“Te vamos a matar”: Un caso de poder empresarial descontrolado
La mina Cerrejón en Colombia no es ajena al escándalo. Uno de los proyectos de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, es objeto de nuevas denuncias que piden su cierre. Después de varios intentos de buscar justicia, las acciones presentadas por la Red de Acción Legal Global (GLAN por sus siglas en inglés) son las más recientes para revertir una letanía de abusos durante décadas.
Las comunidades que viven cerca de la mina son algunas de las más empobrecidas de Colombia. Durante casi cuarenta años, han inhalado polvo contaminado de la mina, y el agua que consumen contiene los desechos tóxicos vertidos en sus ríos. Mientras tanto, los propietarios de la mina –BHP, Anglo-American y Glencore–, están entre las empresas más ricas del mundo.
Cerrejón es un caso de estudio que muestra el poder empresarial descontrolado y sus devastadoras consecuencias para las personas y el planeta. Las nuevas leyes de responsabilidad empresarial que se están discutiendo en la Unión Europea podrían ayudar a cambiar esta situación, responsabilizando a las empresas por este tipo de abusos. Sin embargo, esto podría pasar sólo si se diseñan adecuadamente y se implementan eficazmente.
“Estamos pagando con nuestras vidas”
Actualmente, el proyecto Cerrejón cubre una extensión de 690 km² de tierra árida y estéril, que equivale, aproximadamente, a la mitad del tamaño de Delhi o El Cairo. La región colombiana de La Guajira, donde se encuentra el proyecto, es hogar de varias comunidades indígenas y afrocolombianas que se han visto afectadas desproporcionadamente por el acaparamiento de tierras y los desalojos forzados para dar paso a la mina.
El siguiente video muestra cómo algunas de estas personas fueron violentamente forzadas a salir de sus hogares para dar paso a la mina. Las escenas de un desalojo en 2016 en la comunidad de Roche muestran a la policía arrastrando mujeres por el suelo y subiéndolas a camiones. Según los informes, para llevar a cabo este desalojo se utilizó gas lacrimógeno y proyectiles metálicos, y se enviaron excavadoras para aplanar las casas de las personas. Cerrejón afirmó más tarde que “lamentaba lo ocurrido ese día”.
La mina es además altamente peligrosa. Emite contaminantes que son invisibles para el ojo humano pero que pueden causar numerosos problemas de salud, desde daño ocular hasta enfermedades cardíacas y partos prematuros.
El expediente de denuncias presentado la semana pasada por GLAN ante la Organización intergubernamental para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que más de 336,000 personas han desarrollado complicaciones respiratorias directamente atribuibles a la mina, con más de 400 visitas hospitalarias de emergencia cada año.
Cerrejón también se filtra en el agua, pues consume la asombrosa cantidad de 24 millones de litros por día,provocando sequías y escasez de alimentos. La cantidad mínima de agua que queda para la población local está potencialmente contaminada. En 2019, la mina arrojó 578 millones de litros en desechos líquidos a ríos y arroyos locales, generando niveles peligrosos de mercurio y plomo en el agua.
Estos impactos en la salud son tan graves que se está modificando el ADN de la población local. Un estudio de 2011-2018 citado por GLAN encontró que la contaminación de Cerrejón está dañando a la población local a nivel celular, aumentando el riesgo de cáncer e inestabilidad cromosómica.
En 2019, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la empresa operadora de la mina que cumpliera con los requisitos de protección de la salud y el medio ambiente – el último de una serie de fallos judiciales que denuncian las actividades de Cerrejón. La compañía anunció que había abordado este problema llegando a un acuerdo para una serie de mejoras con las comunidades afectadas – una declaración que los líderes indígenas locales llamaron “fraudulenta” y “mentiras”.
“Pagamos con nuestras vidas. Pagamos con nuestra cultura. Estamos pagando bajo amenaza de ser extinguidos… solo por defender este pedacito de tierra que antes nos daba suficiente para comer”. – Jakeline Romero, 2016
Una comunidad impulsada al activismo
Ante este ataque, las comunidades locales están respondiendo. Varios grupos indígenas y de mujeres se han asociado con el sindicato de Cerrejón para protestar contra las condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo, en el caso de una mina que según GLAN está respaldada por grupos paramilitares, criticar a Cerrejón tiene sus propios riesgos.
En 2016, Global Witness entrevistó a Jakeline Romero, una activista destacada del movimiento de resistencia local. Nos contó sobre una serie de amenazas de muerte que ella y su familia recibieron cuando habló en contra de Cerrejón. Por ejemplo, su hija adolescente había recibido una llamada anónima cuando regresaba a casa de la escuela, en la que le dijeron: “Dígale a su familia que se cuiden y que la cuiden a usted también, porque te vamos a matar”.
Las amenazas contra los oponentes de la mina son comúnmente reportadas. En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos y Empresas ha documentado varios ataques en contra de quienes se oponen a estos proyectos.
Nuevas leyes en Europa podrían cambiar esto
Europa es más importante de lo que parece en el desastre de Cerrejón. En 2019, la mayor parte de los 26.3 millones de toneladas de carbón exportadas desde Cerrejón, equivalentes a aproximadamente$1.34 billones de dólares (o 1.1 billones de euros), se enviaron al Mediterráneo.
Mientras tanto, las tres empresas matrices de Cerrejón cotizan en la bolsa de valores de Londres, una con sede en Gran Bretaña y otra en Suiza. La denuncia está dirigida también a dos empresas irlandesas, CMC-Coal Marketing que supuestamente vende y comercializa todo el carbón de Cerrejón, y la Junta de Suministro de Electricidad que se cree compró millones de toneladas.
El caso Cerrejón muestra cómo corporaciones globales se consideran inmunes a las leyes que protegen a las personas y el medio ambiente. Suelen esquivar la responsabilidad escondiéndose detrás de subsidiarias, cadenas de suministro y empresas fantasma. Despliegan equipos de abogados, agencias de relaciones públicas y médicos especializados para contraatacar a las comunidades dañadas por sus atropellos.
Algunos legisladores de la Unión Europea (UE) tienen la intención de cambiar esto. Esta semana, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votará para solicitar una nueva legislación que podría considerar a las empresas con sede en la UE o que comercian allí, como responsables de los daños ambientales y de derechos humanos ocasionados por sus cadenas de suministro.
Este es un primer paso y queda un largo camino por recorrer antes de que estas propuestas se conviertan en ley. Global Witness está trabajando con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo para garantizar quecualquier persona en cualquier lugar pueda compartir sus puntos de vista sobre cómo se diseñan estas leyes con la UE.
Esperamos que algún día cercano, las empresas que causan estragos a miles de kilómetros de distancia en países como Colombia, finalmente tengan que rendir cuentas.
Imagen: Mina de carbon Cerrejón en Barrancas, La Guajira, Colombia, 2019. Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg via Getty Images