También los matan
En la carrera 15 y en la carrera 30 de Bogotá hay grafitis al piso, como se dice ahora.
Es decir, muchos. Unos, obras de arte: trazos precisos, contraste de colores, temas originales; otros incomprensibles: no son dibujos sino, digamos, grafos de un extraño lenguaje. Muchos son hechos en muros baldíos, otros sobre paredes de casas, tiendas, plazas. A mucha gente molestan, a otros encantan. Duran poco tiempo porque sobre los pintados, pintan nuevos. Algún grafitero me decía: “El placer está en pintarlo, no en conservarlo”. A veces la policía detiene a sus autores. Pintar grafitis es una contravención. Hay comerciantes que detestan a los grafiteros, a las putas, a los travestis, a los ladrones, y no es excepcional que le unten la mano a tal cual tombo para que le limpie la cuadra. No sucede a la loca, simplemente es la huella de que —pese al esfuerzo del general Naranjo— todavía funciona el uso patrimonial de la Fuerza Pública.
La semana pasada un policía asesinó a un grafitero en el norte de Bogotá. El general Patiño, comandante de la institución en la ciudad, declaró como la cosa más natural: “El policía saca el arma, hace un disparo y ve que la persona cae; de inmediato la reacción del policía fue auxiliar a esta persona”. ¡Qué policía tan misericordioso, auxilia a quien mató! Sin duda no le había preguntado nada antes de disparar porque, según el general Patiño, al agente le pareció que el sujeto “le iba a disparar”. La autoridad llegó al sitio donde el niño Diego Felipe Becerra de 16 años pintaba un gato Félix, porque alguien llamó al 123 y denunció un atraco en una buseta en el sector y porque otro señor, que dijo ser conductor del vehículo, se encontró 10 cuadras después con una patrulla de policía y denunció el robo del que había sido objeto. No hubo ninguna otra denuncia; los números de la buseta dados por el chofer y por el anónimo 123 no coinciden; la empresa Cootransniza no recibió ninguna denuncia de robo. El padrastro del muchacho al llegar al lugar de los hechos oyó a dos altos oficiales aleccionar a los agentes implicados: las versiones deben ser consistentes. El arma con la que Felipe dizque disparaba “no era oficial” —dijo un agente—. No ha aparecido. Ni aparecerá, digo yo. Lo que sí aparece es la distancia desde la que el agente disparó el arma oficial: un metro con ochenta centímetros, según Medicina Legal. Es decir, dos pasos. Por eso, el testimonio del amigo de Diego Felipe que vio que la policía “traía a su amigo agarrado de la camisa”, cobra fuerza y devela las inconsistencias de la institución armada.
Cuando el compañero de Diego Felipe en la clínica donde murió señala a un agente de haber disparado, otro agente le revira: “¿Y si fue él, qué…?”. Nada, digo yo, nada pasa. Los agentes incriminados se sienten respaldados y por eso disparan. Suelen estar protegidos por una “versión consistente” hecha por los mandos para evadir la justicia. Debe existir un formato para estos casos en que sale a flote la trágica inconsistencia de una institución que siendo civil por Constitución, actúa como un cuerpo militar. Por eso no son excepcionales los casos de falsos positivos de la Policía, como éste: el muerto es presentado como un delincuente. La gente del pueblo sabe que es un procedimiento regular y por eso no quiere —para decirlo suavemente— a los policías, no los defiende cuando son atacados. Para mí es un hecho tristemente comprobado: en los pueblos pequeños donde hay policía, hay corrupción, hay violencia. No se trata de tal cual uniformado, se trata de un espíritu de cuerpo y de mente, inculcado en los que debían ser servidores públicos, y que los hace ver a todo civil como un enemigo potencial. De haber justicia, el general Patiño quedará como un zapato. ¿Qué dirá del niño asesinado la obsesiva e intensa senadora Gilma Jiménez?
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