia armada encubierta contra las comunidades retornadas. La Red de Solidaridad Social asumió el compromiso de entrega de una ayuda humanitaria que hasta la fecha no se ha realizado.
5. El 27 de febrero cuando la mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta de Verificación salía de las Zonas Humanitarias, a las 9. 00 horas , en el punto conocido como Puente América la embarcación “La Takia” fue detenida en un retén de la infantería de marina donde preguntaron a los pasajeros, si los integrantes de la Comisión habían salido del Territorio.
A las 11:25 horas esta misma chalupa fue abordada por una pequeña embarcación en el punto de ingreso al municipio de Unguía en el que viajaban tres hombres de civil y armados que solicitaron documentos de identidad a los pasajeros. La Defensora del Pueblo del Cacarica que se encontraba en La Takia preguntó a quiénes los detuvieron: ¿quienes son ustedes para pedir papeles? A lo que contestaron ” nosotros somos civiles“. Después de esto la dejaron ir.
6. El movimiento de la panga en la que se movilizaron los armados “civiles” dentro de la estrategia encubierta paramilitar, se realizó mientras se desarrollaba una circulación y operativos de control de unidades militares en Pirañas de la Infantería de Marina entre Riosucio –Tumaradó. En Tumaradó, punto sobre el río Atrato, hacia las 11:45 hora local, los paramilitares estacionaron la panga en la que se movilizaron durante la mañana y desde la que realizaron acciones de control sobre las embarcaciones, entre ellas “La Takia. A pesar del movimiento militar por el río no se presentó ninguna acción de control y represión en Tumaradó.
7. Las Comunidades Afrocolombianas y Mestizas se encuentran en este momento acompañadas con ciudadanos de los Estados Unidos, – Casa de Trabajadores Católicos y Voluntarias de Chicago que han dado respuesta a la propuesta del Nudo Humano y Malla de la Vida, así como, la entidad humanitaria Peace Brigades International, religiosas de la iglesia católica, y la presencia de la Defensoría del Pueblo.
Urge la realización de la reunión de alto nivel de modo que se logren prevenir nuevos daños irreparables, personales y colectivos, contra las Comunidades retornadas al Cacarica, así como, contra los habitantes afrocolombianos y mestizos que se encuentran habitando en el Territorio Colectivo, dando respuesta a las 17 puntos planteados por la comunidad, todos ellos ubicados dentro de la Política de Derechos Humanos y DIH, y dentro de los acuerdos firmados por el Gobierno y las comunidades en diciembre de 1.999.
COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, Febrero 28 del 2002
Fe de Erratas. En nuestro Informe Ejecutivo del 2 de febrero de 2002, por problemas de redacción se indicó: “
5. No se ha atendido con la celeridad requerida la exigencia de presencia inmediata en los Asentamientos de algún delegado de la instituciones de Gobierno Nacional encargados de la Política de Derechos Humanos, por eso el asesinato de RAMIRO VASQUEZ y la persecución sistemática que padece la comunidad es su responsabilidad.
5. No se ha atendido con la celeridad requerida la exigencia de presencia inmediata en los Asentamientos de algún delegado de la instituciones de Gobierno Nacional encargados de la Política de Derechos Humanos. El asesinato de RAMIRO VASQUEZ y la persecución sistemática que padece la comunidad es responsabilidad del Estado colombiano.
COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ