Soplándose el rabo
EL TAMAL QUE SE HA VENIDO DESTApando tiene proporciones gigantescas y, como les pasa a los extranjeros, el Gobierno no sabe qué hacer con las hojas. A los 11 muchachos de Soacha —desaparecidos, enterrados en Ocaña y reportados muertos en combate con el Ejército Nacional— se suman día a día nuevos y aterradores casos en todas las regiones del país.
El más cruel: un cinturón de muerte que va del Catatumbo al Magdalena Medio, pasa —¡cómo no!— por Antioquia y remata en Chocó. Las cifras son contradictorias e incompletas, y en muchos casos las categorías se confunden. La Fiscalía denuncia que las investigaciones relacionadas con falsos positivos han pasado en un año de 103 pesquisas sobre ejecuciones extrajudiciales a 690, y éstas con 763 vinculados y 1.137 víctimas.
La Procuraduría investiga 111 casos de falsos positivos. Según la ONG Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, ha habido 535 ejecuciones atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía entre enero de 2007 y julio de 2008. Iguarán le pide al Gobierno que revise la Directiva ministerial 029 de 2005, que autoriza pagar como recompensa 3 millones 800 mil pesos por ‘abatimiento’. En plata blanca, la lógica social de la guerra durante la Seguridad Democrática se revela en que mientras el secuestro disminuye, las desapariciones forzadas, las ejecuciones fuera de combate y los falsos positivos aumentan.
Sólo en el presente año han sido asesinados 40 sindicalistas. Más al fondo: la lógica perversa daría cuenta de que la confianza inversionista aumenta en la medida en que aumentan los falsos positivos. ¿Cuántos colombianos asesinados cuesta cada dólar invertido en el país? Cabe otro interrogante brutal: ¿La relativa y parcial desmovilización de paramilitares podría estar obligando a ‘instancias’ de la Fuerza Pública –expresión de Uribe– a hacer de nuevo la guerra sucia directamente? ¿No equivale a confesar que los heroicos resultados obtenidos por el Ejército Nacional están contaminados y que sin el apoyo de ‘instancias’ sucias no sería posible tanto laurel? Parecería como si la donbernabilidad —original concepto de la politología popular— fuera la fórmula secreta de la tan mentada institucionalidad.
¿De dónde le sale a Uribe, ahora, después de las cuarenta, este ‘leve giro hacia la izquierda’, como lo pregunta Hommes? Hay pistas, digo yo: la más clara, la probable y muy deseable victoria de Obama. La elección de un mulato como presidente de EE. UU. podría llegar a tener la misma importancia para la democracia que la caída del muro de Berlín. En Colombia, la obamabilidad debilitaría la guerra al punto de abrir una opción a la negociación política por el simple hecho de condicionar la ayuda militar gringa al respeto de los Derechos Humanos.
La presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la Comisión Colombiana de Juristas, del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, y la posible intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y del Congreso de Estados Unidos, son los verdaderos héroes de la jornada. Al fin y al cabo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía es el Presidente de la República; y él, más que nadie, sabe lo que le viene pierna arriba si no se desparcha de la nefastas instancias. Después de oír el informe de Félix de Bedout, se podría concluir que los militares untados dirán que obedecían una directiva firmada por Camilo Ospina y este ex funcionario sería el paganini del tropel. Uribe se desmontaría por las orejas. Y todo bien.
Habrá que ver si soplando se apaga la paja, o se atiza la candela.
‘Esto hiede’
Por: Felipe Zuleta Lleras
‘HABRASE VISTO LA OSADÍA DE EL Tiempo al pedirle la renuncia en su editorial del miércoles al presidente del Congreso, Dr. Andrade, porque, según el diario, resulta inmoral que le haya recibido en préstamo 250 millones de pesos a un sujeto sentenciado por corrupción’, me dijo un oficial de inteligencia retirado del Ejército.
Me tomé el trabajo de defender la posición del editorialista. ‘¡No sea tan majadero! —me fustigó—. ¿Y de donde acá es peor y más inmoral pedirle plata a un pícaro que ser un ministro de Defensa que ha permitido y tolerado la desaparición de miles de colombianos y la violación sistemática de los DDHH? ¿Y acaso él no sabe de los falsos positivos?’. Recuerde usted que los Santos son intocables, sostuve.
Mi amigo aseveró el miércoles que hablamos: ‘los propietarios del diario, porque son descarados (así los llamó), dirán que en buena hora el alto gobierno decidió afrontar el tema llamando a calificar servicios a 27 miembros de las FFMM’. Ah, de eso no me cabe la menor duda, dije, porque ellos hicieron renunciar a la Conchi, por algo menos escandaloso, y jamás harán lo mismo con su familiar. ¡Y su apreciación resultó exacta con el editorial del jueves!
Tiene razón Alfonso Gómez Méndez, le dije, cuando sostiene que en este país los únicos que se van de sus cargos, asumiendo su responsabilidad, son los entrenadores de la selección Colombia. ‘Bueno, y la directora del DAS, que demostró ser mucho más digna y que se fue del puesto por una cosa grave, pero nunca comparable al tema de las desapariciones —afirmó—. Y el verdadero culpable está en su puesto. ¿Qué más estarán tapando?’ —preguntó.
Mire mi amigo, y me da pena decírselo, pero está usted completamente equivocado si cree que un Santos se va a ir del gobierno por asumir su responsabilidad política, afirmé, pues conozco bien a los personajes.
‘Sí, pero no tanto como usted cree, porque detrás de todo esto lo que hay es una cartel de las recompensas, manejado directamente por el Sr. Santos. Y eso lo sabe el Fiscal’. ¿A qué ser refiere?, pregunté. ‘Pues lo grave es que las recompensas se han manejado como la caja menor y ese el origen de todos estos crímenes’.
Pues me parece muy grave esta acusación, dije repugnado, y el contertulio aseveró: ‘Mire, mi estimado amigo Zuleta, la plata sale de un rubro secreto, que se convirtió en un arma para delinquir debido a la circular 029 de 2006, que ofrece desde $3’680.000 hasta $5.000 millones por ciudadanos dados de baja.
Felipe, siempre que Uribe toma una decisión así es porque está tapando algo peor. Y lo mas feo está por saberse’, sostuvo él. ‘Acá lo que ha habido es una máquina estatal del crimen y me duele mucho por mis FF.MM.’, dijo sollozando.
No dije nada más porque da hasta miedo saber sobre tanta inmundicia. ¿Será por eso, le dije, cambiando el tema, que ya no sacan más encuestas? ‘Pues sí —sostuvo muy indignado—, todo esto hiede, apesta’. ‘¡Y se cae mi general Montoya!’ —sentenció.
Fallas, lunares, orejas
Por: Héctor Abad Faciolince
LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio ‘otro jalón de orejas a los militares’. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de ‘lunares’ que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo ‘fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública’.
‘Fallas, jalón de orejas, lunares’, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un ‘jalón de orejas’, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de ‘limpiar’ los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados ‘falsos positivos’ (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, ‘jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares’ de una institución intocable y ejemplar.